En la reanudación del juicio a los once acusados de desalambrar un campo de Cañada Larga en defensa de la posesión de una familia campesina, declararon el 12 de diciembre el sargento Jorge Omar Carrizo y el oficial Flavio González, ambos del Destacamento Paso Viejo, cuyos testimonios abonaron lo denunciado por dos de los imputados acerca de la actitud parcial de la Policía frente a los conflictos por la tenencia de la tierra en la zona.

Ambos policías dieron respuestas confusas y contradictorias al ser interrogados por el Tribunal y las partes acerca de las denuncias que habrían formulado los Loyola contra Ramón Mazzeo por usurpar la propiedad en la que viven desde hace varias generaciones, presentadas con anterioridad a aquel 5 de febrero de 2005 en que, hastiados por la falta de respuestas y el avance sobre su tierra, decidieron desmantelar el alambrado.

El primero en declarar fue Carrizo. Dijo haber estado en tres ocasiones en el campo en litigio, cuando Mazzeo denunció respectivamente que le cortaron el alambrado, le arrojaron aceite en el pozo de agua y le obstruyeron el ingreso con pencas y cardones. A la pregunta de cómo sabía que el bonaerense era el dueño, respondió: “Porque estaba ahí”. En cambio, no supo determinar si los Loyola son nacidos y criados en el lugar.

Para Carrizo, los postes volteados “eran viejos” porque “estaban como secos”.

Por su parte, González -quien se desempeñaba como Secretario de Actuaciones- refirió que Mazzeo presentó el título adquirido al Banco Central de la República Argentina (BCRA) del campo “que consideraba territorio de él”. Además, indicó que luego del corte del alambrado se montó un “amplio operativo de la Guardia de Infantería” -incluso con efectivos de Cruz del Eje- ordenado por la Fiscalía (entonces a cargo de Raúl Casado) para “preservar el lugar y evitar males mayores”.

Contradiciendo a su subalerno, para González los postes volteados “eran nuevos”.

Cuando la presidenta del tribunal, Clara Luna de Manzano, quiso saber cómo identificaron a los imputados, González respondió que el denunciante aportó todos los nombres y apellidos.

También admitió el oficial que la Policía recibe en la zona muchas denuncias relacionadas con la tenencia de tierras y explicó que en estos casos se piden los títulos que acrediten la propiedad; de no existir esta documentación, se sigue investigando y “se consulta a la Fiscalía”.

Nada de eso se hizo en este caso, según revelaron en la audiencia anterior Carlos Nicolás y Juan Carlos Loyola, quienes aseguraron haber recurrido varias veces a las autoridades policiales, que esgrimieron diversos pretextos para no receptar sus denuncias.

Desde ese antecedente, la fiscal Haidé Gersicich inquirió por qué algunas denuncias se radican en Soto y Tuclame si Cañada Larga está en jurisdicción de Paso Viejo. “Porque a veces hay un solo personal y si sale, la gente no encuentra nadie”, respondió el testigo policial. “¿Y en Soto y Tuclame les derivan las denuncias?”. “A veces sí, y otras veces las trabajan ellos”.

Cuando consultado por la defensa, González aseguró no haber recibido nunca una denuncia de los Loyola, el abogado Ramiro Fresneda pidió que se lo caree con los aludidos para dilucidar quién dice la verdad.

Carlos Nicolás y Juan Carlos Loyola están acusados, junto a Juan Medardo Allende, Lorena del Valle Capdevila, Juan Camilo Herrero, Juan Ramón Maldonado, Dominga del Carmen Mercado, Ceferino Darío Romero, María Cecilia Suau, Javier Scheibengraf y el cura párroco de Serrezuela, Carlos Julio Sánchez, de “daño calificado agravado por delito en banda”, cargo al que la querella pretende sumar el de “asociación ilícita”, por haber asumido todos su militancia en la Asociación de Productores del Noroeste de Córdoba (Apenoc), entidad que forma parte del Movimiento Campesino de Córdoba.

Después les tocó el turno dos vecinos que ratificaron la posesión histórica de la familia campesina. El testimonio más sustancioso fue el de Alejandro Carrizo, vecino de los Loyola, a quienes dijo conocer desde 1982. “Por eso me llamó la atención que Mazzeo compre el campo. A mí me sorprendió que comprara los títulos de ese campo, sabiendo que estaba habitado. Por eso lo habíamos rechazado nosotros cuando nos lo quisieron vender”, aseguró el testigo entre murmullos de sorpresa. El que se lo quiso vender fue Domingo Lizio, un primo de Mazzeo -y hermano de la ex legisladora Beatriz Lizio- que adquirió un predio vecino en 1990. “Mazzeo lo visitaba seguido”, reveló Carrizo, sembrando dudas sobre la versión del querellante en la audiencia anterior, cuando afirmó haberse enterado del remate de la propiedad por un aviso en un diario.

El testigo detalló la historia reciente de esas 2.000 hectáreas, en las que un día apareció gente del BCRA tomando medidas, lo que lo puso en alerta. “¿Usted fue intimado por el Banco Central?”, preguntó el abogado querellante, Pablo Olmos. “No, al revés. Mis padres enviaron una carta documento al Banco Central avisándoles que esos campos estaban ocupados”, replicó Carrizo.

“Les pido que tengan en cuenta la reacción de Mazzeo luego de mi declaración. Están pasando cosas en el campo. Desde que él llegó y contrató personal, se ha generado inquina y rencor entre vecinos y parientes, como cuando contrató al sobrino nieto de Loyola como cuidador del campo”, terminó diciendo Carrizo. Se refería a Juan Pablo Loyola, cuya ausencia sorprendió en la audiencia de hoy y se espera que se presente mañana como principal testigo de la acusación.

Así languideció la tercera audiencia, matizada con los retos y advertencias de la jueza a los testigos policiales y a los abogados de ambas partes -aunque especialmente a los querellantes por su verborragia irrespetuosa “de la autoridad de los jueces como conductores del debate”-, palabras que bajaron la temperatura ambiente con más eficacia que el gélido aire acondicionado.