Hasta la fecha son cinco las presentaciones ante la Legislatura solicitando el juicio político, la remoción e inhabilitación para ejercer cargos públicos de los jueces Roberto Fernandez, Jorge Sommariva, Eduardo Badano, Ricardo Kohon y Felipe Cia, que componen el máximo tribunal provincial.

Al frente de estas demandas se encuentran el Sindicato de Empleados Judiciales (SEJUN-CTA), la Asociación Trbajadores de la Educación de Neruquén (ATEN-CTA), la CTA y organizaciones de derechos humanos, culturales y sociales quienes son protagonistas de una campaña de recolección de miles de firmas que acompañan los pedidos de juicio político y destitución.

Los citados magistrados están siendo denunciados por haber sido funcionales al poder político del sobischismo; por gravísimas irregularidades en el juicio por el asesinato del profesor Fuentealba; por cometer delitos de corrupción; por violación de los deberes impuestos por la Constitución para la correcta administración del Poder Judicial y otros delitos.

Por tales motivos, dichos jueces son hoy un serio obstáculo para que prevalezca en Neuquén la verdad y la justicia, sostienen los demandantes.

Los trabajadores judiciales del SEJUN, filial de la Federación Judicial Argentina (FJA-CTA), han denunciado hace mucho tiempo, desde los primeros años del gobierno de Jorge Sobisch, las actitudes atentatorias a los derechos constitucionales de los trabajadores,; las prácticas antisindicales; los códigos de impunidad y la funcionalidad ante los poderes políticos y económicos por parte las altas esferas del Poder Judicial; por lo que en numerosas asambleas y declaraciones públicas el gremio pidió que el STJ neuquino sea removido como lo fueron los jueces menemistas de la Corte Suprema de la Nación.

Uno de los mayores escándalos fue cuando el juez José Badano, violando normas éticas y judiciales, intervino en el sumario penal donde se investiga la muerte del maestro Carlos Fuentealba, asesinado en abril del año pasado durante una protesta de los docentes.

En la oportunidad, Badano dio una insólita licencia compulsiva a un juez de Cámara –el doctor Hector Rimaro- para lograr una mayoría circunstancial en ese juicio que es de altísima gravedad institucional donde, precisamente, el ex gobernador de Neuquén, Jorge Sobisch, está imputado por la sociedad como principal responsable.

Por tales y otros numerosos motivos, el secretariado general del SEJUN, reunido el 8 y 9 de febrero último, llamó a una movilización conjunta con otros sectores y lanzaron una campaña de firmas solicitando la democratización del Poder Judicial y la destitución de los jueces del alto tribunal.

Se impone –sostuvo la declaración aprobada en esa ocasión- “que todos los sectores democráticos y populares asumamos la responsabilidad de dar batalla unitaria para eliminar todas y cada una de las herencias que dejó el sobischismo en el Poder Judicial y en los poderes públicos, herencias que hoy obstaculizan la vigencia plena de la Constitución y los derechos y garantías que la misma nos otorga a los trabajadores y el pueblo”.

Durante varias semanas, en las puertas de los Tribunales de Neuquén y en las arterias céntricas fueron desplegadas mesas públicas donde el SEJUN y demás organizaciones informaban sobre la situación de injusticia y sumaban adhesiones a los petitorios que se fueron presentando formalmente en la Legislatura.

Los primeros en solicitar el juicio político y la remoción fueron SEJUN y ATEN, también lo hicieron organismos de derechos humanos y por último Convocatoria Neuquina, una entidad que reúne dirigentes de los trabajadores judiciales, de la CTA, a ex jueces y fiscales, abogados, periodistas, al sindicato de prensa y personalidades.