El informe enviado por Horacio Tamburini, de la CTA Barcelona, da cuenta de las irregularidades del procedimiento lleva inexorablemente a hacerse algunas preguntas e interrogantes

 "¿ Que responsabilidad tiene en todo lo acontecido el ayuntamiento de Barcelona?

 La casa estaba ocupada por un personaje que fue nombrado reiteradamente en el juicio que nunca estuvo vinculado al movimiento okupa.

 Esta persona organizaba fiestas todos los fines de semana desde hace años donde acudían unas 1000 personas (información dada por los guardias urbanos durante el juicio)

 Hay mas de 80 denuncias presentadas por los vecinos durante el último año.

 La casa carecía de todo tipo de habilitación.

 No cumplía ninguna normativa de seguridad.

 El vecindario comenta que se traficaba droga, se alquilaban habitaciones a inmigrantes y un largo etcétera.

 La casa pasó a propiedad del ayuntamiento en el trascurso del último año.

 ¿No era previsible que en este contexto se produjeran situaciones de gravedad como terminó ocurriendo.?

 ¿ Que responsabilidad tendría el ayuntamiento si el policía herido de gravedad lo fuera por la maceta arrojada desde la casa ocupada, como manifestó públicamente el entonces alcalde de la ciudad Sr.. Clos?

 Esta afirmación la reitera el Sr. Clos el mismo día del inicio del juicio en una entrevista en La Nit al Día por TV 3

 ¿Por qué no se investigó desde el primer día esta segunda versión de los hechos?

 ¿Por qué y quién ordenó a la empresa de limpieza que lavara la zona con agua y jabón borrando de este modo toda posibilidad de investigar los restos de los objetos arrojados?¿Es o no es un delito borrar pruebas?

 ¿Dónde está el informe presentado al entonces alcalde Sr.. Clos, informe del que él habló en la entrevista televisada?

 ¿Como es que no está en la causa?

 ¿Porqué se hizo la vista gorda a una actividad donde presuntamente se movía mucho dinero?"

Asimismo, el Informe de la Universidad de Barcelona señala que “la investigación policial y luego la labor de la jurisdicción de Instrucción de Barcelona revelaban la presunta comisión de irregularidades, en el sentido que los hechos en cuestión habían sido presumiblemente objeto de una manipulada intervención policial (por parte de la Guardia Urbana del Ajuntament de Barcelona), como que el Juzgado de Instrucción nº18 (sumario 1/2006), a cargo de la magistrada Carmen García Martínez y la Fiscalía, representada por dña. María Elena González Estévez, tanto una como otra, no habrían demostrado durante el proceso el necesario equilibrio en la aceptación de pruebas solicitadas por todas las defensas, pero en especial aquellas presentadas por las de los tres acusados principales”.

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