El Congreso, que contó con la participación de más de un centenar de delegados, fue presidido por el Secretario General de la CTA-Córdoba, Oscar Mengarelli, acompañado por el Secretario de Organización de la CTA nacional, José Rigane, el de Comunicación y Difusión, Juan Carlos Giuliani y por el Secretario General de la CTA-Neuquén e integrante de la Mesa Nacional, Horacio Fernández.

Mengarelli comenzó el Congreso Ordinario dando lectura a la Memoria del período reivindicando el crecimiento de la Central y su participación en las movilizaciones sindicales y sociales que se llevaron adelante en la provincia mediterránea durante el último año.

Ponderó la incorporación a la Central del Sindicato de Empleados de Lotería y Casinos con sede en Carlos Paz y la inauguración de sedes de la CTA barrial en distintos lugares de la capital provincial a partir del ofrecimiento de trabajadores despedidos de Renault que pusieron sus viviendas a disposición de la CTA.

Mengarelli también subrayó el desarrollo de la actividad territorial de la Juventud de la CTA, tanto de Capital como de Río Cuarto y condenó la judicialización de la protesta como en el caso de los presos de Corral de Bustos y los ataques del diario la Voz del Interior, perten eciente al Grupo Clarín, contra los trabajadores de prensa.

La inauguración del Congreso Extraordinario corrió por cuenta de Giuliani quien defendió la convocatoria a una Constituyente Social a mediados del año próximo y ratificó la decisión del conjunto de la Central de darle cuerpo a la conformación de un nuevo Movimiento Político, Social y Cultural.

Giuliani reivindicó la autonomía de la CTA del Estado, los partidos políticos y los empresarios, catalagó a la Paritaria Social como una iniciativa tendiente a lograr una reparación histórica a los exluidos del modelo neoliberal y cuestionó que "después de cinco años de crecimiento de la economía haya más de 10 millones de pobres y tres millones de indigentes en un país que fabrica alimentos para 300 millones de personas".

Por último dijo: "No al pacto social, sí a la Paritaria Social. La CTA no se va a sentar a convalidar que se pongan techo a los salarios o se sofoquen las demandas sociales. Para nosotros la única discusión válida para que vuelva a imperar la justicia social es la que se refiere a la distribución de la riqueza ya".

También asistieron al Congreso Provincial los secretarios generales de las regionales de Córdoba-Capital, Roberto Bardach; de Río Cuarto, Carlos Valduvino; de Villa María, Camilo Rodríguez; de San Francisco, Antonio Muratore; de Punilla, Marcela Martín y de Arroyito, Jorge Quiroga.

Los compañeros sesionaron en cinco comisiones (Derechos Humanos, Formación, Comunicación, Relaciones Internacionales y Organización y Acción Gremial) y al cabo de las deliberaciones se coincidió en la importancia de fortalecer las dos principales iniciativas políticas de la Central como son la Paritaria Social y Constituyente Social.

“En el Congreso se evaluó políticamente el desarrollo de estas iniciativas que en el caso de la Paritaria Social está destinada a instalar una agenda de reivindicaciones que impliquen una reparación histórica para los excluidos por el modelo neoliberal”, manifestó Mengarelli.

En cuanto a la Constituyente Nacional, el dirigente sostuvo que “la importancia de esta herramienta radica en discutir, en el marco de la unidad popular, un proyecto de Nación sustentado en una fuerza social organizada políticamente”.

El debate también estuvo signado por la resolución que debe adoptarse sobre el alineamiento de la CTA en el marco de la reconfiguración de la unidad de la clase trabajadora a nivel internacional.

En ese sentido los delegados coincidieron en que la posición de Córdoba en el Congreso Nacional de diciembre será que la Central debe integrarse a la Central Sindical Internacional (CSI) como un correlato a su inserción en la Central Sindical de las Américas (CSA).

En el despacho final se “repudió” la Ley Antiterrorista sancionada por el Congreso en junio pasado porque "esta norma deja a criterio del gobierno, jueces y fiscales el castigar con prisión a todos aquellos sectores que pretendan manifestarse para reclamar por sus derechos".

También se cuestionó los alcances del pacto social impulsado por el Gobierno porque su aplicación margina a los desocupados y a los trabajadores en negro y precarizados.