La denuncia está relacionada con la mora excesiva que observamos en resolver el tema de la movilidad, acorde a lo dispuesto por esa Corte de acuerdo al fallo por la “Causa Bardaro”.

Sostenemos que el Poder Judicial se creó para defender los derechos fundamentales de las personas y la Corte suprema de Justicia debería fijar las políticas judiciales, exigiendo el cumplimiento de las leyes
de la Nación.

Las prestaciones previsionales se han degradado en los últimos años achatando las escalas jubilatorias: el 70% de los jubilados percibe el haber mínimo jubilatorio, que está por debajo de la línea de pobreza que
define el INDEC.

El artículo 7 de la ley 24.463 de “Solidaridad Provisional” debe ser derogada porque en la práctica resulta un instrumento para congelar los haberes y se contrapone al cumplimiento del derecho a la movilidad
jubilatoria.

Consideramos que la movilidad jubilatoria no puede depender de los recursos que asigne, cada año, el Presupuesto Nacional, sino fijando un coeficiente de actualización de haberes que permita mantener el valor
de las jubilaciones, asegurando proporcionalidad con las variaciones salariales de los trabajadores activos, además que deben recomponerse derechos vulnerados por las sucesivas leyes de emergencia económica que arrasaron derechos adquiridos, violentando la Constitución Nacional
y tratados Internacionales sobre derechos humanos que incorporó la Reforma Constitucional de 1994.

Siendo que ha pasado más de un año sin que se visualice una resolución, la espera se transforma en un verdadero genocidio,
demostrado por los 11.000 jubilados beneficiarios que mueren por año.