
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE-CTA) se movilizó hoy desde distintos localidad de puntos de la provincia hasta la capital para reclamar, ante el ministerio de la Familia, “contratos, salarios dignos y políticas sociales reales”. De acuerdo con lo previsto, a las 10 de la mañana los ministros de Hacienda Pablo F. Verani y de Familia Alfredo Pega recibirían a una comisión integrada por los dirigentes del sindicato y un representante por cada asamblea. Hecho que no ocurrió.
“Lejos de cumplir con sus palabras, quienes nos recibieron en nombre del gobierno fueron funcionarios de segunda línea y asesores legales que en ningún caso resolvieron el problema de fondo. La única información que tenían para dar era que `el ministro estaba enojado’ porque los trabajadores no concurrimos al encuentro que, unilateral y prepotentemente, querían forzar para el 13 de noviembre pasado. Recodemos que ese día ATE se plantó y con el mandato de las asambleas rechazó la audiencia por inoportuna. Ese mismo día se fijó una nueva audiencia para hoy, de manera que pudieran estar presentes representantes de todas las asambleas”, explicaron desde ATE en un comunicado de prensa.
Desde el gremio estatal informaron que dicha audiencia recién se concreatría el 22 de noviembre: “Una vez más, los ministros utilizan pretextos ridículos para no encontrarse con los trabajadores. Estamos convencidos que con esto el gobierno sólo busca dilatar los tiempos, y que en ningún momento se puso a pensar en las soluciones para los trabajadores de Familia”, repudiaron. Y agregaron: “Si el ministro Alfredo Pega se enoja porque estamos movilizados, en asamblea permanente y luchando en la calle, qué tendríamos que decir los trabajadores que hace años venimos esperando las soluciones prometidas? ¿Cómo debería ser y manifestarse el enojo de los trabajadores que esperan la regularización de las relaciones laborales, la contratación genuina y el pase a planta permanente de todos los trabajadores del Estado provincial?”.
En otro de los párrafos de comunicado sostuvieron que “por un lado la cara de los trabajadores sumamente precarizados, cobrando algunos 150, 400 o 600 pesos, con contratos basura (como becarios o beneficiarios de planes asistenciales) y en paupérrimas condiciones laborales; y por otro lado la cara del gobierno explotador, mentiroso y autista”.
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