Se trata de Omar Alderete (que también es referente del gremio) quien recibió la noticia hace una semana, sin mediar un fundamento concreto para la cesantía.

Alderete, chofer de colectivo, sufre sucesivos intentos de despido por parte de la empresa que lo absorbió tras la disolución de aquella en la que trabajaba. Reclama que la Municipalidad cumpla con su compromiso de defenderlo, asumido entonces.

Por ello, desde la CTA exigieron al funcionario de Transporte la mediación ante dicha situación. “Pasa que cuando se hizo el traspaso de los colectiveros de la línea 13 a la 105, la Comuna se comprometió a ser mediador y garante de la continuidad laboral”, recordó Alderete.

Según aseguran, la decisión de la empresa tiene que ver con el pronunciamiento de la CTA en contra de la suba del boleto. Y por eso, hoy se volverán a reunir con Amarilla para conocer las gestiones realizadas en este sentido.

“Yo no tengo nada que ver en las cuestiones laborales”, dice Omar Alderete que le dijo el subsecretario de Transporte, Marcos Amarilla, cuando le planteó que era víctima de una persecución para tratar de despedirlo de la empresa en la que trabaja.

“Lo que pasa es que soy de los que no se quedan callados, que peleo por los derechos de los trabajadores, y eso parece que les molesta”, señaló el chofer.

Omar Alderete es ex empleado de la línea 13. En 2006, cuando la empresa se disolvió, pasó junto con otros 19 compañeros a la línea 105, entonces en manos de Transporte Libertad. La Municipalidad actuó como garante en el traspaso de los empleados, con el compromiso de defender su estabilidad laboral y las condiciones dignas de trabajo. Hoy, según denuncia Alderete, la empresa lo quiere echar y la Municipalidad “se lava las manos”.

“El tema viene de largo, pero comienza cuando se hace el traspaso de los trabajadores de la 13 a distintas empresas. 20 fuimos a la 105; 5 a la Santa Ana y otros 5 a Turismo Miramar. Para evitar problemas, el acuerdo señalaba estabilidad laboral y condiciones iguales a las del resto de los trabajadores de planta, y la Municipalidad, en las personas de Amarilla y del intendente Carlos Vignolo, quedaba como garante”, explicó Alderete.

El primer problema se dio cuando cobraron el primer sueldo: estaban en negro. “Yo personalmente hice el reclamo, y me dijeron que había sido un error administrativo. Tardaron tres meses en blanquearnos “, relató.

Pero eso no fue todo. “Cuando nos entregan el primer recibo, vemos que teníamos el descuento de la cuota sindical, y ninguno de los de mi grupo estaba afiliado a la UTA. Elevamos una nota a Personal, y terminamos con una nota de la UTA en la que nos decían que nosotros no teníamos ningún tipo de decisión en lo que hace a los descuentos.
Pusimos un abogado y finalmente cesaron los descuentos, pero seguimos reclamando el reintegro de los que se hicieron. Hasta hoy no tenemos noticias”, dijo Alderete, y relató que ya entonces la empresa le dio a conocer su “incomodidad” con la cantidad de reclamos que hacía.
Cuando en mayo de 2007 la empresa cambia de razón social a Transporte San Lorenzo, “dejan de pagarnos las asignaciones familiares. Hago el reclamo y la empresa le echa la culpa a la Anses. Ahí nos dicen que en realidad es que la empresa no está inscripta. La cuestión es que recién en septiembre nos las pagan”. Alderete señala que en ese ínterin envió cartas documento a la empresa, al domicilio que figura en los recibos de sueldo. “La rechazaban porque es una playa de estacionamiento y no había quién la reciba. Reclamo en la Subsecretaría de Trabajo, y la empresa pone un cartel en la playa, que decía que ’transporte San Lorenzo atenderá temporalmente en España 1540, la dirección de la 102. Allí rechazan la carta documento porque no es la dirección de la empresa. La mando entonces al domicilio de Santa Fe, donde además nosotros hacíamos las rendiciones cuando no había expendedoras, y también la rechazan porque no es el domicilio de la empresa. Así que volví a hacer las denuncias en la Subsecretaría de Trabajo”, relató.

“A esta altura ya la persecución se volvió notoria. Algunos inspectores me dijeron que tenían la orden de hacerme caer, para conseguir despedirme con justa causa. Como no consiguieron nada, me bajaron de línea, es decir, me sacaron de las listas de servicio. A los pocos días me mandan el telegrama de despido con justa causa porque supuestamente no me presenté a trabajar”.

Alderete había constatado su ausencia de las listas de servicio con un escribano, por lo que presentó las pruebas a la empresa, la que finalmente envió un telegrama de despido sin justa causa, es decir, garantizándole una indemnización. “El jefe de personal me dijo que no me querían ahí porque ‘se viene una movida grande’ y yo no encajo en el esquema. Eso quiere decir persecuciones políticas y yo no voy a aceptarlas”.

Además, Alderete tiene inmunidad gremial, porque es secretario de Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo en la Conducción Provincial de la CTA, inmunidad que se suma a la garantía del Municipio para la estabilidad laboral.

“Después de hablar bastante con Amarilla, accedió a reunirse con la empresa, y me dijo que me iba a llamar para juntarnos a ver qué dice la empresa”. Hoy, Alderete espera la intervención oficial para “dejar de ser una víctima de persecución solamente por defender los derechos de los trabajadores”.

Fuente: www.diariolarepublica.com.ar y www.el-litoral.com.ar de Corrientes