Como Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) " nos preocupa el uso y manejo de la habilitación de tierras que puede generar el POT, para desarrollar emprendimientos productivos que resulten el negociado de unos pocos que concentren las ganancias, dejando una vez más, mayor pobreza y saqueo de los recursos", sostiene un comunicado de prensa.

La nota añade: "Por esto, planteamos la necesidad de que se garantice sobre esas tierras, la generación de empleo genuino, distribución de la riqueza y conservación de los recursos y el ambiente. Es decir, mediante un manejo ambientalmente apropiado, socialmente benéfico y económicamente viable".

Dice el Dr. Jorge Morello (de la UBA): “El desarrollo sustentable se define generalmente como un triángulo conformado por la equidad social, el crecimiento económico y la sustentabilidad del recurso. Debemos hablar de desarrollo, solo si “Mejora la Calidad de Vida”. No basta solo el crecimiento económico si está comprometida la calidad del medio ambiente en que se vive y debe lograr satisfacer las exigencias del presente sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras con relación a sus propias necesidades”.

El Ordenamiento territorial Tiene como objetivo, asegurar la conservación de los recursos naturales y su uso eficiente, con una mayor equidad en las formas de ocupación, tenencia y utilización del territorio y del ambiente, procurando maximizar el nivel y calidad de vida de la población. Es decir, este Plan tiene como objetivo, determinar el uso que se daría a los bosques en Jujuy, hecho que tiene directa relación con la propiedad de la tierra.

El Consejo Provincial de Medio Ambiente Está integrado por un Comité interministerial (?), UNJU, Unión de Empresarios, Unión Industrial, ONGs (la única que participa está compuesta por funcionarios del gobierno provincial), Centros Vecinales (algunos), Municipios, Legislatura y Colegio de Ingenieros, y su función sería, “actuar como órgano de consulta y asesoramiento de la Secretaría de Ambiente”.

Este Consejo que debería resultar una herramienta óptima para garantizar el consenso y la participación de la población en los temas ambientales, realiza en cambio, reuniones cerradas para determinar el uso y futuro del ambiente y los recursos naturales de la provincia.

Resulta llamativo y preocupante, que ninguno de los participantes, recuerde que el territorio sobre el que están decidiendo no es un desierto y en él existen personas viviendo, como pequeños productores o integrantes de pueblos originarios. Esta situación, podría entonces, hacer suponer a algún mal pensado, que el Consejo sólo existe para aparentar una seudo participación.

La participación

El tema de las instancias de participación y del acceso a la información, no son temas menores, y un buen ejemplo de esto, es lo sucedido con Sauzalito. Recordamos algunos de los puntos de cuestionamiento que mencionamos en el recurso de amparo: acceso a la información (entre 48 y 170$ para acceder a las fotocopias del estudio de impacto ambiental); participación de la audiencia pública, sólo para quienes vivían dentro de un radio de 3 km. de la Dirección de Políticas Ambientales; fechas de audiencia confusa, por disidencias entre el Secretario de Políticas Ambientales, Ing. Guillermo López Salgado y Director de Recursos Naturales, Biol. Juan Pablo Villafañe; entre otras cosas.

En 1992, en la Cumbre de Río de Janeiro, se determinaba que la mejor forma de tratar cuestiones ambientales resulta con la participación de todos los interesados y que toda persona debe tener acceso a la información que se encuentra en poder de las autoridades. También el COFEMA (Consejo Federal del Medio Ambiente), menciona la necesidad de considerar la concertación de intereses de los distintos sectores de la sociedad entre sí, y éstos con la administración pública.

La participación es el proceso mediante el cual, se integra a los distintos actores de la sociedad en la toma de decisiones, fiscalización, control y ejecución de las distintas acciones. Este es el ideal de funcionamiento, y no como existe hoy, donde la experiencia nos demuestra que posiblemente el Consejo Provincial (de Medio Ambiente) solo exista para legalizar un manejo poco transparente de los intereses difusos de todos los jujeños y el marco necesario, para convalidar diversos negociados.

El amparo legal Sobran ejemplos pero mencionamos solo algunos, que refieren a nuestros derechos: el art. 22 de la Constitución Provincial; el Art. 41 de la Constitución Nacional o el Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), que habla de los derechos de los pueblos originarios.

“Los derechos de los pueblos interesados en los recursos naturales existentes en sus tierras deberán protegerse especialmente. Estos derechos comprenden el derecho de esos pueblos, a participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos”.

El derecho sobre los bosquesCitamos al Movimiento Mundial por los Bosques:

• Resulta muy claro, que en la mayoría de los casos son las comunidades las que protegen los bosques, en general luchando contra decisiones gubernamentales que abren los bosques a la explotación no sustentable.

• El manejo de los bosques predominante a nivel oficial, continúa empoderando al poder y desempoderando a las comunidades locales.

• Resulta difícil creer que tantos delegados gubernamentales —y sus asesores-, puedan seguir siendo tan ignorantes sobre las causas de la deforestación y sobre los actores que protegen o destruyen los bosques. Es mucho más fácil creer que han optado por ignorar la realidad y jugar el juego que se espera de ellos: favorecer a las élites nacionales y a las grandes empresas.

El reclamo:

• Exigimos la exposición y puesta a discusión del plan de ordenamiento a todos los jujeños.

• Repudiamos nuevamente, el accionar de los funcionarios de: Ministerio de la Producción, Dir. de Ambiente y Sec. de Políticas Ambientales de la Provincia.

• Exigimos la participación en el Consejo Provincial de Medio Ambiente de: comunidades, pueblos originarios, organizaciones sociales y a todo aquél que tenga interés en participar.

El gran desafío, es gestar un nuevo modelo de política ambiental
que produzca como consecuencia, un modelo social abarcativo para todo el país.