El 27 de enero de 2004 un balazo en la nuca acabó con la vida de Sandra Cabrera, secretaria general del sindicato de trabajadoras sexuales (Ammar-CTA). Cuatro años después el crimen sigue impune; la causa está prácticamente cerrada y el único procesado, el policía Diego Víctor Parvulczyk, fue sobreseído por el juez Alfredo Ivaldi Artacho, quien argumentó “falta de pruebas”. La pista policial se dejó de lado a pesar de que había sido amenazada en reiteradas oportunidades, luego de que sus denuncias por coimas y el amparo de la policía a lugares de explotación sexual infantil lograran la destitución de un jefe, un comisario y un subcomisario de la división de Moralidad Pública de la Policía de Santa Fe.

Días después del asesinato el gobierno de Santa Fe disolvió la división policial de Moralidad, a la que la secretaria general de Ammar denunciaba. Lo que no hicieron ni el Poder Judicial ni el Poder Legislativo provincial ni la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación fue involucrarse activamente en la investigación del crimen de Sandra Cabrera, como se habían comprometido.

A fines de Octubre de 2003 Sandra vuelve a ser amenazada. A pesar de contar con custodia policial en la puerta, dos individuos entran a la casa, la golpean y le ponen un revólver en la cabeza a su perro mientras le dicen “dejate de joder”. En un comunicado emitido por Ammar y la CTA Rosario luego de este episodio, se señala: “Lamentablemente estas amenazas se vienen sucediendo en todo el país para que las compañeras de AMMAR dejen de luchar por la derogación del artículo que penaliza su trabajo en esa provincia. Esta lucha se enmarca en la campaña Nacional que llevan adelante todas las compañeras de AMMAR, para que cesen los maltratos y la discriminación de que son víctimas". Aquel comunicado finalizaba: "Es por todo esto que hacemos responsable a las autoridades de la provincia de la integridad física de nuestra compañera Sandra Cabrera y su hija”.

Estos y otros episodios de idéntica gravedad se fueron sumando sin que los poderes del Estado hicieran algo. Tampoco anularon los artículos 83, 87 y 93 del Código de Faltas de la provincia de Santa Fe, que son las herramientas para la extorsión, el abuso y la violencia policial.

Hoy la causa está prácticamente cerrada y las trabajadoras sexuales de Ammar no pudieron ser querellantes en la causa por dos motivos: por un lado, porque el Código Procesal Penal santafesino impide que los representantes de la víctima actúen como querellantes, pero además porque en 2004 la Justicia se negaba a reconocerlas argumentando que la organización de las trabajadoras sexuales no era ningún aporte al “bien común”. “Luego de una larga lucha, hoy tenemos no tenemos a Sandra”, responden desde Ammar.

“Sandra denunció la trata de personas cuando muy pocas voces se animaban a hablar del tema. Defendió a las trabajadoras sexuales del mayor proxeneta, que es la policía, hasta las últimas consecuencias”. La recuerdan desde la organización que ella misma ayudo a construir.

“Desde la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina decimos: No a la impunidad, Sí a la asesinaron, pero Sandra no murió. Vive en la lucha de cada compañera que se pone de pie y se organiza para cambiar tanta desigualdad e injusticia ¡Presente!"

Sandra Cabrera: Cronología de los hechos.