La denuncia se realizó hoy a las 16 en la sede nacional de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y fue encabezada por el secretario general y de Derechos Humanos de la CTA, Hugo Yasky y Ricardo Peidro, respectivamente; también estuvo presente Guillermo García, adjunto de la Central santiagueña y el abogado de la familia Sosa, Luis Angel Santucho. En este marco, Josefina y Gladys -quienes también integran la CTA Santiago como secretaria de derechos Humanos y de Género, respectivamente; a la vez que impulsan la organización barrial Madres de Pacará- denunciaron en conferencia de prensa que las 34 víctimas perecieron en el Penal de Varones de Santiago del Estero el domingo 5 en una "masacre deliberada" y responsabilizarán directamente a funcionarios y agentes del Servicio Penitenciario provincial, como así también del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Santiago del Estero.

Entre los 34 fallecidos se encontraban Claudio Corvalan (27 años) y Sergio Herrera (29); sobrinos de Josefina y Gladys Sosa. “Nostras hemos venido a la CTA Nacional a pedir que nos apoyen, a pedir que realmente se esclarezca lo ocurrió porque allá en Santiago no vamos a tener respuesta ni tampoco justicia. Desde 2005 que venimos denunciando sobre los atropellos que vienen ocurriendo en el Penal de Varones: los tratos inhumanos, las torturas, golpes y sobre las drogas que corren; la ultima denuncia fiscal la hice el 12 agosto ante la fiscalía, donde ponía la vida de mis sobrinos en esas manos y que investiguen lo que estaba diciendo y la demanda fue cajoneada y el resultado es de 34 muertos”, relató Josefina. Y agregó: “Mi sobrino no se quería escapar porque después de larga lucha que había tenido en estos seis años, conseguimos que el 6 de diciembre salga en libertad y no le dieron la oportunidad de salir”.

Acerca de lo ocurrido aquel domingo Gladys manifestó que “el día de la masacre entre las cosas raras detectadas se vio que no había agua, que allí los bomberos no tenían como apagar el incendio”. “No fue una fuga -continuó-, fue un asesinato premeditado, por eso pedimos una investigación profunda, cosa que ya venimos haciendo desde hace años. Lo que pedimos es justicia y que se hagan valer los derechos de todos los chicos de igual a igual”.

Por su parte, la CTA santigueña en la palabra de Guillermo García, explicó que se encuentra impulsando denuncias y pedidos de investigación por los hechos ocurridos. Pidió “la intervención de las organizaciones sociales para que se esclarezca esta masacre” y clamó por “acciones importantes para tratar de revertir en la sociedad los pensamientos negativos que hay sobre la población carcelaria”.

En tanto, Ricardo Peidro recordó que “la CTA viene denunciando la situación de las cárceles en el país, estos bolsones de marginalidad donde se vienen sucediendo masacres de este tipo, violaciones a los derechos humanos fundamentales, y donde una vez más la sociedad argentina es testigo de una masacre en una cárcel de nuestro país, transformandose casi en un hecho natural sin que medie nunca ni justicia ni verdad sobre estos asesinatos”.

“Esta masacre de Santiago del Estero no es más que una continuidad de una política sistemática en el sistema penitenciario nacional (tanto en las provincias como el federal) de violación flagrante de los derechos humanos: torturas, golpes, hacinamiento, muertes dudosas, malas condiciones de alimentación, falta de salud, violencia institucional, abusos, violaciones. En definitiva de lo que hablamos es de un proceso de deshumanización absoluto y criminal avalado por las propias estructuras penales del Estado en el trato de la persona privada de la libertad”, argumentó el dirigente.

Como corolario, Hugo Yasky, titular de la CTA, dijo: “Esto no fue ni un incendio ni un accidente, sino una masacre deliberada”; por eso la Central iniciará una serie de acciones para que haya justicia. “Nos reuniremos con el juez de la Corte Suprema de Justicia Eugenia Zaffaroni para llevar este tema a la instancia máxima de la justicia argentina y le solicitaremos al ministro del Interior, Aníbal Fernández, que garantice la seguridad de los testigos y denunciantes que valientemente han salido a contar estos hechos”.

Acompañando a las familiares de las víctimas se encontraban los dirigentes Belén Rodríguez, Daniel Barragán, Victor Mendibil, Gustavo Rollandi, Carlos Ferreres, Gabriel Martínez, Manuel Alzina y miembros de distintas secretarías de la CTA.

Otras imputaciones

Cabe recordar que los 34 reclusos murieron por quemaduras o asfixiados por el humo al incendiar frazadas y colchones durante el motín, ya que las condiciones de detención eran "infrahumanas" y las parejas de los detenidos padecían vejámenes durante las visitas, como así lo denunciaron familiares, un sacerdote y la defensora oficial de la provincia.

Al respecto, Luisa Suárez, defensora oficial de Santiago del Estero, reveló que los presos estaban "muy molestos" por las requisas a las que eran sometidos sus familiares, especialmente las mujeres que debían desnudarse ante el personal de guardia.

Asimismo subrayó que durante 2007 ya había presentado ante el Supremo Tribunal de Justicia provincial cuatro denuncias por estas situaciones.

En este marco, Carlos Carabajal, cura párroco de la Secretaría de Derechos Humanos del Obispado de Santiago del Estero, denunció que las condiciones de alojamiento dentro de la cárcel "son infrahumanas" y que la unidad está "desbordada totalmente".

La situación carcelaria argentina fue definida como "terminal" en un informe presentado en 2006 por la Defensoría del Pueblo de la Nación. El documento subrayaba que "la mayoría de las cárceles del país cuentan con superpoblación existiendo duras condiciones de hacinamiento que nunca terminan de resolverse".