
El Consejo Directivo de la Asociación Tabajadores del Estado (ATE-CTA) de la Provincia de Buenos Aires recibió el mandato de las asambleas de afiliados de toda la provincia, los cuales discutieron la propuesta salarial del gobierno y decidieron aceptarla aunque declarándola insuficiente, además exigiendo la continuidad de la discusión paritaria.
El Secretario General de ATE, Hugo Godoy, luego de la reunión paritaria señaló que: “el gobierno presentó una propuesta que en términos promedio implican entre un 23 y 24 % de aumento, por ejemplo un trabajador categoría 1 de 30 horas recibiría 200 pesos de aumento en bolsillo y en total 245 sin descuentos.
En relación a los aumentos por bonificación expresó que: “las bonificaciones son todas por fuera de la garantía y remunerativas, por lo tanto el aumento es tanto para activos y jubilados y también tienen un correlato casi proporcional sobre todos los regimenes horarios de la Ley 10.430, lo que implica una avance muy positivo”.
Finalmente destacó que: “la propuesta es un avance positivo pero no termina de satisfacernos, es insuficiente en muchos aspectos que venimos planteando” y agregó a partir de ahora se abre una nueva instancia de discusión tanto para el Escalafón, el pase a planta permanente y de las Urpes que deben blanquearse a fin de terminar con la discrecionalidad”.
Por su parte, la seccional porteña de ATE cuestionó "algunas de las preguntas" incluidas en el censo de empleados municipales que inició la administración de Mauricio Macri y reclamó auditar las entrevistas, porque, evaluó, "pueden ser utilizadas en futuros despidos".
El secretario de Comunicación del gremio, Hernán Vázquez, consideró que el relevamiento será utilizado "para legalizar los futuros despidos".
"Todo gobierno tiene derecho a realizar un censo para saber cuántos empleados tiene en su planta. Pero con un censo no se sabe cuántos ñoquis existen", señaló.
Vázquez se preguntó por "la finalidad de la medida" y destacó:
"Si (el censo) es para regularizar la situación precaria de los trabajadores de la Ciudad , bienvenido sea, pero tenemos la sospecha de que se trata de una medida para legalizar los futuros despidos".
Por ello, reclamó a la administración comunal que "permita" a ATE "realizar una auditoría gremial sobre el censo" y "estar en las entrevistas que se realicen para custodiar los derechos de los trabajadores".
"Estamos en desacuerdo -continuó- con algunas de las preguntas del cuestionario. Como por ejemplo si en el núcleo familiar del empleado existe otra persona que trabaja, o si les interesa continuar con los estudios universitarios. Estos datos pueden ser utilizados en futuros despidos", evaluó el gremialista en declaraciones al portal ADN Ciudad.
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