El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la Provincia de Corrientes ha dictado sentencia en la causa "Leiva Bruno c/Forestal Andina s/Amparo", rechazando el recurso de inaplicabilidad de la ley interpuesto por la demandada, Forestal Andina S.A.

Recordemos que la causa fue promovida por el Sr. Bruno Leiva, poblador del paraje Yahaveré (Esteros del Iberá, Corrientes) quien se presentó ante la justicia solicitando el cese inmediato de la construcción de una obra de aterraplenado, en campos de propiedad de la Empresa Forestal Andina S.A., situados dentro de la Reserva Provincial del Iberá.

Dicha obra, según pudo probarse durante la tramitación del caso, fue construida por Forestal Andina S.A. sin contar con Estudios de Impacto Ambiental y sin que el Instituto Correntino del Agua y el Ambiente (ICAA), la autoridad de aplicación de las leyes que rigen la Reserva del Iberá, le otorgase la correspondiente Declaración de Impacto Ambiental (DIA), requisito "sine qua non" para la construcción de este tipo de obras en esta zona protegida.

Previo a la decisión adoptada por el STJ, el caso obtuvo sucesivos fallos favorables que ordenaron, por medio de medidas cautelares la suspensión del avance de las obras y posteriormente su demolición, todos los cuales fueron desoídos por la empresa Forestal Andina.

La reiterada desobediencia de los fallos judiciales por parte de la empresa demandada ha sido uno de los puntos que caracterizó al presente caso, dado que la empresa en ningún momento suspendió las obras, ya que al momento de interponerse la demanda, (Noviembre de 2005) se habían construido 1,5 km. de terraplén, mientras que en la actualidad y luego de los sucesivos fallos judiciales, el mismo alcanza una extensión de más de 24 km.

Por ello, Forestal Andina al recurrir al STJ alegó que resultaría más dañoso destruir lo construido que mantenerlo tal cual estaba.

En este sentido, el Tribunal sienta un precedente de gran relevancia en materia de protección ambiental, que lo coloca dentro de una línea de avanzada en la materia a nivel nacional, rechazando de plano dicho argumento, al afirmar que "el sistema jurídico "no puede tolerar que quien desoiga un mandato judicial pueda resultar a la postre beneficiado por dicha conducta, que por demás importaría la comisión de un delito".

Y continua diciendo el Tribunal que "si así razonáramos dejaríamos prácticamente en manos del agente dañoso la tutela del medio ambiente, y siempre convendría litigar sobre la base de los hechos consumados, con el argumento que retrotraer las cosas implicarían un mayor daño, con lo cual el Art. 182 de la Constitución de la Provincia de Corrientes y el Art. 43 de la Constitución Nacional serían una simple promesa del constituyente".

En su fallo el STJ ratifica todo lo actuado por los tribunales inferiores, motivo por el cual ordena a la empresa "destruir toda obra realizada con posterioridad a la medida precautoria dispuesta por el Tribunal por Res. N° 711 del 02.12.2005, y en caso de no hacerlo, la autoridad de aplicación (Instituto Correntino del Agua y del Ambiente) procederá a demoler todo lo construido por sí o por medio de un tercero, y cuyo costo estará a cargo de la parte demandada, sin perjuicio de las sanciones administrativas que correspondan".

Por otra parte y en relación al tramo de terraplén de 1,5 km construido con antelación a la interposición de la acción de amparo se deberá realizar el correspondiente PROCESO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL, y en caso de no hacerlo en un plazo no superior a sesenta (60) días, la autoridad de aplicación (Instituto Correntino del Agua y del Ambiente) procederá a demoler todo lo construido con anterioridad al dictado de la Res. N° 711 del 02.12.2005 (fs. 31/35 del incidente de Medida Cautelar).

El fallo del STJ viene a poner fin a un caso que se ha convertido en emblemático a nivel provincial y que ha trascendido sus fronteras para instalarse en el ámbito nacional. Es además un severo llamado de atención para todos aquellos que tienen a su cargo el ejercicio del poder de policía en un área que cuenta con el máximo nivel de protección como es el Iberá.

Por su parte, también es un llamado de atención para aquellos que desarrollan actividades productivas en el área, quienes deberán aceptar que el ejercicio del derecho de propiedad no es absoluto, sino que cuenta con las limitaciones que el propio sistema legal establece.

Fuente: Andrés Nápoli, www.ecoportal.net