“Vemos con preocupación, no solo los despidos, sino la actitud del juez Ollarbyde, que en un fallo inédito dejó en manos de la `gerencia del Casino´ garantizar la posibilidad de que los trabajadores no impidan el libre ingreso de los clientes".

"Esta verdadera privatización del cumplimiento de las órdenes judiciales pone en descubierto la matriz del conflicto: el Estado garantizando los intereses empresarios, sin tener en cuenta el reclamo laboral y los trabajadores que a su vez son rehenes de la falta de libertad y democracia sindical”, expresaron desde la Mesa Ejecutiva de la CTA Capital.