La ofensiva reaccionaria está encabezada por el gobierno colombiano y por Washington. El asesinato de Raúl Reyes, con la incursión armada en territorio ecuatoriano, nos muestra hasta qué punto han puesto en práctica su oferta de terrorismo de Estado por encima de cualquier otra consideración.

Digamos que las cosas no han terminado con la repulsa generalizada a ese operativo, por el contrario, la ofensiva recién empieza aunque nunca antes había sido tan debilitada la influencia de Washington en América latina.

Pero Washington está empecinado. Quiere generalizar a nivel mayúsculo lo que ya había organizado la CIA en nuestros países en los años 70 con el Plan Cóndor, con el añadido que ahora, al no contarse con las dictaduras genocidas de entonces, se apela a otro instrumento: el paramilitarismo.

No olvidemos que John Negroponte, el segundo de Condolezza Rice en el Departamento de Estado, ha sido el cerebro en los años 70 del Plan Cóndor, y que es el mismo Negroponte el que encabezó días atrás la delegación estadounidense en la reunión de cancilleres de la OEA.

El paramilitarismo es ahora la nueva joyita de la corona. Fue puesto a la orden del día en Colombia hace rato con secuelas de miles de asesinatos, desplazamientos de pueblos enteros y feroces torturas. Allí tejieron una inmensa red paraestatal: el paramilitarismo se alió y ramificó en otras expresiones, como la parapolítica, los parajudiciales, los paraperiodistas y los paragubernamentales, entre estos últimos, en primer lugar su presidente, Uribe Velez. Paramilitarismo es ahora todo eso. Decenas de congresistas son cómplices y exponentes de esa red convertida en poder real en Colombia sin necesidad de golpe de Estado.

Hoy no podemos contemplar este fenómeno como algo lejano y que a nosotros, Argentina, no nos tocará. Tengamos en cuenta que, siendo una herramienta estratégica actual del imperio, este paramilitarismo tenderá más y más a ampliarse geográficamente, a extender su organización a los vecinos, a “flexibilizar” el terrorismo de Estado por encima de las fronteras y de cualquier norma del derecho internacional.

Se trata de un mecanismo que en América latina busca, como en Colombia, convertirse en un poder real, más aun por las necesidades del imperialismo de imponer sus Tratados de Libre Comercio (TLC) y de contar con la “seguridad” que arrase con cualquier resistencia “terrorista”.

Se conmemora un nuevo aniversario del golpe, valga entonces advertir que los genocidas mantienen un aceitado aparato organizativo que está al acecho y que también actúa. Son nuestros paramilitares que, también ellos, tienen sus complicidades y conforman la parapolítica. Cuentan con respaldo en Washington y podemos decir que son profundos sus lazos con los grandes medios de comunicación.

Que tienen un aceitado aparato ya no se puede negar tras el asesinato de Jorge López y luego del cianuro que le dieron a Febbres cuya cárcel se había convertido en hotel cinco estrellas. El asesino de Kosteki y Santillán salía de la prisión de Olmos a dar sus paseítos. Varios gobiernos provinciales han designado en funciones ejecutivas a ex miembros de la dictadura genocida y a represores de la policía acusados de asesinato.

No son pocos los genocidas sueltos. Unos cuantos están en prisión domiciliaria o en cárceles, pero estos últimos, con la complicidad de la policía, de personal penitenciario, de los servicios de inteligencia y de importantes segmentos de la oficialidad de las fuerzas armadas, abren y cierran sus celdas como si fueran puertas de su casa. Hasta que estalla la denuncia en la opinión pública y todo parece que se encarrila por el lado de la justicia. Sin embargo, cuando las aguas calman, los celulares de Etchecolatz llaman y la red de complicidades se despliega en las sombras.

Ni qué hablar del Poder Judicial. Se cambió a la Corte Suprema de Justicia, pero los Supremos Tribunales de Justicia de las provincias –con pocas y honrosas excepciones- son hasta ahora intocables reductos de jueces puestos por los genocidas o por el menemismo o por algunos de los gobernadores posteriores, cuyas ideas y métodos son afines a la dictadura. No por nada los trabajadores de la Federación Judicial Argentina (FJA-CTA) exigen, entre sus principales demandas, la democratización del Poder Judicial. Porque la persistencia de esos jueces que en su momento avalaron a los represores y el vaciamiento del país, son actualmente los que retrasan los juicios a los asesinos y torturadores. En tal sentido, trabajadores judiciales de Neuquén, Chubut, La Rioja, provincia de Buenos Aires, Corrientes y otras filiales, han realizado movilizaciones y paros denunciando la complicidad en la corruptela y en la represión de jueces de los Superiores Tribunales con el poder político y económico. Pero sobre eso la prensa cómplice nada dice.

Es decir, el fascismo tiene sus estructuras muy bien montadas, sus servicios de inteligencia acumulan datos y también atacan y asesinan a testigos como el caso de Jorge López, o envenenan a sus propios miembros cuando sospechan que “cantarán”.

Sí, el fascismo está ahí, en los cuerpos armados de las policías, las prefecturas, la penitenciaría y las tres fuerzas armadas, en el Poder Judicial y en estamentos de gobiernos provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires. Si, ahí están. El poder económico de las multinacionales los necesita. Son los fundamentos del paramilitarismo y la parapolítica en Argentina.

Nuestro pueblo ha hecho mucho en su lucha por los derechos humanos. Lo logrado es gracias a esa movilización. Hemos tenido triunfos y avanzamos. Nos espera, sin embargo, un largo camino de lucha. Y hoy, en este nuevo 24 de marzo, cabe reflexionar y concluir que lo de Colombia y el asesinato de Reyes no nos es lejano. El paramilitarismo también se prepara en Argentina.