Tierra del Fuego
Otro caso de criminalización de la pobreza
Jueves 15 de noviembre de 2007, por Carlos Saglul *

José Molina vino en Buenos Aires para asistir a una audiencia de conciliación en el largo conflicto que él y sus 23 compañeros de Hilanderia Fueguina, mantienen con los dueños de esa empresa. Los despidieron, poco después que fundaran su propio sindicato cansados de los dirigentes gremiales traidores y las vejaciones permanentes de la patronal.

Ahora, están en una carpa frente a la empresa. Los ayuda la comunidad, los sindicatos mientras la empresa contrata nuevo personal, y trata de enfrentarlos entre ellos, amenazando con no los dejarlos entrar y con despedirlos en caso de que se afilien al nuevo sindicato. Les advierten que “iran a la calle” si intentan hablarles.

“A cada injusticia la bronca se junta más y más”, recuerda José. Vino el paro y la decisión de armar el sindicato. Los trabajadores no tardaron en pagar caro la decisión de organizarse. Decidieron reunirse en asamblea. “A mi me suspendieron el mismo día. Otros 17 compañeros fueron apercibidos. La empresa se negó a negociar con nosotros”,

La actitud de Textil Hilandera Fueguina y su permanente complicidad con la Asociación Obrera Textil quedó evidenciada como nunca cuando el Jefe de Planta de la compañía les hizo firmar una planilla, aduciendo que era necesario para la recepción de tikets canasta El documento fue presentado poco después, como un acuerdo entre los trabajadores, el sindicato y la empresa por el pago de una deuda que reclamaban.

“Se falsificó nuestra firma y la usaron para una homologación donde se nos descontaba el 25% que la empresa adeudaba en concepto de ticket-canasta. Lo mismo sucedió con el 100% por zona, que nos lo dieron pero sin especificar si iba al básico”, explica

Hasta el momento hay dos medidas cautelares de la Justicia Laboral que los favorecen y que la empresa no cumple. La justicia ordenó pagarles los días caidos y su reincorporación. Hilandera Fueguina alega que el despido es con causa, porque considera que la medida fue sabotaje seguido de abandono de trabajo

Osvaldo López, abogado de los trabajadores explica: “La comañía nunca aceptó que hubiese un conflicto colectivo de trabajo porque no reconoce al sindicato como tal. De hecho, en una de las cartas documento se refiere al sindicato como un simple sello de goma. Esto permite que encuadre la medida como sabotaje”.

Lopez señala que a los primeros 7 trabajadores que estaban de turno cuando empiezó el paro se les aplicó una denuncia penal. “Los acusan de sabotaje por haber parado las máquinas, pero de qué otra manera podian ir a la huelga?”.
A los otros 23 los despidieron por supuesto abandono de trabajo. El juez dictaminó que no existió delito alguno, y para ello tuvo en cuenta el ejercicio del derecho a huelga. Al magistrado Guillermo Penza la empresa lo denunció ante el Consejo de la Magistratura por lo que se alejó de la causa.

El doctor Osvaldo Lopez, abogado de los trabajadores opina que se está ante un claro caso de criminalización de la protesta. Luego, cuando la segunda juez que toma el caso, "la doctora Adriana Rapossi convalida lo decidido por el primer magistrado y decide llamar a una audiencia de conciliación, a la que acudiremos mañana”, informa el letrado.

En tanto, en su carpa los trabajadores esperan los resultados de la negociación en Buenos Aires. Molina cuenta que muchas veces dudaron. Era como enfrentar a todos juntos, el sindicato, los patrones. “Primó la necesidad de organizarnos. A pesar de que es muy duro, sabemos que en la pelea está la única esperanza”, agrega mientras comenta que estuvieron en el Inadi (Instituto Nacional contra la Discriminación) y piensa como seguira la pelea, en caso de que la patronal no acepte la conciliación.

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