La Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), filial Villa María, presentó ante la Municipalidad de esa ciudad un reclamo administrativo y se apresta para ir a la Justicia para denunciar “el fraude que comete” la comuna en contra de dos empleados, según se informó en la mañana de ayer.

Cecilia Pérez Correa, la abogada de la CTA cordobesa, aseguró que el municipio “viola las expresas normas constitucionales que regulan el Estado público”.

La precariedad laboral de los trabajadores del municipio villamariense viene siendo denunciada públicamente desde hace tiempo, pero en la víspera tomó otro matiz cuando Alicia Falco, de 52 años y María Celeste Combina, de 30, quienes se desempeñan laboralmente en la Secretaría de Deporte y Turismo, se animaron a exponer su bochornosa situación.

Correa indicó que el Ejecutivo, en el caso de Falco, “enmascara la relación típica del empleo bajo la figura de facturante”, en el marco de una relación “típicamente comercial, donde el Estado considera al trabajador como una mercancía y le exige que extienda facturas”.

El caso de Celeste es aún peor, porque no está registrada -se encuentra en negro-. “Cuando reclamó (por su situación), se la obligó a firmar un convenio de voluntarios, una ficción creada en base a la Carta Orgánica Municipal”, subrayó la letrada de la central obrera.
“Nadie puede voluntariamente pretender regalar su trabajo. Este fraude reviste mayor gravedad porque lo comete el Estado, al que el pueblo le otorgó el poder para defender el bien común y no para menoscabar derechos”, manifestó Correa.

Los dos casos

Ellas dos son apenas “la punta del iceberg”, porque son decenas de trabajadores los que están en similar situación en las dependencias del Gobierno municipal.

Celeste y Alicia se animaron a hablar ayer. La primera, denunció ser discriminada por parte de Henry Rapetti, el director de Deporte y Turismo, quien -según dijo la abogada Correa- “la trató peyorativamente burlándose de su exceso de peso, lo que mereció un tratamiento psicológico”.

A Alicia, de acuerdo a lo expresado, se le paga mensualmente con un cheque de 1.150 pesos, de los cuales 380 son destinados a Celeste. Y además, otros 120 “supuestamente van a un fondo”.
Falco es separada y tiene 5 hijos , uno de los cuales vive con ella.
Trabaja de 8 a 12.30 y en el verano de 8 a 14. Combina, en tanto, desarrolla sus tareas laborales de 15 a 19.30, y de 14 a 20 en la época de verano.

“Sin límites”

En la conferencia de prensa en la que se revelaron los dos casos, participaron dirigentes de la CTA como Jesús Chirino, José Luis Bernabé y el titular de la Central, Camilo Rodríguez.
Bernabé señaló que la Municipalidad “encabeza la lista de explotadores en la provincia” y aseguró que “el aprovechamiento de esta gestión con los trabajadores no tiene límites”.

Los empleados “son quebrados en lo ideológico, en lo económico, en lo personal. El quiebre ideológico se aplica con mucha facilidad”, manifestó.

Dijo además que el gremio de SUOEM no accionaba “porque la representación jurídica (del mismo) está captada por la patronal, no hay garantías de que (los dependientes) vayan a ser defendidos”.

Chirino, en tanto, aseguró que se correrá vista a organismos de Derechos Humanos por el caso de discriminación, e hizo un llamado a la Justicia.

“La Fiscalía debe entender que hay delito”, consideró y solicitó que un fiscal actúe de oficio y comience a investigar cómo y de qué manera se les paga a los trabajadores del Estado.

Fuente: El Diario del Centro del País de Villa María, Córdoba, empresa recuperada por sus trabajadores de prensa y gráficos