Para la CTA, la desigualdad es el núcleo central hacia el cual tendrían que orientarse las políticas del Estado para lograr que el crecimiento y la riqueza que se han generado sean distribuidos con justicia social.

La desigualdad, la concentración de la economía y la falta de peso específico del Estado son los problemas a resolver para dar solución a las condiciones de vida de nuestro pueblo, para quitarle límites a la inversión y para frenar la devastación de los recursos naturales. Es decir, para que el crecimiento pueda abrirle la puerta al desarrollo.

Lo que planteó la Central a la Jefa de Estado es la propuesta de avanzar hacia un modelo que garantice mayor justicia en la distribución de la riqueza.

Esto implica no focalizar la discusión en los salarios de convenio, sino discutir además otros temas, como el Seguro de Empleo y Formación, las becas para la inserción productiva de los jóvenes, jubilaciones acordes con el costo de vida, el funcionamiento con continuidad del Consejo del Empleo, el Salario y la Productividad y otras propuestas de fondo, como una reforma tributaria progresiva que avance sobre la rentabilidad de los sectores más concentrados de la economía y que, a la vez, se plantee la eliminación del IVA para los sectores del consumo popular.

Propuso, además, que se avance hacia un modelo distributivo más justo, sobre la base de garantizar que se recuperen los ingresos de los asalariados y de aquellos que están desempleados, haciendo eje en la necesidad de garantizar el trabajo decente, combatiendo el trabajo en negro y la tercerización de servicios que son absolutamente funcionales a los grupos económicos.

También planteó la necesidad de una nueva Ley Nacional de Salud y de Prevención de Riesgos de Trabajo y la creación de un Fondo Federal de Salarios para igualar los ingresos de los empleados públicos de todo el país.

Reconociendo el límite que tiene el mundo laboral formal para dar cuenta de los problemas que tienen los trabajadores argentinos, estamos impulsando la propuesta de una Paritaria Social.

El hecho objetivo de que el 60 % de la fuerza laboral se encuentra fuera del circuito formal, y que por lo tanto está rota la relación histórica entre empleo y ciudadanía social, justifica nuestra vieja propuesta (materializada políticamente en el FRENAPO) de promover políticas de alcance universal que restituyan por otras vías el derecho a los ingresos, la salud, la educación y la previsión.

La Paritaria Social intenta vertebrar un ámbito que sea capaz de poner en debate las políticas públicas, replanteando los ingresos, los gastos, la regulación y la intervención estatal en dirección a un objetivo que permita “actualizar incluyendo”, el viejo instituto que representó el salario mínimo en el universo laboral argentino.

Esto requiere discutir el conjunto de las políticas públicas: Seguro de Empleo y Formación, Asignación Universal por Hijo, Jubilación Universal, Sistema Integrado de Salud, Financiamiento de la Educación Pública, Política de Vivienda y Alquileres, Tarifa Social para el Acceso a los Servicios Públicos, Extensión de la Infraestructura Social, etc.

El camino para revertir la concentración y la desigualdad, así como para replantear el rol del Estado es la democratización. Es en este plano donde se juega nuestra demanda a favor de garantizar la libertad y democracia sindical, en la que la cuestión de la Personería Gremial de la CTA constituye un aspecto de estricta justicia para guardar simetrías con los restantes actores sociales del quehacer nacional.

El dato oficial disponible de que apenas el 12,4 % de los establecimientos privados tienen delegados y la práctica usual de reprimir con “patotas” o despidos aquellos intentos de los trabajadores de organizase con autonomía de la patronal, así como la existencia de estrategias sindicales que acuerdan condiciones de empleo y salarios con las cámaras patronales sobre la garantía de no alentar la elección de los delegados en los establecimientos, son demostraciones de una situación que reclama de la máxima autoridad del Estado la decisión de potenciar y garantizar que los trabajadores puedan organizarse en libertad para sostener en fuerzas reales y concretas los anhelos de mayor igualdad y una mejor distribución del crecimiento.

Libertad sindical y reactivación y profundización del funcionamiento del Consejo del Salario son estrategias de democratización concretas que promoverán el desarrollo de negociaciones salariales favorables a los trabajadores. En ese sentido, y dada la desigualdad vigente, corresponde precisar que dichas negociaciones, lejos de requerir techos exigen la fijación de un piso (salario mínimo) que debe ser previo y no posterior al proceso negocial.

Por último, la CTA expresó su aspiración a que el saldo de esta reunión con la Presidenta redunde en la creación de ámbitos institucionales permanentes de discusión sobre todas y cada una de las cuestiones que atañen a la clase trabajadora.