El reclamo se dio al conmemorarse este lunes el octavo aniversario del "puentazo" episodio que refiere la ocupación de ese paso interprovincial por manifestantes durantes varios días en el 99 y que culminó en una dura represión con el saldo de 30 heridos de bala y dos muertos.

Los querellantes consideraron apropiado en el marco de tan cara fecha para organizaciones sociales y de derechos humanos, elevar un urgimiento a la Justicia Federal para llegar a la imputación de los responsables y reactivar así una causa que no tiene avances hace siete años. "En memoria de Mauro Ojeda y Francisco Escobar queremos respuestas" dijeron.

Tras llegar al frente del Juzgado escoltados por una delegación de manifestantes, abogados y dirigentes de la Red Provincial de Derechos Humanos fueron recibidos en audiencia por el juez federal Soto Dávila.

Ante el magistrado requirieron la urgente reactivación de la causa mediante la producción de pruebas, las indagatorias en su momento peticionadas, así como pericias también requeridas y nunca concretadas. "Motiva la presente petición y el carácter de urgimiento la prolongada duración de este proceso" le explicaron al juez.

Allí pidieron la imputación de los que se consideran los principales responsables: el ex-presidente, Fernando De la Rúa; el ex-ministro del Interior, Federico Storani; y el ese entonces comandante de Gendarmería.

En la reunión Soto Dávila reconoció lentitud en el proceso, y apuntó la demora a la falta de personal y a causas muy complejas como el secuestro de Cristian Schaerer y las desapariciones en el Ex Regimiento Nº9.

Se comprometió a emitir informes mensuales sobre las decisiones que vayan tomándose sobre la causa, aunque aclaró que es muy complejo alcanzar la verdad en esos episodios.

Por su parte, los ocho representantes de la querella y organizaciones sociales presentes en la audiencia le cuestionaron que no se considere la trascendencia del hecho como para relegarla frente a otros procesos que investiga la justicia federal.

Le mencionaron que todavía quedan pruebas en el escenario de la represión, como restos de balas en árboles, impactos de balas en cárteles, así como las lesiones en las más de cincuenta personas heridas en la ocasión.

Daro Esquivel, abogado querellante, consideró que la falta de avance en el proceso no tiene asidero, en vistas de las innumerables pruebas que serían suficientes al menos para la imputación de algunos responsables y autores materiales de la represión.

Dijo que en el ámbito interno no hay expectativas, pero que en el plano internacional la Comisión Interamericana estaría por fallar a favor de conminar al Estado argentino para que ejecute una investigación acorde a la importancia que tuvieron los episodios, así como por las explícitas responsabilidades que pueden comprobarse mediante las pruebas.

Fuente: www.momarandu.com de Corrientes