La Declaración de Buenos Aires afirma textualmente:

"Somos herederos de una historia de 150 años. En 1868 trabajadores de astilleros de la provincia de Corrientes fueron a la huelga para no contribuir con la masacre del pueblo paraguayo en la Guerra de la Triple Alianza. Conciencia de clase y conciencia nacional marcan a fuego la identidad del movimiento obrero argentino.

Desde nuestros orígenes como clase, la lucha reivindicativa ha estado ligada a la lucha política. Hoy como ayer, la contradicción principal sigue siendo la misma: Liberación o Dependencia.

Ni los grandes monopolios industriales y agropecuarios ni los beneficiarios del saqueo de las privatizaciones fueron tocados en la médula de sus intereses. El modelo productivo depredador de los recursos naturales y la matriz de distribución de la riqueza permanecen intactos.

El crecimiento económico a partir de la salida de la Convertibilidad les ha permitido cosechar rentas extraordinarias. Pero van siempre por más. Si los precios de los alimentos se cotizan en alza en el mercado mundial, ellos presionan para trasladar esos aumentos al mercado interno. Si hay que ceder parte de la rentabilidad en las discusiones paritarias, se resarcen apropiándose a través de la remarcación de precios de los aumentos que debieron ceder en la negociación con los gremios.

Es necesario transformar estructuralmente el patrón de distribución de la riqueza impuesto a partir del 76 y profundizado en los 90.Entre el año 1993 y el 2002, la participación de los trabajadores en el reparto de la Renta Nacional cayó del 40% al 25%. Esto significó miseria y retroceso social a niveles antes nunca conocidos, en tanto los factores de poder celebraban la “integración responsable de la Argentina al mercado global”.

La reactivación de las luchas por la recomposición salarial en el contexto de una economía en sostenido crecimiento ha permitido elevar esa participación en una cifra que oscila entre los 6 y los 8 puntos. Sin embargo, los grandes grupos económicos ya pusieron el límite y empiezan a mostrar sus armas que son las de siempre, remarcación, inflación, desabastecimiento, persecución sindical y lock-outs patronales.

Frente a esto el Gobierno empieza a mostrar la inconsistencia de un
discurso que se agota en los guiños amistosos y las apelaciones a la responsabilidad del empresariado.

Lo cierto es que profundizar la recuperación de la pérdida de los asalariados en el reparto de la Renta Nacional, con el objetivo de terminar con la indigencia y la existencia de más de 10 millones de compatriotas viviendo debajo de la línea de la pobreza, no será posible sin la adopción de políticas públicas que avancen hacia reformas estructurales que configuren un nuevo modelo económico sustentado en
la justicia distributiva y el desarrollo social. Esto significa que hay que dejar de hablar de techos salariales y empezar a discutir los techos de la rentabilidad empresaria.

¿Es factible hacer esto con la condescendencia de aquellos que se benefician de la desigualdad? El capitalismo de rostro humanitario ya sabemos que no existe. Su único rostro, de frente y perfil, muestra lo mismo: interés y máxima ganancia. Para meterse con ese núcleo duro hacen falta dos cosas: un Estado dispuesto a desarrollar a pleno su capacidad de intervención en la economía y un pueblo organizado y
movilizado para disputar por un reparto más justo de la riqueza.

En el contexto de la etapa histórica de transformaciones que se viven en nuestra región, cualquier intento de buscar caminos intermedios será de hecho una involución. El mandato que tenemos las organizaciones de trabajadores y los movimientos sociales es luchar para la profundización de los cambios que conduzcan a más justicia social, más democracia y más soberanía nacional.

Para ello hace falta construir articulaciones sociales que amplíen nuestra capacidad de disputa y que, al mismo tiempo, permita ir configurando una nueva correlación de fuerzas que exprese la unidad más amplia posible en torno a un proyecto nacional de liberación. En ese rumbo, la Paritaria Social y la Constituyente Social impulsadas desde nuestra Central, constituyen las distintas secuencias temporales del mismo
proceso de acumulación de fuerzas del campo popular para tributar a un proceso de emancipación.

La historia del Movimiento Popular en la Argentina y el papel central de la clase trabajadora a lo largo del mismo nos pone frente a un desafío muy grande. Sin un nuevo sindicalismo integrado con las organizaciones sociales en la pelea por el cambio del modelo distributivo y del modelo productivo, el margen para avanzar se irá angostando y, a la larga, esta oportunidad histórica que hoy se nos presenta puede quedar atrapada en la telaraña de los factores de poder. Esto es lo que le confiere hoy particular importancia a la disputa por la libertad y la democracia
sindical y la Personería Gremial que sostenemos desde hace años.

El Gobierno ha mantenido hasta ahora una actitud de injustificable dilación. Reconoció de hecho a la CTA pero más allá de cierta gestualidad, no tuvo la determinación de obrar con justicia y otorgarle la Personería Gremial. Pudo más la presión de los grupos empresarios en connivencia con sectores poderosos de la vieja cúpula sindical. No le alcanzó siquiera el inusual respaldo a la demanda de la CTA, por lo contundente y por lo taxativo, de la última Asamblea Anual de la OIT.

Lo cierto es que relativizar esta cuestión, poniéndola en el plano de una mera interna sindical o invocando supuestos obstáculos jurídicos, es como querer tapar el sol con la mano. Este es el talón de Aquiles de cualquier proyecto de contenido popular que intente desafiar los intereses del capital concentrado. Sin una clase trabajadora liberada de sus ataduras, es imposible siquiera pensar en avanzar con políticas distributivas que toquen intereses vitales del poder económico.

La impunidad y la corruptela del viejo aparato sindical que tanto parece escandalizar a los factores de poder, no sería posible sin la actitud condescendiente del Estado y de los mismos patrones, que son los primeros en afirmar a través de las empresas periodísticas que ellos mismos manejan que todo el sindicalismo está podrido.

Mienten y ellos lo saben mejor que nadie. Hay un movimiento sindical que por lo bajo a pesar de los aprietes de un lado y del otro, a pesar de las listas negras y de los aberrantes actos de criminalización de la protesta social por parte de los energúmenos de la mano dura, sigue fluyendo, sigue dando batalla y sigue manteniendo la presión por una distribución más justa de la riqueza.

Ese movimiento sindical con autonomía y vocación democrática crece y se proyecta, a pesar de los que intentan negarlo, como perspectiva de futuro encarnado por la CTA . Por el contrario, el único irremediablemente perimido a futuro es el de las cúpulas que ellos apañan.

En tanto, miles de luchadores sociales que son presionados con la carencia del paraguas del garantismo sindical, más otros tantos que son despedidos o penalizados, dan cuenta de una energía que no está dispuesta a dejarse encorsetar a pesar de la legalidad que se nos niega.

El Gobierno que se va deja abierta una deuda que no es sólo con los trabajadores, sino con todos los argentinos que quieren vivir en un país con democracia y con justicia social.

En lo que respecta a nosotros, no vamos a seguir acumulando expedientes legales puesto que ya se dijo todo. La razón y la legitimidad están de nuestra parte. Vamos a ganar la legalidad que le desate las manos definitivamente a los trabajadores movilizados como hasta ahora en las calles de todo el país, luchando por la libertad y
la democracia sindical no como un fin en sí mismo, sino como parte de la decisión conciente de asumir como clase trabajadora un papel cada día más preponderante en el camino de la justicia social, la democracia y la autonomía nacional.

Argentina y América Latina protagonizan un tiempo de oportunidad histórica. Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Ecuador y el ejemplo señero de Cuba demuestran que hay otros caminos, diferentes a los que marca el Imperialismo norteamericano y sus socios cipayos, para alcanzar el bienestar de nuestros pueblos y la emancipación de nuestras naciones.

En consonancia con la historia de luchas y conquistas de la clase trabajadora y convencidos de que es posible articular una nueva experiencia de poder popular para revertir este modelo que beneficia a los grupos dominantes, estamos convocando al conjunto de las fuerzas populares a movilizarnos hacia la Plaza de Mayo el 22 de abril del año que viene para instalar la Paritaria Social y a autoconvocarnos en una Constituyente Social el 2 y 3 de agosto de 2008 en Jujuy para reafirmar la necesidad de un nuevo proyecto de Nación.

Debate y acción, teoría y práctica, unidad y organización, solidaridad y participación. He allí algunas de las claves que van configurando la estrategia de poder necesaria para volver a ser libres, dignos y felices en nuestra propia Patria.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 5 de Diciembre de 2007