Hoy se cumple un nuevo aniversario del Golpe Militar del 24 de marzo de 1976. Un nuevo año… (más bien 32) de un episodio que tiñó de sangre, muerte y terror la historia de un país que aún no logra saldar las cuentas del pasado. Así será hasta tanto la impunidad siga siendo cómplice del silencio y la injusticia.

En contrapartida se halla la memoria de todos aquellos que no se resignan al olvido. Es cierto, con la llegada del ex presidente Néstor Kirchner al poder, comenzaron a “reactivarse” algunos mecanismos casi entumecidos, sin embargo ello no significó más y mejor justicia.

Sin ir más lejos, en la provincia de Córdoba se ha avanzado poco desde la reapertura de los denominados “juicios por la verdad histórica”, y si bien días atrás la jueza federal Cristina Garzón de Lazcano elevó a juicio oral una causa por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura y que cuenta que entre los imputados al general, Luciano Benjamín Menéndez, ello no significa “que la cosa está cambiando”.

Así lo aseguró en una entrevista, quien fuera secretario de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) delegación Córdoba y abogado representante de varios familiares de víctima del terrorismo de Estado, Rubén Arroyo.

Arroyo criticó sin eufemismos a la Justicia Federal de Córdoba a la que tildó de “cómplice de la impunidad y de “gatopardista”. “Quieren tratar de hacer ver que algo cambia para que todo quede como está”, agregó el letrado quien casi al final de la charla recordó la hermética y corporativa que puede llegar a ser la “Sagrada Familia” cordobesa, en estricta alusión al libro que publicara en el año 2001 el periodista Sergio Carreras en el que desnudó la relación entre familias del patriarcado local y el Poder Judicial.

Para Arroyo, "la Justicia Federal de Córdoba tiene una larga historia vinculada al terrorismo de Estado que aún no está aclarada o más bien se encuentra deliberadamente cuidada. Diríamos que ahora con la causa (Humberto) Brandalisis se está haciendo gatopardismo. O sea, tratar de ver que algo cambia para que todo quede como está.- Una situación compleja que ha tomado un giro con la noticia de que se ha elevado una causa a los tribunales orales para enjuiciar a Menéndez. Se pretende instalar en la sociedad una idea peligrosa y nada inocente que busca hacernos creer que con este juicio a Menéndez se está enjuiciando al terrorismo de Estado".

Y añadió: "Muerto el perro se acabó la rabia y nos olvidamos de muchas otras cosas. Si bien en Córdoba Menéndez fue la cabeza del terrorismo de estado y como cabeza luego se transformó en símbolo. El terrorismo de Estado abarcó a bastantes más personas incluidas a miembros de la Justicia federal de aquel entonces que colaboraron activamente con la impunidad".

Arroyo dijo que "si hay impunidad el resorte fundamental de la impunidad es la Justicia y la Justicia es integrante del poder político. La causa por la que ahora veremos al carnicero sentado en el banquillo puede ser comparada con la vez en que Al Capone lo terminan metiendo preso por evadir impuestos cuando había sembrado el terror y muerte en toda Chicago. Y acá están enjuiciando a Menéndez por el asesinato de cuatro jóvenes… cuando ya en 1984 hablábamos de más de 500 desaparecidos, torturas y asesinatos aparecidos como enfrentamientos y tentativa de fuga. Hoy, nada de todas esas causas como es que la sociedad tenga conciencia de la magnitud de este fenómeno que hoy llamamos terrorismo de Estado".

Arroyo sostuvo que "Córdoba ha sido un símbolo de ello incluso antes del golpe del 24 de marzo. Esta es otra idea que también hay que señalar. Estrictamente en Córdoba ya se deberián haber instrumentado el juicio denominado La Perla y los 30 homicidios de presos políticos que estaban alojados en la Penitenciaría de barrio San Martín (UP1) en la que se aplicó sistemáticamente la ley de fuga. Se trata de un juicio singular porque en él se encuentra documentado el activo papel de complicidad de magistrados y funcionarios judiciales. Y no se trata de uno solo. Como es el caso de Carlos Otero Álvarez que era secretario del Juez Adolfo Zamboni Ledesma (ya fallecido) del Juzgado Federal Nº 1 y que actualmente integraría el tribunal que condenará a Menéndez".

Según Arroyo, "si yo condeno a reclusión perpetua a Menéndez qué me vienen a acusar de que participé en el genocidio llevado a cabo por Menéndez. Por eso digo que esto no es nada ingenuo o casual. Y el tercer juicio sería el de todas las desapariciones, asesinatos y torturas realizadas en Córdoba antes del golpe militar, que incluye el accionar de la versión cordobesa de la triple A que es el Comando Libertadores de América".

A renglón seguido informó que "un grupo de abogados, encabezado por María Elena Mercado, Luis Reinaudi, María teresa Sánchez, Miguel Ceballos y algunos más, denunciamos el accionar del Comando Libertadores, de la terrible matanza de la familia Pujadas. Nosotros hicimos hace años la denuncia y todavía no se han expedido. Con este panorama la Justicia no ha elevado nada más que la causa Brandalisis".

¿Esta dispersión, que en general se ha dado en todo el país, tiene como objetivo el encubrimiento o responde a los vericuetos a los han tenido que apelar los abogados parra llevar a juicio a los responsables del terrorismo de Estado?

Yo creo que hay algo de las dos cosas. Siempre nos hemos encontrado con que los delitos, los hechos que constituyeron el terrorismo de estado, siempre fueron impulsados por los damnificados: nunca fueron investigados de oficio. La única tarea oficial fueron las denuncias elevadas por la Conadep teniendo en cuenta que la Conadep era un organismo oficial pero en todo caso no fue otra cosa que el eco de las denuncias de las comisiones de familiares y organismos de los derechos humanos en el transcurso del año 1984. Entonces, la Justicia al no haber acusado nunca de oficio ni durante ni después de la dictadura ahora sale a hacer creer que está haciendo algo. Es que ya no tienen. Es que ya no tienen otra alternativa porque el nuevo gobierno presiona para que haya enjuiciamientos.

La dispersión es la excusa para no acelerar causas. Pero eso es mentira, por ejemplo, la causa denominada La Perla ya estaba armada en 1985. En primer lugar la demoraron hasta que aplicaron la ley de obediencia debida y luego la demoraron hasta que llegó el indulto salvador para cerrar todas las causas en 1989. La fiscal Graciela López de Filoñuk aprovecha la causa Brandalisis para dejar atrás todas las causas que ya estaban hechas. Todas las causas por las cuales iba a ser juzgado Menéndez a fines de 1989 cuando llegó el indulto.

Entonces esto no es casualidad ni es falta de personal como alegan, ni es la complejidad porque todo eso ya estaba listo. Estamos en el 2008. A 10 años de la reapertura de las causas por la verdad histórica. Tanto la Justicia instructora que es el Juzgado Nº 3 a cargo de la jueza Cristina Garzón de Lascano como la misma cámara conocen por demás estas cosas. Pero sin embargo caemos en que el primer juicio va a llegar a manos de un hecho que involucra a cuatro víctimas cuando las víctimas acá fueron miles.

¿Esto sucede porque la justicia actual sigue encubriendo a los responsables?

La Justicia Federal actual al igual que su predecesora siempre tuvo la voluntad política de no enjuiciar. Y esa volunta política de no enjuiciar al terrorismo de estado surgida de una afinidad ideológica con lo que fue la acción represiva de la dictadura militar.

Actualmente, la Justicia federal de Córdoba está tratando de evitar que se enjuicie a los jueces, secretarios, fiscales y defensores oficiales que fueron parte del terrorismo de estado.

La idea es cambiar algo para que no cambie nada. Enjuiciemos a Menéndez pero no hablemos del caso de la UP1, donde se dio muerte a presos políticos quienes estaban a disposición de jueces de la Justicia federal, a merced de defensores oficiales porque estaban aislados y no podían tener defensores particulares.

La causa de la UP1 aún sigue instruyéndose. Del requerimiento de instrucción que había hecho la fiscal con varios años de atraso, cuando le mencionamos que se olvidaba de imputar a Otero Álvarez, a Ricardo Haro, a miguel Ángel Puga 8ex juez federal), a Molina que está actualmente de defensa de oficiales, etc, se excusó aduciendo o invocando una amistad o una relación de respeto con el entonces camarista Ricardo Haro que en el año 1976 hasta septiembre era el defensor oficial de todos los presos que fueron asesinados en la UP1. La sagrada familia defendiendo a los miembros que se portaron mal.

En conclusión…

Ahora vamos a ver un show con el carnicero Menéndez pero los que traían las presas o lo que garantizaban impunidad, esos no van a aparecer en estos juicios. Menéndez está cómodamente preso en su casa y va a morir cómodamente en su casa. Menéndez tiene 82 años, es un viejo miserable que ya no representa nada, pero hay otros tan criminales como él que todavía gozan de impunidad. La Justicia Federal de Córdoba en esencia –salvo algunas excepciones- no quiere que haya enjuiciamientos.

Fuente: Sol Rodríguez Maiztegui, diario Hoy Día Córdoba