En el segundo episodio del juicio a los campesinos, celebrado el viernes 30 de noviembre, dieron su versión frente a los jueces de la Cámara Criminal y Correccional de Cruz del Eje los imputados Carlos Nicolás Loyola y Juan Carlos Loyola, miembros de la familia que reivindica la posesión histórica del campo de Cañada Larga que desalambraron junto a varios de los 11 imputados, y el querellante particular y testigo Ramón Mazzeo, quien compró el título de propiedad de esas 1.993 hectáreas en un remate del Banco Central en Buenos Aires.

En la jornada inicial -el 19 de noviembre-, la parte querellante había apuntado a cuestionar la organización de los campesinos, nucleados en la Asociación de Productores del Noroeste de Córdoba (Apenoc), que forma parte del Movimiento Campesino de Córdoba (MCC), y prestaron declaración tres imputados que no participaron en la acción que la Fiscalía de Instrucción calificó penalmente como “daño calificado agravado por delito en banda”. Al día siguiente, los jueces y las partes realizaron un reconocimiento en el campo del paraje Cañada Larga, cinco kilómetros tierra adentro desde la localidad de Tuclame, ubicada sobre la ruta nacional 38.

Esta vez, la audiencia comenzó con el reconocimiento del acta de esa inspección ocular, rechazada por el abogado querellante porque “no refleja el desarrollo cronológico de los acontecimientos”. En cambio, la Apenoc-MCC había destacado en un comunicado que en la visita al lugar “quedó demostrado el trabajo de más de 100 años de esas familias, y el titubeante nerviosismo de un empresario que todavía no sabe qué compró. Porque no pudo demostrar que el pozo de agua lo había hecho él (hay una marca en el cemento que dice “1971” cuando Mazzeo compró en 1998), no pudo ubicar un Mojón que, según él, marcaba los límites del campo (haciendo parar en vano 3 veces a la caravana de vehículos), y quedó expuesto con sus mentiras cuando dijo haber tendido la luz hasta la casa que construyó violando la medida de no innovar que dictó la justicia este año”.

Fue un comienzo frío, que sumó aburrimiento a la espera previa de una de las imputadas, cuando el cura Carlos Julio Sánchez aprovechaba para disfrutar del aire acondicionado de la sala y leer “Por la libre”, de Gabriel García Márquez. Nada anunciaba a esa altura que con las declaraciones la temperatura ambiente iba a equipararse a la del caliente mediodía cruzdelejeño.

El primero fue Carlos Nicolás Loyola (conocido como “Carlos Corto”), quien afirmó que su familia poseía el campo de Cañada Larga desde hace 150 años, subsistiendo gracias a la cría de cabritos y diversos cultivos, hasta que apareció Mazzeo y pretendió ocupar el lugar “de cualquier manera”. Luego de un acuerdo con su pariente Eusebio Loyola, en enero del 2005 “ni lerdo ni perezoso comenzó a quemar cercos y tunales”.

Entonces, los Loyola acudieron a la policía, donde les dijeron que no tenían móviles: “Yo los he visto patrullar el campo donde trabajaba Mazzeo y su gente. Para eso sí tenían”. También contó que en otra ocasión puso un alambre boyero y un peón del querellante se lo cortó. Cuando quiso denunciarlo, el policía Colino Romero le pidió los papeles del campo. “Yo he venido a hacer la denuncia y no a nombrarlo de abogado”, le contestó Loyola. “Siempre tenían algún argumento hasta que nos cansamos de tanta saña”, agregó. Por eso recurrieron a la comunidad de Cañada Larga y a Apenoc, quienes “se solidarizaron con nosotros y cortamos el alambrado” para que los animales pudieran acceder a donde abrevaban y pastaban.

Por su parte, Juan Carlos Loyola (“Carlos Largo”) aseguró vivir en el mismo campo que su bisabuela, afirmó que el pariente con el que Mazzeo acordó la iniciación de los trabajos “no sabe leer” y coincidió en destacar el sistemático rechazo de la policía local a sus denuncias. “En eso está el comisario”; “no tengo formularios”, “la Justicia está equivocada” (al presentar la constancia de la medida de no innovar presuntamente violada por Mazzeo), fueron algunos de los pretextos policiales que citó. “Por eso llegamos a cortar el alambrado, porque no se nos escuchó en ningún momento”, explicó. (A esa altura, la jueza Clara Luna de Manzano comenzaba a interesarse por los nombres completos de los policías mencionados).

“Yo vivo de los animales. Si no produzco, no tengo vida yo ni mis hijos”, concluyó Carlos Largo.

El buen vecino

El tribunal escuchó luego como testigo al querellante Mazzeo, quien dijo ser viajante de caños de escape de una empresa bonaerense y que se enteró por un diario cordobés del remate del campo, en el que invirtió “con gran sacrificio” todos sus ahorros para tener un lugar donde vivir cuando venía a Córdoba. Aseguró no haber conocido, salvo a los Loyola, a ninguno de los imputados antes de aquel 5 de febrero de 2005 en que le desalambraron el campo; relató la controversia de límites y el posterior acuerdo con Eusebio Loyola, a quien consideró el “referente” de la familia, y destacó su permanente actitud servicial para con sus vecinos al permitir el ingreso de sus animales y facilitar el uso de sus propias tierras. (No obstante, luego admitiría haber tenido conflictos con otros dos propietarios colindantes, apellidados Bringas y Carrizo, que terminaron en denuncias penales).

En ese tiempo, la “convivencia en paz” con los Loyola era tal que “acordamos hacer el alambrado y Carlos Corto iba a hacer el trabajo. Le dejé el material en su casa”.

 ¡Mentiroso! Está mintiendo... -gritó indignado el aludido y la jueza lo llamó al orden.

Recobrada la calma, Mazzeo insistió en que “era todo armonioso, hasta que apareció un grupo de personas desconocidas” que le cortó el alambrado de 1.750 metros y le volteó 400 postes de 5 pesos cada uno, como le haría precisar luego su abogado Pablo Olmos. “A algunos los traje yo. Me hicieron dedo en Tuclame, los llevé a la casa de Carlos Corto y a la noche me cortaron el alambre”, lamentó. “Con gran presión psicológica” volvió a alambrar y le “tomaron el campo”, acción que fue disuadida con un “gran movimiento” policial. Luego le pincharon las gomas de su camioneta y también las del móvil policial que vino a verificarlo y le taparon el camino con piedras, acusó entre murmullos de desaprobación que la presidenta del tribunal reprendía.

 Me arruinaron la familia y tengo problemas psicológicos. Quiero vivir en paz. ¿Por qué tiene que venir esta agrupación, esta banda, a importunar a esta gente? ¿Por qué tiene que decir un cura: “Vayan y hagan daño”? -clamó Mazzeo sobre el final de su exposición.

Abierto el interrogatorio a las partes, su abogado le preguntó si cuando Carlos Nicolás Loyola trabajó con él le manifestó que tenía derecho de posesión sobre el campo y Mazzeo respondió que no.

A su turno, abogados defensores Ramiro Fresneda y Mariana Romano pidieron precisar si se enteró del remate por el diario o le avisó su pariente, la legisladora Beatriz Lizio, quien también compró tierras en el lugar, y el querellante ratificó que fue por un aviso en la prensa. También le preguntaron por una visita al párroco de Serrezuela. “Sólo fui a misa y lo miré a la cara. Si eso es una amenaza, es una amenaza”, desafió Mazzeo. Después de varias preguntas, la defensa pidió al tribunal que investigue el posible falso testimonio de Mazzeo porque “se contradice con el reconocimiento de 1.000 hectáreas a los Loyola”.

Finalmente, cuando Fresneda quiso saber si Juan Pablo Loyola, el empleado que dijo haber instalado en una carpa para custodiar el lugar, tenía un arma, Mazzeo respondió: “No”.

Al oír esto, el sacerdote desplazó su mirada del declarante hacia el joven peón, quien no alcanzó a testificar pero se encontraba en la sala. Quizás el cura haya revivido aquel instante que relató hace poco a la revista Umbrales: “Cuando estábamos cortando los alambres, vino uno de los peones de este señor y nos apuntó con una escopeta. A mí se me heló la sangre”.

La próxima audiencia será el12 de diciembre a las 9.00.