A doce años de la voladura de la Fábrica Militar de Río Tercero, Córdoba, el juez federal Oscar Valentinuzzil expresa en su resoluvión que el hecho acaecido el 3 de noviembre de 1995 se produjo “de manera intencional, programada y organizada (...) con el objeto de ocultar un faltante de proyectiles, municiones y/o explosivos” en esa intalación dependiente de Fabricaciones Militares.

Así lo señala con grado de probabilidad el juez de la causai, en la resolución en la que procesó a cinco militares por el delito de estrago doloso agravado por la muerte de personas en grado de coautoría mediata.

Del análisis judicial se desprende “una diferencia aproximada a las 35.576 unidades entre el monto total peritado y lo recuperado por el personal de seguridad actuante (...) circunstancia que podría tener vinculación con el tráfico de armas y proyectiles que se investiga” en el marco de la causa armas.

En tanto, una multitud marchó ayer por las calles de Río Tercero, para recordar la tragedia que mató a siete personas, hirió a más de trescientas y causó daños materiales y psicológicos.

Hoy en esa ciudad corbobesa hay expectativa por el giro que se le dio a la causa que en la actualidad tiene a quince militares y civiles imputados. Entre ellos, el ex presidente Carlos Menem, citado para el 17 de diciembre, y el ex jefe del Ejército Martín Balza.

La prescripción de la causa, caratulada por el juez de “lesa criminalidad”, comenzó a regir. Aunque la querellante penal Ana Gritti no descarta pedir que sea declarada delito de lesa humanidad, es decir imprescriptible.

Según el juez, el estallido se inició a las 08.55 de ese día con un incendio en un tambor con trotyl ubicado en la Planta de Carga y prosiguió con dos explosiones simultáneas ocurridas en el mismo tinglado.

Unos minutos después, y con idéntica modalidad, se produjo otra explosión de mayor magnitud en los depósitos de Expedición y Suministro.

“Detonación ésta que generó una gran onda expansiva que dispersó de manera violenta tales proyectiles y esquirlas sobre la población de Río Tercero, afectando con mayor intensidad al Barrio Las Violetas como también otros ubicados en las inmediaciones de la Fábrica Militar siniestrada”, relata.

La voladura le costó la vida a Aldo Aguirre, Leonardo Solleveld, Romina Torres, Laura Muñoz, Hoder Dalmasso, José Varela y Elena de Quiroga.
En su resolución, el juez señala también que “era deplorable” el estado de la Fábrica Militar “como que también lo era el sistema de mantenimiento de equipos y maquinarias de trabajo”.

Dice además que le resultó llamativo “el hecho de que habiendo sido cerrada la Planta de Carga y posteriormente vuelta a poner en funcionamiento, no se hubiera mantenido en actividad la Portería de la misma”, así como también “el horario en que ocurrieron los hechos investigados, el que al tratarse de la hora en que se acudía al refrigerio y tratándose de un día de pago de haberes, la gran mayoría del personal se encontraba lejos del centro de la explosión”.

En ese sentido agrega que tanto Jorge Cornejo Torino como Oscar Quiroga, por entonces director y subdirector de la Fábrica Militar, “no podían ser ajenos a lo que estaba sucediendo”.

Para el juez, “tomando en consideración la pericia indicada, los testimonios de los mencionados operarios y las fotografías, puede colegirse con fuerte grado de probabilidad que en los tambores había trotyl de descarga y que los mismos fueron manipulados para incendiar y luego explotar por algún detonador, reforzador o medio mecánico, o por ejemplo un celular como sostienen los peritos”.

Concluye en que el oficial Marcelo Gatto tampoco “podía desconocer” lo que ocurría en esa dependencia.

También añade que “tal situación no podía ser desconocida por las autoridades superiores”, tales los casos de Edberto González de la Vega y Carlos Franke, quienes cumplían funciones clave en la Dirección General de Fabricaciones Militares.

Mengarelli: "Terminar con la impunidad"

Por su parte, el secretario general de la CTA de Córdoba, el villamariense Oscar Mengarelli, en declaraciones a ACTA "saludó" la resolución judicial por qué "va en linea con lo que desde siempre hemos sostenido desde la Central, que se voló una ciudad para ocultar el contrabando de armas. Ahora se va descubriendo la verdad y eso es justo y necesario para reivindicar a los muertos y a una sociedad que quedó desolada después de las explosiones".

Cabe consignar que la CTA de Río Tercero participa activamente del reclamo del conjunto de la población y se ha pronunciado críticamente contra fallos judiciales anteriores que aludían a la explosión en la Fábrica Militar como un mero accidente en el que, incluso, se apuntaba a responsabilizar al personal.

Para Mengarelli, "es el momento de avanzar en el jucio a los responsables políticos y materiales de este atentado para terminar con la impunidad".

Multitudinaria movilización

Bajo la consigna “La verdad la conocemos, la justicia está más cerca”, los riotercerenses marcharon ayer multitudinariamente por las calles de su ciudad, para recordar los doce años de la explosión en la Fábrica Militar de Río Tercero.

Los actos programados, entre los cuales figuró la evocación de las siete víctimas fatales por la deflagración, estuvieron también signados por la emotividad.

“Tenemos un poquito más de esperanza. Que el mundo sepa que fue un atentado y que ocurrió para tapar la venta de armas”, dijo Noemí Aguirre, familiar de una de las víctimas. Hubo repudios a Carlos Menem.

Fuente: Diario Puntal de Río Cuarto, Córdoba