
Mediante la Acordada nº 3367 la Suprema Corte de Justicia dispuso extender las prácticas en el Poder Judicial de seis meses a un año, excusando la decisión en que “resulta insuficiente para que el alumno practicante obtenga el acabado conocimiento de la actividad jurisdiccional”.
“Esta es una nueva forma de precarización y fraude laboral. No podemos permitir que dentro del Poder Judicial se instale esta figura fraudulenta e ilegal bajo la excusa de que seis meses es poco tiempo para que el alumno conozca la actividad judicial”, señaló Hugo Blasco, Secretario General de la Asociación Judicial Bonaerense (AJB-CTA).
Además, el secretario Gremial de la CTA bonaerense señaló que “esta decisión se corresponde con el proyecto neoliberal de justicia impulsado en la década del 90 por el Banco Mundial. Y encubre la falta de personal en el Poder Judicial, porque en vez de nombrar trabajadores ponen pasantes para realizar las mismas tareas que los compañeros que cobran un sueldo”.
Para finalizar Blasco expresó: “es una excusa que seis meses es poco tiempo para que el alumno aprenda porque no es responsabilidad del Poder Judicial capacitarlos. Esa es una tarea que le corresponde a la facultad.
Por primera desde que asumió la nueva conducción de la AJB, se llevó a cabo un encuentro en el Juzgado de Paz de 25 de Mayo (departamental Mercedes), que contó con la presencia de representantes de Carlos Casares, 9 de Julio, Hénderson, una representante de la CTA nacional, y la secretaria de Interior del gremio Mary Muñoz.
El cónclave, tuvo como anfitrión al local Hugo Sclavi y se trabajaron, por la mañana, temas atinentes a la modalidad de funcionamiento de la Subsecretaría de la Justicia de Paz para este año, además de fijarse objetivos y prioridades.
Mary Muñoz, que se desempeña en el Juzgado de Paz de Vedia (Junín), evaluó a la reunión como “altamente positiva y con un intercambio que nos permite conocernos más”, resaltando que se pudo responder “las inquietudes de los compañeros, saber de sus necesidades, informarles acerca de la situación de la AJB en la provincia de Buenos Aires, y lo que acontece a nivel de la Federación Judicial Bonaerense (FJA_CTA) y la CTA”.
Pasado el mediodía, se integraron los judiciales Roberto Huergas, Liliana Cosentino, Gustavo Fahi, Marcelo Cirili y Juan Manuel Cobanera, todos del Juzgado de Paz de 25 de mayo.
También dijeron presente los representantes de la Justicia de Paz Laura Poratti (Carlos Casares), Marta Navarro (9 de Julio), José Luis Jaimarena (Henderson), y Elsa Picado en representación de la CTA nacional.
Cabe destacar que el próximo encuentro de este sector será en La Plata el viernes 18 de abril de 2008.
Luego de la denuncia realizada por la AJB sobre las condiciones laborales deplorables que enfrentan cotidianamente los trabajadores del Juzgado de Paz de Malvinas Argentinas, su titular, el Juez Juan José Paci pidió “la suspensión de los términos procesales y el servicio de justicia hasta se instrumente una solución que permita el cumplimiento de las tareas regulares en condiciones dignas”.
En la carta enviada al Subsecretario de la Justicia de Paz Letrada de la Suprema Corte, Abel Otonelo, el Dr. Paci expresa que “la mayor parte del personal convive con anomalías estructurales que al igual que a los justiciables, los colocan en situación de serio riesgo para su salud, cuando ya no están afectados, por lo que sus quejas se vuelven reiteradas”.
Además, señala “con fecha 20 de febrero de 2008 y por una presentación efectuada por la AJB –departamental San Martín- por las condiciones de hacinamiento e insalubridad del personal de este organismo el Sr. Presidente de la Suprema Corte de Justicia, Dr. Juan Carlos Hitters, confirió intervención a las Subsecretarías de Administración y Personal y a la Superintendencia de la Justicia de Paz para arbitrar medidas y elaborar informes”.
Sin embargo, “desde hace dos años recurrentemente y en todos los órdenes se vienen planteando estas alternativas sin que a la fecha se haya instrumentado alguna solución efectiva”.
Cabe recordar que la dependencia judicial no tienen espacio, luz ni ventilación adecuadas. Además, presenta “niveles de humedad y temperaturas nocivas; cables eléctricos expuestos; instalación de gas antirreglamentaria; filtraciones de agua permanente, convirtiendo el despacho del secretario en inhabitable; ausencia de baños tanto para el público como para el personal”, según denunció la AJB oportunamente.
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