Uno de los seis detenidos por la pueblada de Corral de Bustos, ocurrida el 4 de diciembre diciembre de 2006, fue internado en la terapia intensiva del Hospital Regional Pasteur de Villa María luego de haber sido agredido por otro recluso en la Unidad Penitenciaria nº 5 cárcel de esa ciudad del sur provincial

Hugo Daniel Dobba sufrió el puntazo que le perforó uno de los pulmones en la enfermería del penal, aparentemente cuando se resistía a que otro interno le robara un reloj.

Dobba es uno de los imputados que todavía continúa detenido por la pueblada de Corral de Bustos, desatada luego de la violación y el crimen de la niña Ariana Sabache, de 3 años, que derivó en la quema de los tribunales de esa ciudad del sudeste provincial.

Actualmente la causa está a cargo del fiscal Oscar Aliaga, quien informó que habilitará la feria judicial para la continuidad de las actuaciones que permitan elevar a juicio el caso que afecta a casi cincuenta personas.

“Rechazo a la judicialización de la protesta social”

La asesora legal de la CTA-Córdoba y defensora de tres de las personas detenidas, Cecilia Pérez Correa, manifestó que “durante el desarrollo del proceso judicial, la Central ha acompañado cada uno de los actos producidos, con una actividad dirigida a expresar el rechazo a la judicialización de la protesta social, como metodología del Estado destinada a combatirla”

“La Central ha logrado crear conciencia en la población, de la importancia de militar por la justicia de manera concreta y permanente como único medio de revertir una realidad donde los derechos elementales de los ciudadanos son violados con total impunidad, por aquellos a quienes se les ha dado el poder para asegurar la vigencia plena de los las garantías otorgadas por la Constitución Nacional, para vivir una sociedad libre y justa”, afirmó.

“Pese a la gravedad de lo ocurrido, la justicia no ha demostrado ningún interés por averiguar porque, dos mil personas se autoconvocaron para manifestar su indignación ante la inactividad del Poder Judicial frente a las numerosas denuncias de ilícitos allí formuladas”, aseguró.

“El caso Corral de Bustos ha puesto en evidencia la ineficiencia del sistema judicial para cumplir con su obligación de descubrir la verdad real de lo ocurrido, como para individualizar a los verdaderos autores del incendio de la sede de los tribunales y lo que es más grave aún, su incapacidad para ejercer la administración de justicia manteniendo privada de su libertad de manera ilegítima a ciudadanos inocentes”, finalizó Pérez Correa.