Entrevista a Sergio Coria, secretario General de la CTA Traslasierra
“Hay que volver a creer en la construcción colectiva”
Jueves 27 de diciembre de 2007, por Corresponsalía Córdoba *

El secretario General de la CTA Regional Traslasierra, Córdoba, Sergio Coria, defendió la participación de la Central en defensa de los 114 trabajadores municipales cesanteados por la nueva administración comunal de Villa Dolores y otros 27 de Villa Sarmiento, se refirió a la criminalización del conflicto social y a la necesidad de participar masivamente parar trastocar la democracia formal en otra de carnadura social.

He aquí parte del reportaje efefctuado a Coria, quien también se desempeña como Delegado Regional del gremio de prensa cordobés en Traslasierra :

Esta situación generada en lo que hace a las cesantías, no ha tenido que ver con la falta de concientización de los trabajadores, como así también su preparación y captación en lo que respecta a la idea colectiva o conjunto. Y de ser así, ¿qué se haría?

Creo que hay algo de eso, me da la sensación que con la instauración del menemismo, hubo muchos sindicalistas que operaron a favor de la destrucción de la imagen del sindicato. En ese sentido, la gente, que no es tonta, dejó de adherir a estos «kioscos» que habían conformado. Algunos que se llamaban dirigentes y que terminaron siendo empresarios sindicales, a partir de lo cual hubo un desprestigio muy marcado hacia lo que es el sindicato, la construcción colectiva, como también la defensa de los derechos de un sector de trabajo. En las comunidades domésticas, donde todos nos conocemos, esta situación se agrava porque también se pone por encima de su condición de trabajador, el color político al que responde cada uno. Lo que suele suceder, es que se la superpone a su origen como trabajador. Esto hace, por un lado que la conciencia de clase no sea una cuestión fuerte entre los trabajadores, particularmente de nuestra zona, y que cuando se producen estos conflictos gremiales, que además no suele haberlos, no se vislumbra que lo que hoy le está pasando a ese compañero, también le puede pasar a ellos en el futuro. Hay muchos trabajadores afectados que no creyeron en el sindicato, pero este fenómeno no pasa solamente en el SITRAM, sucede en todos los sindicatos, por este desprestigio planificado que advertí al principio.

Estos conflictos deben ser una muestra para la comunidad de los trabajadores de que cuando el patrón advierte que existe división entre ellos, los nota, obviamente, mucho más susceptibles y puede atacarlos sin temor a una respuesta por parte del colectivo de los trabajadores.

Esto también se meritúa cada vez que un patrón pretende avanzar sobre un derecho laboral o en este caso producir despidos, con lo cual me parece que hay que volver a creer en los sindicatos y en la construcción colectiva, pero participando activamente. El compañero que elegimos entre todos los trabajadores, debe ser acompañado, para construir, pero también para controlar, porque administra toda la gestión del sindicato. Es muy fácil y cómodo dejar que otro haga todo. Y los dolorenses estamos habituados a delegar la responsabilidad, para que el otro haga.

Hay que volver a construir lo colectivo a partir de la participación, porque también al municipio, que es una construcción colectiva, en el cual debemos participar activamente; no puede ser que la mayoría de los ciudadanos desconozcan hoy, cómo se realiza un presupuesto municipal, en qué se va a gastar el dinero al cual todos contribuimos, de qué modo se van a fijar las política de salud, educación, urbanismo sin haber debatido sobre eso, a pesar de ser nosotros los dueños de toda esa gestión que depositamos en el intendente al que elije la comunidad la responsabilidad de administrar.

Hablando de participar y pasando a una idea que está siendo analizada y denominada como criminalización y judicialización de la protesta social, ¿nos puede explicar de qué se trata, y si se está dando en esta ciudad?

A raíz de un caso criminalización de la protesta que afectaba a nuestro sindicato, tuvimos la posibilidad, de hacer una entrevista al juez de la corte suprema Raúl Zaffaroni. A partir de esa ocasión aprendí mucho como periodista, pero como sindicalista mucho más. Porque lo que dice Zaffaroni es que la protesta social es un conflicto social y por lo tanto se deben encontrar las soluciones en acuerdos políticos. No obstante como existe una necesidad de los gobiernos de mostrar que todo está bien, cuando no lo está, se criminaliza la protesta, se judicializan los reclamos, para terminar utilizando un instrumento que es una garantía, como es el servicio de justicia, como órgano que termina amedrentando cualquier tipo de protesta.

Por ejemplo, hace un tiempo atrás hubo una manifestación de Luz y Fuerza en nuestra ciudad, la que se realizó alrededor de las calles céntricas, con muchas bombas y ruidos. El fiscal actuó, diciendo que se estaba violando las leyes. Ahora la manifestación, siguió sin cortar el tránsito, esto apareció como un intento de judicializar la protesta y criminalizar el reclamo. Pero es posible que todo se explique reconociendo una gran cuota de hipocresía colectiva.

Por ejemplo, gana la selección argentina, y realizamos espontáneamente una manifestación popular. Cortamos el tráfico, tiramos papelitos, hacemos ruidos, pero no se judicializa, ni salta ningún fiscal. Porque en definitiva lo que se persigue no es la manifestación en sí, sino lo que la motiva, es decir, si lo moviliza la alegría popular está todo bien, en tanto que si lo hace la pena, tristeza, el reclamo contra el hambre y la miseria, hay que castigarlo porque no se puede decir que uno tiene hambre o merece mejores condiciones de trabajo, y eso lo impide un sistema, que estáhecho para una clase que evidentemente tiene intereses contrapuestos a los trabajadores.

En lo que hace a los derechos constitucionales, los cuales en este tipo de conflictos quedan enfrentados, como es el derecho a peticionar y el otro a transitar libremente por la vía pública. ¿Qué pasa al respecto o qué hacer con ello?

Lo que dice Zaffaroni respecto de este tema en particular, explicando que «todo derecho llega hasta que lesiono otro»; el problema es que cuando se produce un conflicto social, lo que se está denunciando es un incumplimiento del Estado, en algunas de las garantías que están constitucionalmente establecidas, que son derechos humanos fundamentales como la alimentación, educación, salud, pero de los cuales paradójicamente el gobierno habla muy poco cuando se refiere a derechos humanos, siendo que estos también lo son y hay que remarcarlos.

La legisladora perteneciente al Frente Cívico Social Silvia Rivero, decía que para ella existía lo que daba por sentado el haber surgido la militancia mercenaria, a la que luego hay que proveerla de cargos. ¿Qué opina al respecto?

Cuando se habla de militancia mercenaria hay que tener cuidado de dejar bien claro el concepto. Antes, cuando el país garantizaba un estado de bienestar, cada ciudadano actuaba políticamente según su ideología. Con la destrucción del sistema de producción nacional, viene el desempleo y la pobreza. Estas son condiciones que benefician a los grupos de poder que comienzan a manejar, los planes sociales y las promesas de futuros puestos de trabajo como un elemento coercitivo, “si no vas al acto de tal o cual candidato se te cae el plan” suele ser una de las amenazas más conocidas. Sometiendo al pobre a una situación de rehén donde no tiene muchas alternativas.

Todos sabemos que algo similar ocurre en las campañas preelectorales. Los candidatos juegan con la necesidad de trabajo de la gente y prometen puestos de trabajo con la condición que se milite o se trabaje para su campaña. Esto es lisa y llanamente una forma de sometimiento de la cual la justicia no parece enterarse.

Lo que está pasando particularmente en el conflicto municipal, lo hemos discutido en la CTA y creemos que apunta solamente a eso, es decir al reemplazo del personal, y eso está claro ya que hoy la Municipalidad de Villa Dolores ha contratado 50 nuevos trabajadores según lo dicho por el SITRAM. A partir de esto, hay algo que no cierra y que tiene que ver con un compromiso de campaña, que actualmente los nuevos intendentes se ven apretados para cumplir.

La democracia está mal entendida, partiendo de que es formal y no participativa. Por eso al pueblo no se lo consulta; en días más por ejemplo una sesión de Presupuesto que va a ser tratada en segunda lectura y se puede ver claramente que al recinto del Concejo Deliberante no concurre el pueblo, después la gente se despacha sorprendida de que nos aumentaron el 80% de los impuestos. Por eso considero que nadie vota por un proyecto que implique un incremento de este tipo, es decir, ningún ciudadano bien nacido vota un proyecto que encare una política de despidos masivos. En tanto que quien haya recibido esos votos se arrogue todo el poder casi absoluto, es un error que el mismo pueblo se lo tiene que hacer saber, ya sea a los intendentes, gobernadores, presidentes o dirigentes gremiales.

¿Cómo se induce al pueblo para que participe o interpele al poder?

Creo en primera instancia, que al pueblo en este sentido no hay que educarlo, porque es como ponerse en una situación por encima de la gente, el pensar en instruirlo. Lo que sí hay que garantizar son los mecanismos de participación, que ningún sistema lo está haciendo. Aun cuando hay organizaciones que si los garantizan, no estamos acostumbrados a hacerlo, sin embargo cuando se encuentra el ámbito se participa. Lo que sucede también es que en los espacios del gobierno estos canales no están aceitados, por ejemplo se habla del «presupuesto participativo» y me pregunto, qué participación tenemos para que digan que es participativo, si no decidimos sobre él. No quiero que la persona que uno vota para que administre, se crea que tiene el poder absoluto, porque no es así. Quien solamente lo tiene al poder absoluto es el pueblo.

Fuente: Diario Democracia de Villa Dolores, Córdoba

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