La Rioja es escenario de acciones típicas de un régimen de facto por parte de un gobierno que comete violaciones flagrantes a principios jurídicos elementales, denunció ayer la Federación Judicial Argentina (FJA-CTA) ante el Ministerio de Trabajo de la Nación al hacer una nueva presentación acerca de las prácticas atentatorias al ejercicio de derecho de huelga y tutela sindical en perjuicio de la Asociación de Trabajadores Judiciales (ATJ) de esa provincia.
La presentación, firmada por Jorge Izquierdo y Víctor Mendibil, secretario general y cosecretario, respectivamente, de la FJA, advierte al Ministerio de Trabajo sobre “la gravedad institucional” de lo que ocurre en esa provincia ya que el gobierno de Beder Herrera viola principios de la libertad sindical y, además, ha desconocido un fallo dictado por el Superior Tribunal de Justicia (Ad Hoc), integrado por Conjueces, que dispuso el cumplimiento de la Ley de Presupuesto 2007 que preveía una partida para el “blanqueo” de sueldos y establecía un sistema de porcentualidad dictada oportunamente y cuya inaplicación por parte del Poder Administrador, originara la demanda judicial.
El Poder Ejecutivo riojano no solo no acató la orden del alto tribunal ad hoc sino que, además, dictó un decreto elevando en un 200% los salarios básicos del gobernador, de sus ministros y de las jerarquías superiores del Poder Judicial, sin contemplar una actualización de salarios para los empleados de la justicia como ordenaba la Ley de Presupuesto.
En un clima de indignación, los trabajadores judiciales de La Rioja vienen cumpliendo un paro que se prolongará hasta el 17 de marzo mientras Dante Herrera, un empleado de la Justicia de Chilecito, se mantiene hoy encadenado por cuarto día consecutivo a la puerta de acceso de los Tribunales, en señal de protesta por los sueldos miserables que se perciben.
La FJA ha denunciado también ante el Ministerio de Trabajo las prácticas del presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ), doctor Angel Roberto Avila, único componente de ese alto tribunal y que, por lo tanto, “hace lo que quiere” ya que los jueces inferiores están amenazados con ser declarados en comisión si no colaboran.
En este panorama –denuncia la FJA- se ha sancionado al secretario general de la ATJ, Horacio Juárez, violando la legislación laboral, y se suceden fuertes presiones por parte del gobierno y del juez Avila para romper la huelga.
En esta dirección, el 10 de marzo comenzó la contratación de pasantes, que son estudiantes de abogacía, para reemplazar a los trabajadores de paro.
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