Hubo que masacrar a una generación rebelde y comprometida para conformar el nuevo bloque de poder dominante hegemonizado por el capital financiero internacional.

El genocidio sembró el terror colectivo. Necesitaron de la tortura, la apropiación de bebés, el crimen político y la más variada gama de delitos de lesa humanidad, para barrer con las conquistas de los trabajadores y consagrar la fenomenal transferencia de ingresos de los sectores populares a los grandes grupos económicos.

La desindustrialización del país, la apertura indiscriminada de la economía, el endeudamiento externo, la bicicleta financiera, la destrucción del aparato productivo, la concentración de la riqueza, los magros salarios, la precarización laboral y la miseria, marcharon paralelas al secuestro y desaparición de 30 mil luchadores populares, la cárcel y el exilio de miles de compatriotas y el despido de más de medio millón de delegados, activistas y trabajadores.

Inventaron el hambre en un país hecho de pan: Argentina produce alimentos para 300 millones de personas y todavía hoy mueren diariamente 100 chicos por causas evitables. En diciembre de 2001 el pueblo rompió con la lógica de acumulación capitalista en su fase neoliberal. Las políticas implementadas desde entonces hasta acá en materia económica y social, si bien registran algunos avances respecto del etapa anterior, no han erradicado la matriz de desigualdad social producto de una injusta distribución de la riqueza.

El 10 por ciento más rico de la población gana 31 veces más que el 10 por ciento más pobre. Así de simple. Sencillamente brutal e intolerable.

También hoy, a 32 años del genocidio, persiste la matriz ideológica de la Doctrina de Seguridad Nacional. Las víctimas cotidianas del gatillo fácil y la criminalización de la protesta social, el secuestro del albañil Jorge Julio López y la sanción de la Ley Antiterrorista, confirman la existencia de importantes sectores de poder que se resisten a desmontar el aparato represivo.

En la tarea de eliminación de cualquier foco de oposición al régimen, la prensa y la Justicia cumplieron un papel protagónico. No por casualidad las grandes corporaciones periodísticas no han insinuado siquiera una autocrítica por su complicidad con el autodenominado "Proceso de Reorganización Nacional" del que recibieron importantes favores, como la cesión de la propiedad de Papel Prensa.

Respecto de la Justicia, y aunque debe apuntarse como un dato positivo la renovación de la Corte Suprema, tanto a nivel federal como en las provincias, subsisten nichos de soberbia aristocrática y feudal, junto a una nada llamativa docilidad con el poder de turno.

Nunca más a la impunidad

La dictadura y los gobiernos democráticos que se sucedieron consolidaron la estructura que sumió a la población en la pobreza, la exclusión y la pérdida de la ciudadanía social. La fase menemista, con Domingo Cavallo como ejecutor, extendió el genocidio por miseria y planificación de la desigualdad a la mayoría de la población, profundizando la desocupación, las enfermedades de la pobreza y el saqueo sistemático de los recursos naturales. Contó para ello con la complicidad de buena parte de la dirigencia política al servicio de los grupos dominantes y funcional al sostenimiento y profundización del plan económico anunciado por Alfredo Martínez de Hoz en abril de 1976.

De la Rúa, Machinea y el mismo Cavallo continuarían con vocación de orfebres la estrategia de entrega y sometimiento hasta el estallido social de diciembre de 2001.

El 67 por ciento de los detenidos desaparecidos son de extracción gremial, víctimas del terrorismo de Estado impulsado por los grupos económicos locales y extranjeros con el que se buscó inhibir la capacidad de reacción del movimiento obrero. El imperio del horror no fue óbice para que se multiplicara la resistencia a la dictadura.

Fue la lucha del pueblo, y en particular de los trabajadores y los organismos de derechos humanos, la que obligó a los militares a gobernar nuestro país por mucho menos tiempo que sus pares de Brasil, Uruguay y Chile; la que logró que por primera vez en la historia contemporánea los vencidos sentaran en el banquillo de los acusados y condenaran a los vencedores en el Juicio a las Juntas y que se derogaran las infames leyes de Obediencia Debida y Punto Final.

De esa resistencia anónima y consecuente no se tiene registro en la historia oficial. Los medios de comunicación hegemónicos la han invisibilizado. No se habla, por ejemplo, de los paros, protestas y sabotajes que se reproducían a lo largo y ancho del país desde el mismo inicio del golpe de Estado, de la huelga del 27 de abril de 1979 dispuesta por la Comisión Gremial de los 25, de las masivas marchas a San Cayetano que desbordaron en 1981 a las fuerzas de seguridad, o de la movilización a Plaza de Mayo del 30 de marzo de 1982 convocada por la CGT Brasil -liderada por Saúl Ubaldini- que fuera salvajemente reprimida y que, en Mendoza, costara la vida del obrero Benedicto Ortiz.

La derrota en la Guerra de Malvinas precipitó la huida de los militares del poder. Pero hacía ya bastante tiempo -con los calamitosos resultados económicos, sociales, políticos y culturales a la vista-, que carecían de consenso social y nadaban en el mar del desprestigio. Resulta una simplificación histórica adjudicar al desastre de Malvinas la causa fundante y excluyente del cese de la dictadura y la reinstauración democrática. Implica, además, desconocer la innegable resistencia del pueblo a la tiranía militar.

Reconocer esa resistencia y rescatar la memoria de los 30 mil ausentes, que padecieron el martirologio por su identidad con un proyecto de liberación, constituyen ejercicios ineludibles para estar a la altura de los nuevos tiempos que corren en nuestro país y en gran parte de Latinoamérica. Para alimentar la esperanza en un futuro diferente y la convicción de que nunca más reinará la impunidad.

A propósito, ¿no habrá llegado el momento de constituir una CONADEP de los grupos económicos responsables del genocidio de ayer y que hoy siguen esquilmando al pueblo argentino?