También señaló que el docente debía “actuar permanente como un factor importante del avance social que posibilitará la auténtica liberación del hombre, la patria y los pueblos.” (Huerta Grande 1973).

Afirmados en esas concepciones enfrentamos la oleada privatizadora de los 90 y ayunamos 1.000 días en la Carpa Blanca de la Dignidad. Nuestra firmeza impidió el definitivo desguace de cien años de escuela pública que pretendía el neoliberalismo.

En los últimos años, a través de nuevas normas legales se ha comenzado a desmontar el dispositivo de las políticas neoliberales de los 90. Ha aumentado la inversión educativa y los salarios docentes salieron del congelamiento que habían sufrido durante doce años. Todavía estamos lejos de alcanzar las justas y ambiciosas metas que se fijan en la nueva ley de educación.

Pensar en procesos educativos que sean eficaces en términos de apropiación de los conocimientos necesarios para cada etapa de escolarización, implica sostener políticas educativas que contemplen una gran cantidad de variables necesariamente entramadas en un proceso de mutua interrelación.

No es posible hablar de calidad educativa sin pensar en políticas que atiendan simultáneamente a la construcción de edificios equipados para generar las condiciones de posibilidad del proceso de enseñanza y aprendizaje, con un número razonable de estudiantes por curso, dotados de un personal suficiente en cantidad y especificidad, que a su vez esté bien remunerado y que tenga garantizados procesos de formación permanente que posibiliten la reflexión sobre la propia práctica pedagógica para su mejoramiento.

Por otra parte, dado que venimos de varias décadas de destrucción permanente y sistemática del sistema educativo, en un contexto donde se dañó seriamente la capacidad de intervención del Estado y en el cual aún subsisten índices de pobreza superiores al 25%, es imprescindible acompañar este conjunto de políticas con medidas socioeducativas para sostener la escolarización de los sectores más vulnerables. Si, y sólo si se atienden a todas estas variables, estaremos hablando seriamente de mejorar la calidad educativa.

Sobre todos estos temas la CTERA ha trabajado y ha hecho propuestas; de hecho, muchas de sus propuestas históricas han sido incluidas en la nueva ley de Educación.

La Confederación va a participar por primera vez de una negociación salarial nacional, que además incluirá una agenda de condiciones de trabajo que, en nuestro caso, son condiciones de enseñanza-aprendizaje.

La nueva ley de Educación ha creado ámbitos participativos que aún no han sido convocados: el Consejo de Políticas Educativas y el Consejo Nacional de la Calidad Educativa. Ambas instancias pueden ser muy potentes para avanzar en el mejoramiento integral del sistema educativo. Los equipos político-pedagógicos de la CTERA están en condiciones de aportar información y propuestas para todos los temas que constituyen el desafío de hacer realidad la nueva ley de Educación.