A través de su sito web (http://fernandolugo.blogspot.com/)
la Alianza Patriótica para el Cambio (APC) anunció que procederá a la inscripción de la chapa presidencial Fernando Lugo-Federico Franco el próximo jueves 31 de enero, a las 8, en la sede del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).

En la oportunidad se realizará una marcha de apoyo al ex obispo que se iniciará en la Plaza Emilio Cubas, ubicada detrás del local del TSJE. De esta manera la APC dará inicio oficialmente a la campaña electoral rumbo a las elecciones generales previstas para el 20 de abril de este año.

En referencia a los intentos por impugnar la candidatura presidencial por parte del Partido Colorado (60 años en el poder) y los sectores conservadores del país, representantes de los movimientos campesinos en Paraguay advirtieron hoy que defenderán la candidatura presidencial del ex obispo Fernando Lugo en las calles.

Al respecto los movimientos sociales y políticos que integran la APC se han mostrado indignados ante tal maniobra y han manifestado su decisión de defender a su líder: “Que se atengan a las consecuencias los que pretendan impugnar su candidatura”, subrayó el líder agrario y candidato a senador Belarmino Balbuena.

Balbuena anunció una escalada de movilizaciones y de cortes de rutas en varios puntos del país, si el gobernante Partido Colorado persiste en la idea de inhabilitar al referente de la Alianza Patriótica para el Cambio.

"El pueblo no teme a Lugo, el pueblo no teme a un nuevo gobierno. Es esta cleptocracia la que teme a Lugo, es este modelo de pocos ricos que producen muchos pobres, excluidos, y exiliados económicos el que teme a Lugo y al gobierno de Tekojoja, gobierno que respetando las leyes planteará una mayor productividad y una redistribución más justa de la riqueza económica y de la protección social", lo afirma el Movimiento Popular Tekojoja, integrante de la APC.

Acerca de la maniobra del partido gobernante, asevera que "ellos quieren impugnar a Fernando Lugo, que está habilitado constitucionalmente para ser candidato a la presidencia de la República, pues el mismo se halla en pleno ejercicio de sus derechos como ciudadano paraguayo, incluido el derecho político de elegir y ser elegido para los cargos públicos. Cualquier intento para inhabilitarlo no tendrá ningún sustento legal. Sólo mediante una burda maniobra podría llegarse a tal aberrante extremo".

Lugo, denominado el "candidato de los pobres", se ha convertido en la esperanza del pueblo paraguayo y de los sectores históricamente postergados, que por pirmera vez ven al alcance de la mano la posibilidad de llegar al poder y terminar con 60 años de hegemonía Colorada. Justamente el candidato a la vicepresidencia del coloradismo Carlos María Santa Cruz es quien impulsa la impugnación.

El tema comenzó debatirse fuertemente en los medios. El sacerdote Carlos Heyn, experto en Derecho Canónico y autor de varios libros sobre la relación Iglesia-Estado dijo: "Lugo, al renunciar a la jerarquía eclesial, teniendo o no la aceptación del Vaticano, puede ser candidato a la presidencia de la República". Explicó que "habiendo separación de Iglesia y Estado, el Estado no puede apoyarse en la incompatibilidad aludida por la ley canónica e ilustró con el divorcio que, aunque la ley eclesiástica lo desaprueba, existe en la ley civil".

Según el abogado paraguayo Jorge Seall Sasiain, especialista en temas constitucionales, "si la iglesia o cualquier institución prohíbe a un miembro salir cuando ya no quiere pertenecer a ella estaría actuando como en la época de la esclavitud o del feudalismo".

Apuntó que el ex clérigo del departamento de San Pedro tiene pleno derecho a ser presidente de la República y que "cualquier otro análisis esgrimido por sus enemigos políticos sería un acto leguleyo".

A comienzos de 2007 el Vaticano lo suspendió “a divinis” en el ejercicio del sacerdocio. Para el titular de la diócesis del departamento de Concepción, Zacarías Ortiz "la gente pobre va a votar por él".

En los medios de comunicación más importantes del Paraguay también el tema ha tomado intensidad. El diario Abc Color publicó en su edición del lunes 28 la opinión de dos expertos que aseguran que Fernando Lugo está habilitado para ser candidato a la Presidencia de la República.

En esa línea el periódico La Nación fue contundente en su editoral de ayer: "Las ideas que se esgrimen para impugnar a Fernando Lugo debilitan a la República, desde que otorgan imperio a normas de una entidad privada de menor rango que ella (Iglesia católica) y desde que restauran a todos los efectos prácticos la trabajosamente eliminada confesionalidad del Estado".

Seall Sasiain advirtió de que la Iglesia católica no puede obligar a Lugo a pertenecer a esa institución. Así lo señala la Constitución, que señala en su artículo 42 que “toda persona es libre de asociarse o agremiarse con fines lícitos, así como nadie está obligado a pertenecer a determinada asociación”.

La separación de Lugo de la jerarquía eclesial “es fehaciente porque hizo una carta en la que manifestó su deseo de desvincularse de ese cargo (obispo) y casualmente la sanción que recibe es la prohibición de ejercer ese ministerio, de administrar sacramentos”. Seal Sasiain añadió que “prohibirle salir a aquella persona que dice yo ya no quiero pertenecer a esta institución es algo muy parecido a la esclavitud”.

El pleno derecho de Lucho a ser Presidente del Paraguay también fue defendido en las páginas de Abc Color por el sacerdote Carlos Heyn, con 27 años en la enseñanza de Derecho Canónico en la Universidad Católica, profesor de Historia de la Iglesia y autor de varios libros sobre la relación Iglesia-Estado.

Heyn indicó que el artículo 187 del Derecho Canónico que dice que “el que se halla en su sano juicio puede, con causa justa, renunciar a un oficio eclesiástico”. El sacerdote recordó que el Estado y la Iglesia tienen distintas leyes. “Al Estado no le interesa la ley canónica, así como a la Iglesia no le interesa la ley civil”. Un ejemplo de ello es el divorcio: “En la ley civil existe el divorcio, pero la ley eclesiástica dice lo contrario".

La Nación también advierte del derecho de Lugo a ser candidato: "La Iglesia Católica, en tanto organización religiosa distinta al Estado Pontificio, es inferior a la República y sus actividades en Paraguay están sometidas en todo a lo que disponen la Constitución y las leyes paraguayas".

"La Iglesia no está sobre el Estado, sino el Estado sobre la Iglesia, y sostener lo contrario no solo es contrapuesto a lo que la Constitución de 1992 reconoce y establece en forma expresa, sino que implica imponer al Paraguay el principio fundamentalista de la confesionalidad", añadió. Y argumentó: "Queda claro así que las disposiciones constitucionales que liberan a los ciudadanos paraguayos de sumisiones perennes son superiores, absolutamente superiores, a cualquier norma o estatuto religioso en sentido contrario, y el Estado paraguayo está obligado a resguardar, amparar y apoyar la preeminencia de esas disposiciones suyas cuando alguien pretende que prevalezcan las ajenas".

En conclusión, el editorial de La Nación indica que "las ideas que se esgrimen para impugnar a Fernando Lugo debilitan a la República, desde que otorgan imperio a normas de una entidad privada de menor rango que ella y desde que restauran a todos los efectos prácticos la trabajosamente eliminada confesionalidad del Estado".