En un clima enrarecido, con la tragedia del día 5 de diciembre pasado sobrevolando el casi desierto campus de la Universidad Nacional de Río Cuarto, la Comisión Multisectorial de Seguridad conformada la semana pasada, comenzó el lunes sus actividades acompañada por las inspectoras de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo de la Nación, Viviana Núñez, Lidia Porchetto y Andrea Varekie.

A pedido de la Asociación Gremial Docente de Río Cuarto (AGD-CTA), participaron de la recorrida inicial Deolidia Martínez, Silvia Belga y Eduardo Ahamendaburu del Instituto de Salud Laboral y Medio Ambiente (ISLyMA-CTA) y José Goroso y Juan Carlos Lucero, de Fabricaciones Militares de Villa María y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE-CTA).

De esta recorrida inicial, que concluirá con un informe de la delegación oficial, surgen tempranamente fundadas dudas acerca de la seguridad que ofrecen las instalaciones universitarias a los integrantes de esa comunidad universitaria.

Los integrantes del ISLyMA) remarcaron que la absoluta prioridad es garantizar la vida y la integridad física de docentes, estudiantes y no docentes, pero sin olvidarse que “lo ocurrido no es atribuible a la fatalidad, sino que hay responsables a los que corresponde un condigno castigo”.

“La tragedia hizo visible una Universidad puesta al servicio de intereses privados, indiferente a la vida y el destino de la inmensa mayoría de los argentinos”, coincidieron los representantes del Islyma.

La tragedia en la planta piloto de la Facultad de Ingeniería de la UNRC, ocurrida a causa de una pérdida de hexano, un solvente altamente inflamable, ya se cobró las vidas del estudiante Juan Andrés Politano (22) y de los investigadores Liliana Giacomelli (42), Carlos Ravera (64) y Damián Cardarelli (43).