Bárbara Reisner, delegada general de la Junta Interna de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE-CTA) del Senasa explicó a ACTA que se ha contratado personal o se han realizado acuerdos con fundaciones para realizar las campañas de vacunación animal. La dirigente advirtió que esa es apenas una de las áreas desde donde se tiende a privatizar el servicio, reduciendo el control del estado.

La dirigente se mostró preocupada por una reciente resolución del titular del Senasa, Jorge Amaya que amplió la vigencia del documento de transito que expide el organismo para el ganado que debe ser transportado desde los campos al matadero o los frigoríficos.

“Hasta ahora ese documento tenía una validez de 30 horas. Extenderlo es poner en riesgo la salud de la población. Lo están haciendo para quitarle fuerza al paro, la herramienta que tienen los trabajadores para defender su salario, pero también la fuente de trabajo, explicó. Esa fuente de trabajo-no hay que olvidarlo- es el Senasa, que es patrimonio de todos

La medida de fuerza demanda también el cobro de 200 pesos hasta la reapertura de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo.