Presidido por los monseñores Jorge Casaretto y Eduardo Serantes, se realizó ayer en la sede la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) el Taller “De habitantes a ciudadanos”, convocado por la Comisión de Justicia y Paz de la CEA, con el objetivo de debatir “la inclusión en el sistema formal a la mayor cantidad de trabajadores informales”.

Participaron del encuentro las siguientes entidades: UIA, Sociedad Rural, CRA, FAA, ABA, AACRE-CAME, UCA, AMIA, CGT y la CTA (que estuvo representada por los dirigentes Daniel Jorajuría, Juan Carlos Cabrera y Oscar Ruibal.

Durante su exposición, Jorajuría destacó la importancia del tema planteado ya que “a pesar del crecimiento sostenido de la economía en el mundo; la mitad de la población mundial está en la informalidad y sigue creciendo; esto implica un grave déficit de trabajo decente y de gobernabilidad”. Y agregó: “Esto no es un problema técnico, ni jurídico, sino político y tiene que ver en cómo es el desarrollo económico en nuestro país”.

“Éste fenómeno nació a la luz de las erróneas políticas impuestas por las instituciones financieras internacionales que con su claro enfoque ideológico promovieron la liberalización de la economía, la desregulación de los mercados, las privatizaciones de las empresas públicas y la flexibilización de las relaciones del trabajo”, sostuvo el secretario de Contabilidad y Finanzas de la Central. “Fue una estrategia política de esa ideología y allí comenzó la exclusión, la precarización y el crecimiento de la informalidad y la desigualdad”.

El dirigente advirtió que se está poniendo el acento en la responsabilidad de las micro y pequeñas empresas que “a veces son de subsistencia; en realidad éste fenómeno tiene que ver con nuevas formas de organización del capital; y en ese sentido el primer precarizador fue el Estado que adoptó esas políticas y desde allí el capital precariza al resto. Pero en nuestros días el principal precarizador son los grupos económicos concentrados que bajo formas de subcontratación, terciarización para bajar costos, deslindar responsabilidades y disciplinar al resto de la economía”. Y ejemplificó: “Empresas Telefónicas, Eléctricas, Alto Paraná y la explotación pesquera a través de falsas cooperativas. Por eso, acá hay que cumplir con la recomendación 198 de la OIT y hacer prevalecer el hecho de la realidad de la relación laboral con el empleador principal”.

En cuanto al tema de los incentivos a las empresas aseguró que “como trabajadores no podemos aceptar la reducción de ningún aporte a la seguridad social, ese instrumento ya fracasó en los 90.
No se pueden tratar éstos temas sin la participación de los actores involucrados y quienes sufren el problema y para resolverlo deben organizarse los trabajadores involucrados y en Argentina los trabajadores informales están impedidos de organizarse para la defensa de sus intereses y es fundamental modificar la legislación como lo viene marcando la OIT”.

Ante una respuesta de la Sociedad Rural que afirmó que el problema de Alto Paraná está resuelto porque los motocierristas ya están formalizados en el convenio de UATRE, Jorajurçia replicó: “Ese es el más claro ejemplo de lo que dije; primero, Alto Paraná no es una estancia, es una multinacional que fabrica papel y celulosa; segundo, a sus trabajadores no se les puede pagar como a un peón rural. La lucha de la CTA hizo que los motocierristas se afiliaran al gremio papelero de la CTA y mejoraron sus condiciones de trabajo y sus salarios notablemente”.