
La Central de Trabajadores de la Argentina y la Asociación de Mujeres Meretrices Argentinas de Córdoba e concentrarán el viernes 11, a las 9,30, en Tribunales II, donde se definirá el veredicto del juicio a Carlos Hugo “El Pelado” García, quien en la reapertura del juicio celebrada el lunes confesó haber asesinado a la trabajadora sexual Rosa Andrea Machado.
En la audiencia que se desarrollará en la Cámara 7ª del Crimen estará presente para acompañar a la familia de la víctima el secretario general de la CTA Nacional, Hugo Yasky.
Desde la desaparición de Andrea Machado en abril de 2003 la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (Ammar-CTA) impulsó la búsqueda para encontrarla primero y por justicia después. Si se llega a la condena, será el primer caso en la Argentina donde el homicidio de una trabajadora sexual no queda impune.
García en su declaración del 7 de abril reconoció su culpabilidad en el asesinato de Andrea Machado. Representantes de AMMAR de diez provincias se encuentran en Córdoba darán una conferencia de prensa al término de la audiencia en las escalinatas de Tribunales II. Este juicio es histórico, porque si se llega a condena, será la primera vez que en la Argentina se logra un fallo por el asesinato de una trabajadora sexual.
AMMAR tomó en sus manos la búsqueda de Andrea Machado y la bandera por lograr justicia desde los primeros días posteriores a su desaparición, en abril de 2003, cuando la hermana de Andrea, Mirta, se acercó a la organización a solicitar ayuda porque en ninguna dependencia pública le daban respuesta.
Desde entonces, AMMAR realizó varias movilizaciones, elaboró los identikits de García y pegado de afiches con la foto de Andrea y a partir de las llamadas anónimas de los vecinos se llegó al ahora reconocido culpable. Andrea Machado había salido unas pocas veces con Carlos Hugo García como cliente, pero había comentado a su familia que no volvería a verlo porque no le daba seguridad, ya que el hombre tenía pegadas en su casa fotos de su hija desnuda. Andrea aceptó salir por última vez para conseguir el dinero que necesitaba para comprarle una bicicleta a su hijo que cumplía años.
“El caso de Andrea, como el de tantas otras compañeras asesinadas son las consecuencias de un Código de Faltas que nos criminaliza, dejándonos en la clandestinidad, expuestas a la violencia y a la inseguridad. Desde la primera instancia la policía se dedicó a pre-juzgar a Andrea en vez de iniciar la búsqueda”, señala María Eugenia Aravena, secretaria general de Ammar Córdoba.
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