La pregunta no debería tener una difícil respuesta si nuestro país no hubiese sido arrasado por el terrorismo de Estado y las políticas neoliberales de los ’90.

Nos referimos, claro, a hechos sociales, económicos y culturales de nuestra reciente historia política que impusieron a sangre y fuego la dictadura militar y fueron los arquitectos de la instauración del mayor proceso de desigualdad social en la Argentina.

Nombres y apellidos hay: Videla, Masera, Agosti, Martínez de Hoz, y muchos socios civiles más, que implantaron la mayor concentración de la riqueza que se recuerde en nuestro país, profundizada en la década ¨menemista¨.

Este proceso de injusticia social sirvió para que proliferaran figuras asociativas y tuvieran representación “legal¨ herramientas que, puestas al servicio de la rapiña capitalista, terminan siendo el escudo perfecto para realizar actos que están muy cerca de lo ilegal, y que exhiben una falta total de ética.

Esta introducción es válida para analizar el papel desempeñado por la Fundación de la UNRC como telón de fondo de la tragedia. La fundación es una figura legal que se puso muy de moda en los ’90 y que sirvió para que el Estado precarizara servicios y los grupos dominantes irrumpieran para cooptar el conocimiento de los científicos que habitan las universidades nacionales en provecho de sus propias estrategias corporativas. La mayor de las veces, en desmedro de una universidad puesta al servicio del pueblo y del bienestar general.

Esa herramienta, denominada fundación, tiene autores ideológicos y materiales. Ideológicos serán los socios capitalistas –grupos económicos- que por recomendación de sus asesores contables aconsejan a sus mandantes participar de este tipo de emprendimientos para no tener que aportar mayores tributos por ganancias. Hablando sencillo, para evadir impuestos.

Lamentablemente hasta hoy, y pese a las fuentes consultadas, no se ha podido acceder al listado de empresas e instituciones que son socias de la Fundación de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Sí se sabe que el presidente de la Fundación de la UNRC es el vicedecano de la Facultad de Ingeniería, Carlos Bortis, pero tampoco se conocen públicamente quienes ocupan el resto de los cargos en esa enigmática entidad.

Oscar Spada, el rector de la Universidad, fue requerido en la última reunión del Consejo Superior sobre el número de convenios en vigencia con el mundo de los negocios. Dio esta respuesta: “la información de la Universidad la puedo dar pero la respuesta de la Fundación Universidad de Río Cuarto no está asegurada porque es una entidad autónoma, que posee su propia personería jurídica”.

Así las cosas, queda claro que los privados firman convenios con las universidades y también con las fundaciones de estas universidades, de las que pueden ser socios, aprovechar para desgravar impuestos y, como en esta oportunidad, eludir o dilatar las informaciones. La tragedia en la Universidad de Río Cuarto evidenció que en esos laboratorios, donde los capitalistas financian proyectos en su propio beneficio, mandan éstos. Sería muy conveniente modificar esta cuestión en la nueva ley de Educación Superior.

Estas consideraciones tienen el propósito de que el árbol no nos impida ver el bosque y distinguir así lo correcto de lo impropio, lo útil de lo inservible, lo legítimo de lo ilegítimo. Esto es, comenzar a generar una conciencia colectiva sobre la necesidad de diferenciar muy bien las herramientas jurídicas que, como las fundaciones de cualquier grado, va creando la sociedad en su devenir, para fomentar y potenciar a las destinadas a contribuir al interés común y, en cambio, denunciar, combatir y erradicar a aquellas otras que son succionadas por el sistema.

En esta materia la neutralidad no existe. No se puede tolerar que las fundaciones se transforman en lo que hoy intentan hacernos creer quienes ofician de voceros de la UNRC: una entelequia. En realidad, se trata de un instrumento puesto al servicio del capital, que tiene el poder suficiente para comprar conciencias y que no se inmuta ante la tragedia -a la que minimiza como si se tratara de un mero accidente- porque el capitalismo sólo se rige por la ecuación económica-financiera de la máxima ganancia y la explotación de la fuerza de trabajo.

En este caso, la Justicia deberá investigar si quienes son actores en la Fundación de la Universidad Nacional de Río Cuarto son culpables penalmente responsables del siniestro acaecido en la Plata Piloto o bien, cuánto de responsabilidad civil les cabe en esta causa que ha conmovido justificadamente a la población.

La irresponsabilidad política ya fue cometida y el resultado es irreparable. En el altar de la precarización laboral, la tercerización de servicios y el endiosamiento del mercado, ha quedado una lista de mártires con nombre y apellido que reclaman Memoria, Verdad y Justicia: Juan Andrés Politano, Liliana Giacomelli, Carlos Ravera, Damián Cardarelli, Miguel Mattea y Gladis Baralla.