En una jornada agobiante en el norte santafesino, jóvenes integrantes de la CTA se encontraron en Tostado, cabecera del Departamento 9 de julio, para debatir diversos temas relacionados con su actualidad.

La convocatoria giró alrededor del recuerdo a los militantes sociales asesinados durante la represión de diciembre de 2001.

En la apertura del encuentro se realizó un panel sobre militancia social y gremial joven y Juventud CTA, a cargo de Diego Cardozo (Mesa Local CTA Santa Fe), Sergio Tolosa (Asociación del Magisterio de Santa Fe), Marcelo Villán y Edgardo Crettaz (CTA Noreste), María Eva Durá (Secretaria General Juventud CTA Santa Fe) y Florencia Ruben (HIJOS Santa Fe). Frente a ellos, jóvenes de distintos barrios y organizaciones de Tostado, además de los llegados desde Vera, Reconquista y Santa Fe escucharon las exposiciones.

Luego del almuerzo, se proyectó el documental “PocHormiga”, realizado en homenaje de Claudio “Pocho” Lepratti y que provocó la emoción de muchos de los jóvenes presentes.

Posteriormente, en tres comisiones se debatieron los alcances de la represión en la provincia de Santa Fe, se avanzó en el conocimiento del Programa Primer Empleo y se discutió acerca de la necesidad de impulsar la creación de centros de estudiantes en las escuelas secundarias.

Las conclusiones fueron expuestas cuando caía la tarde, en la Plaza 25 de Mayo. Los jóvenes destacaron la enriquecedora experiencia de conocer cómo las problemáticas los afectan pese a vivir en diferentes realidades. Se remarcó la necesidad de recuperar la palabra “política” en las escuelas secundarias, teniendo presente que “todo es un trabajo de hormiga”. “Hay que tomar las banderas del PocHormiga, para que no muera por segunda vez”, manifestó un joven.

Antes del cierre musical, con una banda de rock local, se leyó el siguiente documento:

Al cumplirse seis años de la represión de diciembre de 2001

"Hasta mediados de los 70 la juventud argentina participó activamente de los debates políticos de nuestro país, forjándose en la resistencia a los gobiernos autoritarios, y en la construcción de un proyecto nacional justo y solidario para el pueblo argentino.

Uno de los objetivos que buscó la última dictadura militar fue el de eliminar toda esa generación de jóvenes que organizaban la lucha, desapareciendo y reprimiendo a buena parte de la juventud y neutralizando, o ganando a una porción para su propio proyecto reaccionario.

Para los que no encajaban en sus esquemas, el saldo fue evidente: de los 30 mil desaparecidos, el 60% eran menores de 30 años.

Los números no han cambiado mucho: de cada 10 desaparecidos o asesinados 6 eran jóvenes; hoy de cada 10 presos 6 son jóvenes y de cada 10 desocupados 6 son jóvenes.

En nuestra provincia, los jóvenes representan el 25% de la población total. Cerca del 28% de estos jóvenes está desocupado a lo que se le debe sumar el 5% de jóvenes resignados que ya no buscan empleo aunque lo necesiten.

En Santa Fe el 60.6% de los jóvenes entre 20 y 24 años son pobres y el promedio de edad en las cárceles santafesinas es de 24 años.

De esto podemos afirmar que dicho grupo se halla en situación de exclusión, ya que son ellos quienes mayormente reciben el impacto de las condiciones actuales de empleo y educación. Teniendo presente que son los jóvenes quienes transitan una etapa de definición de sus proyectos vitales, tales condiciones resultan definitorias.

Estas situaciones se fueron gestando durante muchos años y con ella, el miedo a la participación política y social por un lado y la cultura individualista y superficial que en los 90 se instaló con fuerza a “cavallo” de la ola neoliberal menemista.

El modelo de país propuesto durante la dictadura y perfeccionado durante los 90 significó el triunfo de lo grandes grupos de poder generando enormes ganancias para empresarios y capitales extranjeros, sumiendo en la miseria a la gran mayoría de los argentinos.

Ese modelo hizo eclosión el 19 y 20 de diciembre de 2001, donde miles y miles de jóvenes salieron espontáneamente a las calles a decir basta y a comenzar a transitar nuevo caminos.

A pesar de esto, se hicieron presentes viejos fantasmas de la época más oscura de nuestra historia reciente. Fernando de la Rúa al frente del gobierno dispuso el estado de sitio en todo el país y comenzó así un plan sistemático de represión a los manifestantes que contó con la complicidad de todos los gobiernos provinciales y dejó un saldo de 34 muertos y cientos de heridos regados en la Plaza de Mayo, Gran Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Río Negro, Corrientes, Córdoba y Tucumán.

En nuestra provincia fueron nueve las víctimas fatales de los cuales ocho se vinculan directamente con el accionar policial. El caso más conocido es el de Claudio “Pocho” Lepratti, asesinado en la escuela Nº 756 del Barrio Las Flores de la cuidad de Rosario mientras se encontraba preparando la merienda para chicos cadenciados. Cuando escuchó los disparos subió a los techos y comenzó a gritar a los policías que no disparen, ya que la escucha estaba llena de chicos y temía que fueran alcanzados por las balas. En el momento de la ejecución, Pocho tenía 35 años de edad.

La lista de las víctimas se completó de la siguiente manera:

Graciela Acosta (35 años). Muerta presuntamente por la policía.

Juan Alberto Delgado (24 años). Muerto presuntamente por la policía.

Rubén Pereyra (20 años). Muerto presuntamente por la policía.

Walter Campos (17 años). Muerto presuntamente por la policía.

Liliana Yanina Díaz (18 años). Muerta presuntamente por la policía.

Ricardo Villalba (16 años). Muerto presuntamente por la policía.

Graciela Machado (35 años). Muerta presuntamente por la policía.

Marcelo Pacini (15 años). Muerto presuntamente por la policía.

Hoy, la justicia imputa a De la Rúa por su responsabilidad política en la muerte de los cinco manifestantes en Plaza de Mayo. En Santa Fe sólo fueron juzgados los autores materiales del asesinato de Pocho, el agente Esteban Velásquez y el sargento Rubén Pérez.

Al cumplirse seis años, la justicia santafesina no avanzó en la investigación sobre responsabilidades políticas e ideológicas en la represión de diciembre de 2001, garantizando la impunidad del ex gobernador Carlos Alberto Reutemann, del ex ministro de Gobierno Lorenzo Domínguez y del ex secretario de Seguridad Pública Enrique Álvarez, entre otros.

Carlos Alberto Reutemann es hoy senador nacional representando a la fuerza política que se embandera con la lucha por la defensa de los derechos humanos y se ha convertido en el único caso en el que se dicta la inocencia de un sospechoso aún sin haber sido citado a indagatoria ni siquiera en calidad de testigo.

Hoy somos los jóvenes los protagonistas, y los que podemos comenzar a escribir nuestra historia. Levantando las banderas de nuestros mártires y reivindicando en cada acción el gesto solidario y comprometido de quienes nos precedieron en la lucha.

De nosotros depende construir un presente lleno de oportunidades cuyos sólidos cimientos sea la convivencia, la participación, la honestidad y la justicia.