Después de más de tres años de investigación e instrucción de cientos de causas que fueron reactivadas luego de la derogación de las Leyes del Perdón, se viene la hora de la sentencia. El 2008 podría convertirse en un año clave en el esclarecimiento de los horrendos crímenes de lesa humanidad que se cometieron en Tucumán durante la sangrienta dictadura del ‘76. A los represores Antonio Domingo Bussi y Luciano Benjamín Menéndez lo esperan el banquillo de los acusados por las causas vinculadas a la desaparición y secuestro del ex senador provincial Guillermo Vargas Aignasse y al denominado Plan Cóndor.

Gozando del beneficio del arresto domiciliario en los parquizados del country Golf Club de Yerba Buena, Bussi esperará que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán le ponga fecha al juicio oral y público que elevó el 26 de diciembre pasado el juez federal subrogante Nº 1, Daniel Bejas, quien, a su vez, hizo lugar al requerimiento que había realizado el fiscal federal Nº 1, Emilio Ferrer. Lo mismo hará, Menéndez, pero un domicilio de Córdoba.

En el caso de Vargas Aignasse se trata del primer juicio que se realizará en el marco de los 600 expedientes que se reactivaron en la Justicia Federal de Tucumán. Por el secuestro y desaparición del justicialista, Bussi y Menéndez tendrán que sentarse en el banquillo de los acusados como presuntos autores responsables de los delitos de lesa humanidad (violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad agravada, aplicación de tormentos reiterados, homicidio calificado y asociación ilícita en concurso real) en el marco del delito del derecho penal internacional de Genocidio. El Tribunal está integrado por Gabriel Casas, Carlos Jiménez Montilla y Alicia Noli.

De esta manera, la Justicia dio un paso importante en el avance de las causas de delitos de lesa humanidad aunque los organismos de derechos humanos prefieren mantenerse en cautela. Algunos referentes alertan que se pueden dar pasos apresurados con el riesgo de que los represores sean juzgados sin tener en cuenta todas las denuncias que deben sumarse a los expedientes que concentran las investigaciones de los Centros Clandestinos de Detención que funcionaron durante el último gobierno de facto.

En cuanto al Plan Cóndor, la elevación a juicio fue realizada por el juez federal Sergio Torres, quien ordenó que Bussi, Menéndez, Jorge Rafael Videla, que integran una nómina de total de 17 militares retirados, respondan por el “un acuerdo criminal” de las fuerzas armadas y de seguridad de la Argentina, Chile, Paraguay, Bolivia, Brasil y Uruguay.

En 2007 distintos funcionarios y especialistas que pasaron por la provincia enfatizaron en la necesidad de que la Justicia dé respuestas concretas para el esclarecimiento de lo que pasó en los años negros de los ’70. En su paso por Tucumán, el 25 de marzo de este año, la polémica ministra de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Carmen Argibay, dejó marcada su postura en contra de que se beneficie a los represores con los arrestos domiciliarios, y, en cambio que se los envíe a las cárceles comunes como cualquier hijo de vecino. Y alertó que la falta de recursos humanos idóneos y de infraestructura judicial atentan contra el avance de las causas abiertas por los delitos de lesa humanidad.

Luego, a fines de este año, durante una maratónica recorrida por los despachos de los fiscales y jueces federales de Tucumán, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la Nación, Remo Carlotto, dejó un mensaje claro: que apuren los procesos y que no sean funcionales al mecanismo de dilación que imponen los defensores de los represores. “No queremos genocidas con arrestos domiciliarios ni juicios post mortem. Queremos que los enjuicien y los condenen. Y que vayan a la cárcel común y que purguen por los crímenes aberrantes que cometieron. Para eso se necesita una acción de la Justicia que no sea funcional al sistema de dilación que utiliza la defensa de los represores”, declaró ante primerafuente al término de su visita a los magistrados de la Justicia Federal.

Informe: Primerafuente, Portal de Noticias de la Asociación de Prensa de Tucumán (APT-CTA)