Salvo en aquellos sectores ligados a la exportación y en algunos de la industria manufacturera, que superaron los índices de inflación en el mismo período, la gran mayoría de los convenios suscriptos no tuvieron las mismas pautas. Podemos afirmar que en estos años los salarios aumentaron asimétricamente de acuerdo a cada sector.

En el mismo sentido y en igual período, los trabajadores no registrados y los estatales estuvieron por debajo del índice del costo de vida. Es decir, que la gran mayoría de los trabajadores registrados y no registrados, y los trabajadores de las administraciones públicas, tuvieron aumentos inferiores a la inflación.

Esto confirma que el aumento del consumo se produce a partir del gasto de la cúspide de la pirámide social; mientras que la gran mayoría de los sectores asalariados y/o precarizados continúan, limitados en su poder adquisitivo con el agravante del incremento sostenido de los productos alimenticios, aumentando la desigualdad.

La crisis del INDEC puso en tela de juicio la credibilidad de la estadística estatal, afectando, por ende, el punto referencial de la negociación salarial. Es más que evidente que la inflación ha aumentado mucho más allá de los índices oficiales.

El incumplimiento del presidente del Consejo del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo Vital y Móvil, (el Ministro Tomada) de efectuar el cálculo de “la canasta básica” para establecer claramente cuánto es lo que en verdad necesita un trabajador para acceder a sus necesidades, quita también otro punto de referencia para valuar los aumentos salariales.

Las negociaciones de los sectores de mayor empleabilidad recién se renuevan en febrero-marzo del 2008. Su “punto de partida” está afectado por el aumento de los precios más allá de la inflación prevista. En algunos casos, como los mecánicos, se ha reabierto la comisión paritaria y se ha nivelado con una suma única compensatoria de esa pérdida, aprovechando el auge de la industria automotriz. Otros han intentado seguir ese camino y no han logrado arribar a un acuerdo.

Si a esto, le sumamos que a partir de enero está previsto volver a los aportes previsionales anteriores a la emergencia, es decir: 11% de las retribuciones, los trabajadores tendrán una rebaja adicional en el poder adquisitivo equivalente al 4%. (Decreto 22/07). Corresponde entonces que el mismo Estado, que en aras de la crisis del 2001 y con la excusa de aumentar el poder adquisitivo del trabajador, disminuyó los aportes previsionales, se haga cargo de las consecuencias.

Es necesaria la reapertura de oficio de las comisiones paritarias para componer las diferencias salariales 2007 o en caso de falta de acuerdo, recurrir al aumento salarial de emergencia que compense la intervención del Estado, tanto de los efectos inflacionarios provocados por los índices de costo de vida, como el aumento del descuento para aportes previsionales.

Lo contrario es hacer recaer -otra vez- en los trabajadores, los mayores beneficios obtenidos por el Estado y los empleadores.