Por tal motivo, la Asociación Judicial Bonaerense (AJB), junto a organismos de Derechos Humanos, solicitaron una urgente audiencia al Ministro de Justicia de la provincia, doctor Ricardo Casal.

La AJB, la Comisión Provincial por la Memoria , la APDH-La Plata , el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) consideran que “las medidas anunciadas no solucionarán los problemas actuales del sistema penal bonaerense, ni impactarán sustancialmente en una mejora de la seguridad. Por el contrario, estas propuestas siguen concentrando esfuerzos y recursos exclusivamente en los casos que el sistema penal procesa actualmente y que se orientan a los sectores más vulnerables de la población. Esta tendencia se agrava –añaden- con la restricción de la garantía de habeas corpus contenida en el proyecto en debate”.

Para avanzar en cambios profundos, estas organizaciones entienden que “es indispensable diseñar un programa de política judicial que abarque aspectos impostergables como el fortalecimiento de la defensa pública que garantice el derecho de defensa, el control de las detenciones policiales y el respeto del debido proceso; la apertura de nuevos canales de participación en los procesos de selección de magistrados; la imposición de controles externos a jueces, fiscales y defensores; y el diseño de un plan de política criminal orientado a desarmar las redes de delitos complejos: corrupción de funcionarios públicos, trafico de estupefacientes y otras redes delictivas expandidas en la provincia”.