Expresión poco feliz, ante el duelo que aún vive esa comunidad universitaria por sus muertos, la incertidumbre por la suerte de sus heridos y la crisis psicológica derivada del trauma por las explosiones.

En cuanto la seguridad de la institución que asegura el legislador, basta mencionar que el 26 de octubre de 2005 explotó el horno de la cocina del comedor, y que un mes después se produjo otra explosión en el horno incinerador de la Facultad de Agronomía y Veterinaria.

Cantero con su temeraria expresión parece ignorar además el informe de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) del período 2005-2006. Este informe cuestiona severamente las condiciones de seguridad y jamás fue tratado por el Consejo Superior de la Universidad.

La SIGEN, además, se pronunció crítica y públicamente de la inacción de las autoridades de esa casa de estudios. Este pronunciamiento no es en absoluto antojadizo, ya que, entre otras cuestiones, José Luis Pincini, secretario técnico de la Universidad nunca reunió a la Comisión de Seguridad.

Las expresiones vertidas por Cantero, desafortunadas por la ocasión, son además falaces. La certeza con que arriesga una cifra para resolver los problemas de seguridad podrían hacernos suponer que existía un conocimiento cabal de los problemas y un ocultamiento deliberado de su existencia; o bien, son producto de una irresponsabilidad supina. En ambos casos, manifiesta un absoluto desprecio por la vida y la salud de la comunidad; así como de los bienes públicos comprometidos.

Como sea, apuntan a desmovilizar, a mantener una “normalidad” institucional como si nada hubiera pasado e impedir la concreción de un Plan de Seguridad en el que tenga participación la comunidad de Río Cuarto. En definitiva, son un cachetazo a la democracia y la memoria expresada por la Asamblea que impuso al Consejo Superior el cese de actividades para evaluar la seguridad y coadyuvan a consagrar la impunidad ante lo acaecido e impedir la individualización de los responsables.

Lo preocupante es que los dichos de Cantero no son un hecho aislado. Forman parte de la reacción cerval e instintiva de preservación con que han actuado las instituciones de los estamentos universitarios, salvo honrosas excepciones, con el fin de justificar lo injustificable.

Así han actuado el Consejo Superior, las autoridades universitarias en general y de la Facultad de Ingeniería en particular; los sectores que trabajan en investigación y el Área de Servicios, vinculados al sector privado, quienes manejan cuantiosos fondos en contraposición a lo exiguo del presupuesto de la Universidad. La Federación Universitaria de Río Cuarto (FURC), sin correspondencia con la reacción espontánea y asamblearia del movimiento estudiantil, también se sumó a la entente. Hizo lo propio la Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional de Río Cuarto (ATURC), encabezada por Nelso Farina, alineada con la burocracia cegetista, la que ha actuado como grupo de choque de las intenciones de esta alianza por el retorno a la “normalidad”.

La “normalidad” pretendida por esta extraña coalición, que abarca el “neutralismo científico”, los discursos neoliberal y de centro izquierda y el pragmatismo burocrático de la CGT, es un vano intento por “tapar el cielo con un arnero”. Está basada en tapar las ollas podridas de una Universidad en crisis, enmarcada en las políticas neoliberales de los años 90, corporizadas en la Ley de Educación Superior, promulgada en 1995.

Esta Universidad ahogada presupuestariamente, con edificios en condiciones lamentables, somete a docentes y estudiantes a condiciones indignas e inseguras de trabajo y estudio. A la par, salarios deprimidos, pocas o nulas perspectivas de progreso, y sobre todo el sinsentido institucional como generador de títulos, prestos a ser arrojados a la voracidad del mercado laboral, al margen de un proyecto colectivo de país en el cual deberían realizarse las vocaciones científicas, artísticas y profesionales.

Adocenada y acrítica, incapaz de generar un conocimiento transformador a partir de investigaciones genuinas a favor de un desarrollo nacional soberano, reserva un lugar de privilegio para aquellos que se posternan ante el interés de las grandes empresas privadas. Estos sectores que perciben generosas retribuciones por sus investigaciones, producen en forma barata, cuantiosas ganancias para sus mandantes, haciendo uso de instalaciones, equipos, docentes e investigadores pagados por el erario público.

Las investigación en la Planta Piloto de la UNRC, fue encomendada por De Smet S.A.I.C. a partir de un Convenio Marco, que nunca fue formalizado, con el objeto de optimizar la extracción de aceite mediante hexano, por lo que su inicio de ejecución era absolutamente irregular. La documentación debía ser firmada por el mandante y la Fundación de la Universidad, presidida por el ingeniero Carlos Bortis, a su vez, vicedecano de la Facultad de Ingeniería.

La tragedia del día 5 de diciembre, hizo visible lo invisible, lo que los indiferentes a la vida y el destino de la mayoría de los argentinos, se obstinan en tapar.

Fluidos contactos con la industria aceitera

De Smet S.A.I.C. radicada en la República Argentina, pertenece al grupo De Smet Ballestra, empresa multinacional de origen belga, que mantiene vínculos con la UNRC desde hace 10 años. Su rubro principal es la construcción de plantas para la extracción de aceites y como tal tiene por clientes a Molinos, Aceitera General Deheza (AGD), Dreyfus y Nidera, entre otros. En particular, su relación con (AGD) es de larga data, como la construcción de la planta de Terminal 6 S.A., empresa vinculada al grupo; la provisión de equipos para la empresa integrante del grupo Aceitera Chabás S.A.; la provisión de ingeniería y equipos para la Planta GEZA 5 de (AGD) S.A. Esa relación se refuerza a partir de la decisión de (AGD) de producir biodiesel en una planta en Rosario, asociada con la multinacional Bunge, en la que la provisión de equipos estará a cargo de De Smet Ballestra.

Estas empresas multinacionales, dedicadas fundamentalmente a la exportación de commodities, poco o ningún compromiso tienen con un desarrollo nacional soberano que atienda las necesidades insatisfechas de las mayorías populares. Desde su visión transnacionalizada sólo conciben a la Universidad como proveedora de investigación a bajo costo y formadora de profesionales a su medida.

Demás está decir que basan su accionar económico en la vigencia de un modelo agroexportador, que desvasta las posibilidades de nuestro país. Forman parte de un paradigma de producción orientado al mercado globalizado, en tanto encarnan en lo interno una distribución del ingreso absolutamente inequitativa en detrimento de las mayorías populares. Encaran la “panacea” de la producción del biodiesel, mientras se sigue enajenando bochornosamente la renta petrolera y minera; propician el monocultivo transgénico, que desertifica nuestros campos, erosiona el suelo, deforesta y expulsa a campesinos de sus legítimas tierras.

Otro tanto ocurre con las empresas que se han apropiado a través de la vergonzosa vigencia de la Ley de Radiodifusión de la dictadura militar o privatizaciones mediante de las comunicaciones; o de aquellas ligadas a la industria farmacéutica, o las que aprovechando las políticas sistemáticas de desmantelamiento del Estado Nacional, hacen negocio con la seguridad social, la salud y la educación, transformándolo en una entidad meramente gerencial a favor de sus intereses.

Es sencillo advertir, que lo ocurrido en la UNRC, no es ajeno a la perversidad de las políticas neoliberales aún en vigencia, que han sentado sus reales en las Universidades Nacionales, en las que se desarrollan líneas de investigación cuyo único norte es la mayor productividad y la apropiación privada del lucro que esta genera.

Párrafo aparte merece el papel de la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) con la que la UNRC tiene contratada la cobertura de la seguridad laboral y cuyo papel no debería ser solamente concurrir dinerariamente a cubrir las contingencias una vez que la tragedia ocurrió, sino precisamente a evitarlas mediante inspecciones periódicas, la implementación de políticas de capacitación en la materia y la elaboración de planes para el mejoramiento de la seguridad.

Es difícil imaginar como pudo escapar al ojo experto, lo que el sentido común percibe: una guardería para el personal de la UNRC, instalada a sólo 20 metros de la Planta Piloto donde ocurrió la deflagración. Sólo contingencias azarosas permitieron que lo sucedido no adquiriera niveles aún mas dramáticos, si esto fuera posible.

No es de extrañar esta actitud, como así el discretísimo segundo plano que dicha empresa mantiene. En definitiva, el sistema de riesgos del trabajo vigente desde la infame década del 90 y cuya piedra angular son las ART, forma parte del vaciamiento de la seguridad social, que puesto en manos de privados vinculados al capital financiero, sólo atiende el objetivo de la maximización del lucro y reducir la seguridad a un simple y estéril papeleo burocrático.

En consecuencia, lo ocurrido no es atribuible a la fatalidad. No a la impunidad es el firme mandato de las expresiones asamblearias espontáneas y de toda la comunidad. Es necesario investigar y que las responsabilidades que surjan tengan un condigno castigo. En ese deslindamiento de responsabilidades deberán rendir cuenta las autoridades universitarias, la empresa mandante de la investigación y la aseguradora de riesgos del trabajo.

En tanto las víctimas y sus familias deambulan a la espera de una respuesta oficial a las duras consecuencias post traumáticas que no llega. La movilización y la asamblea aparecen como el mejor recurso para la preservación de la salud. De hecho, son los sectores movilizados, en particular la Asociación Gremial Docente de la UNRC, quienes han tomado cartas en el asunto y han empezado a montar mecanismos de contención de los afectados.

No es necesario una catástrofe para iniciar una acción transformadora. Pero lo ocurrido el 5 de diciembre, convoca a iniciarla sin esperar pasivamente otro Río Turbio, otro Río Tercero, otro ALUAR, otro Cromañón o má víctimas como las que a diario sucumben producto de un sistema injusto para el que la vida no vale nada.

En el caso de la Universidad, la prevención sólo es posible con participación activa de la comunidad, sin delegarla exclusivamente en manos de los expertos. Para ello, hay que iniciar las tareas de la refundación universitaria sobre los pilares de la autonomía y la democracia, hoy profundamente cuestionadas por quienes la posternan ante los intereses de las empresas privadas. Luchar por la vida es también luchar por una educación pública superior y universitaria de excelencia científica, pedagógica y administrativa al servicio de un proyecto colectivo de país socialmente justo, en el marco de políticas que contribuyan a su soberanía política, económica, energética y alimentaria.

A casi 90 años de la Reforma Universitaria, parecen retumbar voces redivivas de aquel Rector de la Universidad de San Carlos, citadas en su Manifiesto Liminar, quien decía: “Prefiero antes de renunciar que quede el tendal de cadáveres de los estudiantes”.

Ante estos profetas de la muerte, nuevamente se alzan aquellos, cuyo derecho más básico a la vida es cuestionado, para decir, junto a aquella juventud cordobesa y latinoamericanista de principios del siglo XX que “El chasquido del látigo sólo puede rubricar el silencio de los inconscientes o de los cobardes. La única actitud silenciosa que cabe en un instituto de ciencia es la de aquel que escucha una verdad o la del que experimenta para crearla o comprobarla”.

Junto a ellos, decimos: Nunca Más.