En esta entrevista Stella Maldonado explica que a pesar de las concesiones a la Iglesia, la falta de mayores regulaciones al campo privado, y no haber avanzado aún más en la democratización de la Educación, hay un salto en la nueva Ley de Educación Nacional con respecto a la federal. “Entendemos que se trata de una correlación de fuerzas en una determinada etapa (pero) fueron muchos años de arrasamiento del sistema educativo argentino. Es mucho lo que queda por hacer”.

Durante la gestión de este gobierno se han puesto en debate reclamos del sindicato de larga data, ¿diría que este fue un año clave en cuanto a reclamos y conquistas?

Sí, pero no sólo en el sector público. Creemos que, a partir del descenso de las tasas de desocupación y después de varios años de crecimiento a tasas muy altas, se ha generado un escenario político y social donde la demanda de distribución ha tomado jerarquía. Además, generó la idea de que se puede pelear y ganar, le dio un impulso a las luchas, y a nosotros nos alegra muchísimo. Por supuesto que si hubiera mayor racionalidad por parte de los gobiernos, no sería necesario llegar a las medidas de paros prolongados.

En este sentido, ¿en qué situación se encuentran hoy los reclamos salariales?

Creemos que empezar el año habiendo conseguido un 23.8 % de aumento del salario inicial, que supera la pauta salarial establecida entre el gobierno y la CGT, dio un impulso muy fuerte a los reclamos, sobre todo a las luchas por superar los salarios básicos. Además, la Ley de Financiamiento Educativo que inyecta fondos nacionales a las provincias que tienen mayores dificultades financieras, aquellas que están dentro del fondo de compensación de desigualdades salariales, genera como resultado la posibilidad de que, con fondos propios, las provincias puedan mejorar los salarios básicos. Eso ha sucedido en casi todas las provincias del país, donde se han conseguido aumentos del básico superiores al 20 por ciento.

¿Considera que existen diferencias sustantivas en cuanto a las formas de protesta y las respuestas de los gobiernos provinciales?

Hay una gran heterogeneidad y está dada por varias circunstancias. No es lo mismo discutir en una provincia donde hay paritarias que donde no las hay. Por lo general, cuando hay un conflicto abierto se intensifica en época de elecciones. En este año las elecciones de gobernadores fueron escalonadas y por lo tanto, hubo distintos momentos para instalar las peleas. Las provincias patagónicas tienen regalías petroleras y podrían pagar muchos mejores sueldos de lo que pagan. En las del noroeste y noreste argentino, que son economías devastadas, se han tenido muchas más dificultades. Sin embargo, a través de la lucha que han dado los compañeros se ha logrado un incremento en los básicos. Es particular la situación de Santiago del Estero, donde hay muchos sindicatos y ninguno tiene una representación mayoritaria. En otros lugares coexisten también varios sindicatos, pero la diferencia es que conforman frentes y salen a pelar todos juntos. Salta tiene también muchas dificultades por las características del gobierno, que es autoritario y feudal. Allí hemos tenido un sindicato que lo separamos de CTERA por sus connivencia con el gobernador Romero.

En el mapa de la Argentina, el sur se destaca por vivir luchas especialmente violentas, ¿a qué le atribuye esta distinción?

Tanto Neuquén como Santa Cruz tienen gobiernos históricamente muy autoritarios donde hay poca propensión a establecer relaciones democráticas con las organizaciones de trabajadores, y esto ha generado situaciones de violencia. Igualmente, hago una diferenciación clara entre un acto criminal cometido por el Estado como el asesinato del compañero Fuentealba y el atropello de Varizat a los compañeros que estaban en la movilización, que cometido por un sujeto. Ambos casos no tienen jurídica ni políticamente las mismas características.

Y el gobierno nacional, ¿Cómo actúa en estos conflictos?

El Gobierno Nacional, desde el Ministerio de Educación o el Ministerio de Trabajo, ha intervenido como mediador en muchos de los conflictos para acercar posiciones. Por ejemplo, el gobierno de San Juan recibía dinero del gobierno nacional para pagar el fondo compensador y en lugar de liquidarlo inmediatamente tardaba 15 o 20 días. Allí el Ministerio de Trabajo tuvo una intervención directa porque hubo incumplimiento por parte del gobierno provincial.

Más allá de los reclamos salariales, ¿qué otras luchas se están llevando a cabo?

Nuestras luchas, en general, tienen otro componente. Siempre estamos peleando por otras cuestiones referidas a las condiciones de trabajo, las designaciones de nuevos cargos, aunque lo que aparece públicamente y lo que termina definiendo el cierre o no de un conflicto tiene que ver con lo salarial. Ahora por ejemplo, estamos impulsando en todas las provincias el debate sobre una nueva ley de educación que tenga como piso la ley nacional. Ya lo hemos logrado en la provincia de Buenos Aires, donde dimos un fuerte impulso a la sanción de la ley por acuerdos de direccionalidad con la gestión, por ejemplo hacer obligatoria la sala de 4 años. No sabemos si va a haber condiciones cuando sea (Daniel) Scioli el gobernador. La nueva ley provincial mejora la nacional, no sólo en la obligatoriedad de la sala de 4, sino en la quita del famoso Artículo 6 que nombra a la familia como agente natural y primario de la educación, concesión que se hizo a la Iglesia. Nosotros logramos que ese punto no se incluya, a pesar de las fortísimas presiones que ejerció la Institución. Por otro lado, Santa Fe, Chaco, Santiago del Estero y Misiones están en proceso de sanción de nuevas leyes provinciales y trabajando sobre sus documentos de debate.

¿Cuáles son las conquistas y cuáles son los aspectos más débiles en las leyes provinciales?

Nosotros trabajamos muy intensamente para que la parte doctrinaria de la ley se oriente en un sentido contrario al de la Ley Federal, en la definición de la educación como un derecho social y del papel del Estado como garante, no sólo en referencia al financiamiento y sostenimiento, sino del ejercicio pleno del derecho para todos y todas a lo largo de toda la vida. Este punto es la antítesis del planteo de educación como un derecho individual y al Estado como subsidiario de la ley federal. De esta manera, queda implicado que la educación no es una mercancía, por lo que no puede ser incluido en los tratados de libre comercio.
Hay un salto además respecto de la Ley de Financiamiento Educativo, porque una vez que sea aplicada, los 6 puntos de PBI destinados a educación tienen que ser exclusivo para este ámbito, y ya no se comparten con Ciencia y Técnica. La unidad pedagógica y educativa de todos los niveles es otro punto importante, la rejerarquización de las modalidades que habían quedado subsumidas en los regimenes especiales en la ley federal también.
En cuanto a la universalización del nivel inicial, no pudimos avanzar en lo nacional porque hubo muchas objeciones provinciales, e incluso diferencias entre la docencia. En Buenos Aires, Capital y Santa Fe, donde llevamos esa propuesta, quedamos en minoría. Sin embargo, logramos que la ley establezca que el Estado tiene la obligación de ofrecer cobertura en sala de 4 años, lo cual es un pequeño avance. En ese sentido, nos parece que a pesar de las críticas que tengamos como las concesiones a la Iglesia (el hecho de afirmar que es un derecho personal y social, nosotros diríamos sólo social), no haber formulado mayores regulaciones al campo privado, y no haber avanzado aun más en la democratización de la educación; entendemos también que se trata de una correlación de fuerzas en una determinada etapa. También sabemos que entre lo que dice la ley y la realidad hay una brecha enorme. En los países como el nuestro primero hay que pelear para que haya una ley y después para que se cumpla. Con la Ley 1.420 ni siquiera había maestros. En realidad la escuela se hizo obligatoria, universal y gratuita a mediados del siglo XX y tuvo que ver con las luchas populares que se desarrollaron.

En las discusiones, ¿hubo debate en torno a la laicidad de la Educación?

No, explícitamente no se discutió. El tema no está mencionado en la ley, tampoco se hace referencia a la educación trascendental, religiosa, espiritual ni moral-cristiana, como dice la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. Nosotros estuvimos muy firmes en esa posición, a pesar de la fuerte presión de la Iglesia en el sentido de incorporar la dimensión trascendente. Sólo Salta tiene educación religiosa y cuando vas a las escuelas tanto en el norte como en el Noreste ves vírgenes y altares por todos lados, pero eso no es por ninguna ley, es un tema cultural.

¿Y respecto a la obligatoriedad?

La obligatoriedad de la escuela secundaria para nosotros es importantísima. Pensamos que la obligatoriedad se puede lograr a mediano y largo plazo, porque, en principio, es necesario rediscutir qué escuela secundaria queremos, repensarla no sólo en su diseño curricular sino en su organización escolar y de trabajo. No considero que la escuela, en las condiciones que se encuentra actualmente, deba ser obligatoria porque no consigue alojar a los adolescentes. La ley provincial tiene en su Artículo 32 algunos elementos interesantes para repensar la organización de la secundaria, y ese tema lo vamos a discutir en el ámbito de Consejo de Políticas Educativas1. Aún así se queda sumamente corta en materia de democratización del gobierno de la educación, pero este tema tampoco fue prioritario en la discusión de las escuelas. Con la creación de Consejos Consultivos se avanza en relación a la participación de los estudiantes de los institutos, pero se trata de Consejos que tiene ese carácter, sin toma de decisiones. De todos modos, son espacios que nosotros vamos a aprovechar al máximo para plantear nuestras posiciones. Próximamente, será planteada la discusión de la organización del trabajo en la escuela secundaria. El Artículo 32 establece concentración horaria, profesores por cargo, tutores extra curriculares y otros temas que perfilan un diseño que permita a los adolescentes moverse con mayor libertad y flexibilidad dentro de las escuelas. Sobre esto hay que pensar mucho.
Otro tema importante es que las carreras docentes tengan un piso de 4 años, porque no hay razón pedagógica para que un profesor de primaria estudie menos años que uno de secundaria. Hace falta examinar muchas otras cuestiones que no están siendo consideradas hoy en los institutos. Es necesario más tiempo para entramar teoría y práctica, más tiempo para que el estudiante se compenetre con las escuelas y su contexto, para que tenga una idea más clara de lo que se va a encontrar al acercarse a la escuela. Estamos discutiendo estos temas en el Consejo Consultivo del Instituto Nacional y próximamente las conclusiones van a estar disponibles en la página de Internet.

La ley anterior impulsó proyectos de articulación de las universidades para extender la formación de base de los profesorados, ¿qué se ha hecho en este sentido?

Eso no está planteado, lo que estamos discutiendo es el fortalecimiento de los institutos superiores. Un problema a resolver es la articulación entre el sistema educativo y los profesorados universitarios.
Además, está empezando un debate en torno a la Ley de Educación Superior. La FUBA ya tiene un proyecto, y las dos CONADU están elaborando un documento. Nosotros estamos trabajando con CONADU, porque consideramos relevante este tema.
Por último, contemplamos una vieja reivindicación: el derecho a la formación permanente gratuita y garantizada por el Estado. En ese punto hay mucho por hacer. Paralelamente vamos a estar discutiendo la reglamentación del Artículo 10 de la ley de financiamiento en donde se establece un ámbito de paritarias nacional para tratar por ejemplo el tema de la carrera docente. En los acuerdos nacionales no solamente se diversificó la estructura, sino las condiciones laborales. Por ejemplo: en Catamarca no existen los preceptores, en algunos casos, por vías clientelares, los asignan en las escuelas como auxiliares “de algo”. En cuanto a los profesores reconvertidos, la ley estable que ninguna de las modificaciones como producto de su implementación puede determinar el cercenamiento de derechos adquiridos. O sea que eso está parado.

¿Y en qué situación se encuentran las discusiones en torno a la nueva ley en las provincias?

Desde CTERA estamos impulsando el debate. Hay fechas de jornadas definidas en Chaco, Santa Fe, Misiones y Santiago del Estero. Van a trabajar los gobiernos con sus propios documentos y los compañeros del sindicato con documentos que recuperan lo producido en CTERA, adecuado a las particularidades regionales. En otros lugares, directamente el tema ni se habla; en la Ciudad de Buenos Aires, con esta legislatura, preferimos que no se discuta.

La Ciudad de Buenos Aires nunca aplicó la Ley federal y actualmente sigue con su vieja Ley de Educación ¿Hay otra provincia que esté en esta situación?

Neuquén. Río Negro hizo una aplicación parcial y Córdoba hizo una diferente. En La Pampa hay un compromiso de mesa de debate por parte del gobierno. Creo que en la Ciudad va a haber que sostener algunas políticas de inclusión interesantes que desarrolló el Gobierno de la Ciudad, en caso de que quieran concluirlas. Por ejemplo, creemos que vale la pena defender las escuelas de reinserción.

¿Vendrán en simultáneo definiciones de contenido?

La ley crea un Consejo de Actualización Curricular. En el Instituto2 se va a discutir el diseño de la formación docente. El nudo va a estar en el nivel secundario y en formación docente. El problema es que hay debates que ni siquiera están empezados.

¿Cuáles serían los puntos nodales del debate?

No hay todavía debates institucionales sobre estos temas. El debate no está abierto y nosotros lo necesitamos, porque debemos revisar aspectos como horas institucionales para el trabajo colectivo, nuevos puestos de trabajo. El punto de vista de los trabajadores y la organización del trabajo deben estar incluidos, ya que la discusión sobre la organización en área, disciplina o proyecto transdisciplinario refiere a una intersección entre lo pedagógico-didáctico y lo laboral. Una escuela secundaria necesita profesores que tenga vínculos pedagógicos con los estudiantes, y un profesor que trabaja en 6 escuelas no puede sostenerlo.
Desde que empezó la transferencia de las escuelas durante la dictadura militar hasta que se terminó de implementar la ley federal, fueron muchos años de arrasamiento del sistema educativo argentino. Es mucho lo que queda por hacer.

Fuente: Ingrid Sverdlick (Coordinadora Nacional FLAPE Argentina)