Después de disertar ayer por la tarde en el Salón Azul de la CTA, Lozano aseveró a ACTA que “tal cual están planteadas las cosas con un sistema público que paga haberes mínimos a un 73 por ciento de jubilados que dependen de él sin que se tomen definiciones respecto a la necesaria actualización de los haberes pese a la existencia de recursos disponibles en el Anses (superávit acumulado de 20.300 millones de pesos a noviembre de este año), queda claro que con estas definiciones el diseño del Sistema Público Previsional se encamina más a transformarse en el complemento asistencial de lo que no puede resolver el régimen privado que a la conformación del nuevo Sistema de Seguridad Social que los argentinos necesitamos”.

El legislador reconoció que existen datos nuevos en el contexto previsional que es indispensable considerar. “Hay aproximadamente un millón y medio de jubilados que han recompuesto su poder adquisitivo o por lo menos lo han mantenido sin perder en la carrera con los precios; hay otro millón trescientos mil que hoy tienen una jubilación que ayer no tenían y, finalmente, hay un millón setecientos mil jubilados que han visto mermar su poder adquisitivo respecto al año 2001”.

Precisó que con independencia de las distintas situaciones, “para todos ellos en un contexto donde los precios se mueven hacia arriba el debate sobre la movilidad se transforma en una cuestión central” y en este sentido sostuvo que “existen recursos para financiar el pago de la deuda acumulada y los nuevos haberes resultantes hacia el futuro”.

A su juicio, “las disponibilidades del Anses más los niveles de reservas de los que hoy dispone la Argentina son cifras más que suficientes para afrontar una deuda absolutamente legítima como la que tiene el Estado con sus jubilados y varias veces menor que otras deudas que el Estado ya reconoció y además pagó”.

A propósito de este tema, cabe consignar que las organizaciones de jubilados de la CTA entregaron ayer a Lozano la documentación con trece mil firmas en respaldo de la Iniciativa Popular para que la Cámara de Diputados trate el proyecto de movilidad de los haberes jubilatorios.

Respecto al plazo para la opción jubilatoria que expira el próximo 31 de diciembre, Lozano apuntó: “si la propuesta de la libre opción era una estrategia de transición es imprescindible definir cómo va a ser el sistema previsional del futuro. En este sentido corresponde precisar que deberíamos eliminar la idea de seguir optando y avanzar en la consolidación de un sistema público previsional debidamente financiado. La razón es simple, en Argentina, que no es Suecia, el 60 por ciento de los trabajadores son desocupados, ilegales o informales, y el ingreso promedio de los ocupados no supera los mil pesos. En ese contexto –enfatizó- plantear una opción de capitalización es un verdadero disparate ya que el común de los trabajadores no puede capitalizar nada”.

A renglón seguido indicó que “por lo tanto, cualquier estrategia de capitalización debe ser un complemento optativo de un régimen público que debe ser obligatorio para el conjunto”.

Números alentadores

De acuerdo a los últimos registros durante la Campaña Volvé a Reparto que lideró la CTA, se pasaron un millón de trabajadores de las AFJP al Régimen de Reparto de manera voluntaria.

Por regímenes especiales (docentes, Cancillería, investigadores, científicos, etc) se pasaron otros 300.000.

Y de manera automática, es decir aquellos que no acumulan saldos suficientes en las administradoras por lo menos para cobrar el haber mínimo que fija el Estado, se pasaron 1.200.000 trabajadores.

Así las cosas, y según los cálculos del economista de la CTA, la perspectiva para fines de este año es que en el ámbito de las AFJP queden 9.300.000 trabajadores y 5.000.000 en el Estado. Una cifra que alienta a los trabajadores a ir en el 2008 por la pelea de fondo para que, tal como lo marca la Constitución Nacional, en nuestro país vuelva a exister un solo régimen jubilatorio: el estatal, universal y de reparto.