“ACUSADO por defender la vida campesina”, decían las remeras verde musgo que portaban los que ayer se sentaron por primera vez frente a los jueces de la Cámara en lo Criminal y Correccional de Cruz del Eje, Clara Luna de Manzano, Nancy Menehem y Ángel Francisco Andreu.

Aunque tres de ellos fueron imputados sin siquiera haber estado en el lugar, son los mismos que el 5 de de febrero de 2005 defendieron el campo de 1.039 hectáreas en y del que la familia Loyola vive desde hace tres generaciones, cortando el alambrado instalado por Ramón Mazzeo, quien había comprado en 1998 un título de propiedad a la Caja de Créditos Prácticos Río de la Plata Limitada, en liquidación por el Banco Central de la República Argentina.

Allí estaban sentados dos miembros de la familia Loyola, vecinos campesinos, varios militantes e ingenieros agrónomos de la Asociación de Productores del Noroeste de Córdoba (Apenoc), dos periodistas, una militante cristiana y el sacerdote Carlos Julio Sánchez, párroco de Serrezuela y director de la radio FM comunitaria San Cayetano. Fue el único al que la jueza Clara Luna, en vez de preguntarle, afirmó: “Usted no debe tener antecedentes penales”.

Luego de haber sido cacheados por la policía al ingresar al recinto y del interrogatorio de identificación, escucharon la acusación leída por la Fiscalía: “...son traídos a juicio bajo la imputación del delito de coautor de daño calificado, artículo 184, inciso 4º y 45º, del Código Penal”.

No obstante, el abogado querellante Pablo Olmos, que representa a Mazzeo, insistió en interrogar a los imputados que no viven en el lugar del incidente con el fin de apuntalar la figura de “asociación ilícita”, para lo cual apuntó a demostrar la pertenencia de los acusados a la organización que integra el Movimiento Campesino de Córdoba, la que fue orgullosamente admitida por la generalidad de los interrogados, incluido el cura.

Acto seguido, el querellante expuso tres cuestiones: acusó a Carlos Nicolás y Juan Carlos Loyola de no haber respetado el compromiso de no alterar la propiedad en litigio, por lo que pidió se les revoque la libertad. Luego razonó que al ser los abogados defensores Ramiro Fresneda y Mariana Romano también representantes de Apenoc, privilegian los intereses de la asociación (que definió como “exposición pública e impacto mediático”) en desmedro de la defensa de los imputados en la causa, lo que se evidenciaba al no haber pedido la suspensión de juicio a prueba lo que hubiera evitado llegar a proceso. En este caso, solicitó el apartamiento de los abogados defensores. En tercer lugar, pidió el cambio de carátula por el de “asociación ilícita”, basado en la participación de más de tres personas y la militancia en una organización.

(En diálogo con Prensared, Olmos había sido más explícito respecto a esta última cuestión: “Hemos aportado documental de Internet donde ellos (Apenoc) se organizan de determinada manera, se ponen de acuerdo para cometer ese tipo de delitos”, acusó el abogado).

Ante el planteo del abogado, la fiscal Ahidé Gersicich manifestó que para ella la calificación del hecho “se mantiene incólume”. Por su parte, Fresneda y Romano respondieron que no pidieron la suspensión del juicio “para poder ser oídos y llegar a una instancia de debate” donde se dé una discusión de fondo sobre el hecho juzgado, la propiedad de la tierra y la problemática que viven los campesinos, lo cual había sido resuelto por decisión de cada uno de los imputados (y fue ratificado en ese momento). Finalmente, la presidenta del tribunal aludió al derecho de los coimputados de elegir libremente quién los defienda, aclaró que el tribunal puede eventualmente decidir una calificación penal distinta y dispuso seguir con el juicio rechazando o por lo menos aplazando los planteos de la querella.

El primero en declarar fue Juan Allende, periodista de la radio San Cayetano, quien dijo haber estado en el campo horas antes que ocurriera el incidente, entrevistando a la familia campesina y luego se fue a su casa. Mientras estuvo, vio gente reunida en el lugar, pero el alambrado aún estaba intacto. A su turno, Olmos insistió en indagar su relación con Apenoc. Allende respondió que se vinculó por su tarea periodística, porque la radio en que trabaja “es comunitaria, y los temas que trabaja Apenoc son de interés social”, y luego manifestó que actualmente también milita en la organización.
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¿Qué acciones lleva a cabo Apenoc? -preguntó Olmos.

Establece vínculos entre los campesinos para crear una red de comercio justo, que ya está funcionando; también hay actividades para jóvenes como un taller de serigrafía donde se hacen estampados de remeras (como la que él tenía puesta) y hace un tiempo consiguió un cine para la zona de Serrezuela.

¿Pero qué acciones de protesta realizan? ¿Marchas, cortes de rutas...?

Allende no llegó a responder, porque la jueza reconvino al querellante a precisar las preguntas y no inferir.

Luego ingresó Juan Maldonado: “No sé por qué estoy acá porque yo no estuve. Estaba en mi casa. No sé por qué me metieron en esto”, preguntó.

El último en prestar declaración fue el ingeniero agrónomo Juan Herrero, quien ratificó que ese 5 de febrero de 2005 no se encontraba en Córdoba, porque viajó la noche del 3 al casamiento de un amigo en La Pampa y luego se fue de vacaciones al sur. Cuando le tocó preguntar, el abogado Olmos -que ya a esa altura opacaba a la Fiscal- fue por más: “Entre las metodologías de Apenoc, ¿está el corte de alambre o el corte de ruta?”. “No”, contestó secamente Herrero, lo que dio pie a que su defensor le pida que aclare cuáles son las actividades de la entidad. Herrero relató los inicios de Apenoc y su tarea en defensa del derecho a la tierra y al agua, con denuncias públicas, asesoramiento técnico y gestión oficial de parcelas. En este punto, denunció que luego de una reciente cesión de tierras para los campesinos, ingresaron “matones armados” al lugar. “Nosotros le dijimos al Gobierno de la Provincia que no íbamos a defender con violencia las parcelas y que se hiciera cargo”, reveló Herrero al finalizar su exposición.

Ya no había tiempo para más. Los jueces dispusieron un cuarto intermedio hasta el viernes próximo para poder concurrir a Cañada Larga para inspeccionar el lugar del conflicto. Por lo pronto, todo indica que una vez que se chequeen los dichos de Allende, Maldonado y Herrero, los tres quedarán sobreseídos de la acusación que instruyó el ex fiscal Raúl Casado, hoy en lista de espera en el Jurado de Enjuiciamiento, sospechado de haber participado de un vasta red de tráfico de influencias, estafas y otros delitos, que ya llevó a la cárcel a varios letrados locales y que ayudó a desenmascarar -paradójicamente- el abogado Olmos.

Al salir de la gélida sede de Tribunales, a los acusados los recibió el implacable sol cruzdelejeño, un cerrado aplauso y un coro que decía: “Quiénes somos: ¡Campesinos! Qué queremos: ¡Tierra, trabajo y justicia!”.

Fuente: Prensqared, Agencia de Noticias del Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba (Cispren-CTA)