Integran la Multisectorial los docentes, los profesionales y trabajadores de la salud, los judiciales del SITRAJ -filial de la FJA-CTA, los viales, empleados públicos, municipales, Luz y Fuerza, y las organizaciones sociales MTL, Barrios de Pié y CCC.

Los judiciales están en lucha desde junio reclamando un 31% de recomposición salarial, monto que el Ejecutivo otorgó a la administración pública y del cual fue excluido el personal del Poder Judicial, que solo obtuvo un 16%. Adán Rodríguez, integrante de la delegación y miembro de la conducción del SITRAJ reseñó los conflictos que se han desatado en su provincia como consecuencia de una actitud autoritaria del Superior Tribunal de Justicia (STJ), “que pidió que nuestra organización le informe de cada asamblea y que le entreguemos una lista de los judiciales asistentes, cosa que rechazamos. Recibimos cédulas con amenazas y le respondimos que no existen normas por las cuales ellos puedan exigir listas de los presentes en una asamblea. El órgano fiscalizador de acuerdo a la ley es el Ministerio de Trabajo y no la patronal. El STJ lanzó entonces la Acordada número 30 donde reglamenta el derecho de huelga y pretende que primero pidamos permiso a la patronal para tomar una acción directa. Esta gravísima posición del STJ fue denunciada ante la OIT. Y debemos acudir al exterior -advierte Rodríguez- porque este Tribunal de Corrientes es autoritario y soberbio, nos descuenta los días de paro y actúa por lo tanto como juez y parte”.

Marisa Sanauria, electa secretaria de Derechos Humanos del SITRAJ de Corrientes, nos explica que la presencia en Buenos Aires lleva como objetivo nacionalizar un conflicto que no abarca solo a los judiciales, porque en nuestra provincia - agrega- están heridas de muerte la salud, la educación y la justicia, lo cual motiva largas luchas. Los docentes cumplieron treinta días de paros en lo que va del año, en salud las medidas de fuerza fueron mayores aún, y los judiciales estamos en lucha desde junio.

“Queremos que la Nación se entere -subrayó- que en Corrientes pasan cosas gravísimas, hasta quieren ahora reformar ladinamente la ley para sacar el 82% móvil, En el Presupuesto, por ejemplo -señala-, pese a los incrementos de la producción, no se aumentan las partidas para educación, salud y justicia y no contemplan actualización salarial.

“Venimos a decir -sostiene Adán Rodríguez- que en Corrientes se cercena el derecho de huelga e impera la injusticia en la distribución de la riqueza, Llegaron de coparticipación federal 300 millones de pesos adicionales este año para la provincia, pero esa cifra no la vimos ni los trabajadores, ni los servicios, todo parece que entra a una caja negra y se desconoce el destino que se le da al dinero”.