
La Asociación de Trabajadores del Estado de Rio Negro (ATE-CTA) dio a conocer un comunicado para repudiar el intento de allanamiento que sufriera en la víspera el local de ATE, Neuquén. La intervención policial fue resistida y frustrada por los dirigentes gremiales que exigieron la presencia de algún miembro del Poder Judicial.
Según la versión policial, el allanamiento se intentó para secuestrar fichas de afiliación de los años 1996 y 1997, en razón de una denuncia, según la cual varios trabajadores continuaron sufriendo descuentos gremiales pese a estar desafiliados.
La nota dada a conocer por el gremio estatal señala que así como nadie puede discutir el compromiso de ATE con la defensa de los derechos de los trabajadores y del pueblo en general, también es innegable que, gobiernos ubicados “en la vereda opuesta a esos intereses” no dudan “en aplicar todo tipo de maniobras para desestabilizar, perseguir y eliminar nuestra organización obrera”.
Añade el comunicado que “tal como el gobierno de Miguel Saiz, en Río Negro, intenta una y otra vez limitar nuestros derechos sindicales, los gobiernos neuquinos no saben cómo frenar la enorme fuerza sindical que inunda sus calles”.
“Desde ATE Río Negro demandamos que cese toda persecución y hostigamiento. Aunque estamos convencidos de que esto sólo confirma que transitamos por el buen camino. Acompañamos a los trabajadores de nuestra provincia hermana. Y, como ya lo hemos hecho, reiteramos nuestro apoyo y solidaridad”, finaliza la nota.
Recordemos que el gremio había impugnado días atrás, la convocatoria a paritarias que formuló el gobierno de Jorge Sapag.
El rechazo guarda relación con el número de representantes que tendrán en la mesa los dos sindicatos que representan al sector .El llamado a paritaria es una continuación del formalizado durante el gobierno de Jorge Sobisch.
Aquella convocatoria contenía una representación que otorgaba mayor número de representantes a la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) que a ATE. El tema originó una disputa judicial donde ATE llevó el caso a la Justicia, un proceso que aún no está cerrado.
Ante el nuevo llamado, el gremio que conduce Ernesto Contreras (ATE) presentó una impugnación porque entiende que no se puede iniciar el debate cuando la discusión judicial sobre el número de representantes en la paritaria no está concluida.
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