Los diputados nacionales Claudio Lozano, de la CTA, y María América González del ARI, intentaron debatir sobre tablas dos proyectos sobre el tema. Uno para extender el fallo de la Suprema Corte de Justicia –que benefició el pedido del jubilado Adolfo Badaro– a todos los jubilados que lo requieran y que imponía un nuevo mecanismo para calcular los ajustes en base al índice general de salarios que fija el Indec, y otro que pretendía que los salarios de los pasivos se calculasen según el índice general de remuneraciones que fija la Secretaría de Seguridad Social. El debate no prosperó y ahora los jubilados impulsan la campaña Un millón de firmas por un millón de esperanzas para que el proyecto sea tratado como iniciativa popular.

Carlos Levinez, presidente del Centro, indicó a UNO que actualmente el 54% de los jubilados nacionales percibe 500 pesos, lo que denominó como “subsidio a la ancianidad” y cuestionó que se destinen fondos de Anses al Tesoro Nacional.

El dirigente del Centro, que fue presentado ayer oficialmente en la sede local de la CTA, también recordó que a nivel local se gestiona la reducción del 50% de los tasas e impuestos municipales y provinciales para jubilados que perciben haberes mínimos y una ordenanza para otorgar un carné de pase libre en el trasporte de pasajeros.
Asimismo recordó que mañana es el último día para gestionar el pase al sistema jubilatorio de reparto, trámite que puede hacerse en Anses y CTA o a través de Internet.

En ese sentido, Levinez explicó que los interesados pueden concurrir a Tucumán 278 con fotocopia de la 1º y 2º hoja del DNI y el CUIL. Allí se les da el triplicado de la planilla que deben presentar en el Correo Argentino, sin costo alguno. “Los jubilados que están en las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) desde el 1º de enero cobraran menos porque las empresas aumentarán las comisiones a 4,6%”, puntualizó.

Otros reclamos

Entre los pedidos establecidos en el último encuentro de jubilados de la CTA se enumeraron, además del cumplimiento del 82% móvil, un haber mínimo acorde a la canasta básica de 1.500 pesos, blanqueo de sueldos, anulación de las leyes Nº 24.241 y Nº 24.463; rechazo a las AFJP y a ley del Ejecutivo nacional para manejar el PAMI; el pago efectivo de los juicios con sentencia firme, urgente definición de los pendientes, garantizar la atención médica de los pasivos en todo el país con entrega de medicamentos sin cargo.

Por otra parte se pide la vigencia de la Ley Nº 21.074 que establece un subsidio por fallecimiento de tres salarios mínimos vital y móvil al momento de la defunción –actualmente es de 1.000 pesos, cifra que no alcanza a cubrir gastos mínimos de un servicio de sepelio.
Se exige, además, el debate de una nueva ley de jubilaciones con la participación de los interesados en el marco de la Consitución nacional.