Las soluciones a la grave problemática de contaminación ambiental en barrio Ituzaingó Anexo siguen sin llegar y por eso la Organización de Madres de esa barriada sudeste cordobés le reclama al Estado en sus diferentes jurisdicciones –municipal, provincial o nacional- una urgente respuesta a los problemas derivados de la exposición de la gente a un poderoso cóctel de contaminantes.

Los que pudieron abandonaron el barrio porque la población se divide entre la que ya enfermó y la que está expuesta. La que quiere irse y la que se apega a lo conseguido con sacrificio. Pero en esa disyuntiva se les va la vida porque el informe de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) es claro: el lugar está contaminado y por lo tanto no es difícil deducir que no es habitable.

Vecinos del sector, luego de la reunión mantenida con el intendente de la ciudad de Córdoba, Daniel Giacomino, expresaron que el funcionario municipal se comprometió a promover el aumento de multas para quienes fumigan sin respetar las ordenanzas existentes. También tramitará una entrevista con el gobernador de la Provincia. Juan Schiaretti para articular soluciones conjuntas y a nivel nacional mantendrá contactos con la titular de medio ambiente Romina Piccoloti.

Por un lado, están los vecinos que padecen enfermedades graves y necesitan que las estructuras de la atención médica concurran en su auxilio de manera urgente porque algo que para algunos puede resultar sencillo, no lo es para los enfermos de este barrio que en general poseen escasos recursos.

Entonces, obtener turnos para estudios diagnósticos complementarios tales como análisis, radiografías, resonancia magnética y tomografía computada, entre otros; contar con las drogas oncológicas para tratamiento del cáncer y acceder a turnos para controles médicos de evaluación del tratamiento, puede volverse una pesadilla.

Tanto las Madres como los familiares de los afectados deambulan por hospitales y dispensarios haciendo colas interminables en busca de soluciones. Desde la municipalidad se comprometieron a gestionar ante el gobierno provincial la agilización de turnos y provisión de drogas y prometieron aumentar la cantidad de personal en los dispensarios barriales.

Otra arista de la problemática está relacionada con la población supuestamente sana que continúa expuesta al peligro de las enfermedades porque tal como lo asevera el informe de la OPS el lugar “puede considerarse como un sitio contaminado”. A todo esto, la frontera agropecuaria que separa el barrio de los campos sembrados con soja es apenas una calle. Si bien existen ordenanzas que limitan y hasta prohíben las fumigaciones, éstas se siguen haciendo porque los dueños de los campos de la mano del boom sojero pueden pagar las multas y seguir fumigando.

Entonces, suponer que el aumento del valor de las multas desalentará la fumigación no es un argumento sólido. Desde hace siete años violan las leyes y fumigan a cielo abierto utilizando pesticidas prohibidos.

Está claro que en la práctica hay vecinos que necesitan soluciones paliativas para reparar el daño ocasionado y vecinos a los que hay que proteger de los males que ya se conoce adquirirán más tarde o más temprano.

En este sentido, un grupo solicita que los gobiernos –provincial o nacional-, porque dan por hecho de que el municipio “no puede hacerlo”, les “compren la vivienda”. Esto es, que les paguen el dinero invertido en la edificación de sus casas de manera que quienes deseen hacerlo puedan irse a vivir a otro barrio. Y hay otro sector que por desconocimiento niega o minimiza la existencia del problema y se apega al barrio.

De cómo se resuelva este problema depende la suerte de numerosos pueblos que padecen similar problemática, mientras tanto como sociedad nos preguntamos:¿Cuántos nuevos estudios serán necesarios para certificar que el barrio está contaminado? ¿Cuántos vecinos deben enfermar y luego morir a causa de la contaminación para que todo el barrio y las autoridades de turno asuman que el valor de la vida está por encima de la propiedad y las jurisdicciones?.