Explosión en medio de una reparación de un buque: muertes. Explosión en un planta piloto de investigación universitaria: muertes. Falla de equipos para la carga y descarga de equipajes en los aeropuertos: muertes. Acoso psicológico y sobrecarga laboral: Muertes. Proceso productivo: muertes. La pregunta que viene es compleja: ¿Esto es producto de la casualidad, causalidad, accidente o determinación socio-económica?

Si se analiza las crónicas de enfermedades, accidentes y muertes de trabajo, sin duda hay una conclusión inmediata: expresan una injusta matriz socio-económica que hace décadas recae sobre las espaldas de los trabajadores y haciendo visible las conexiones entre, cómo una sociedad se organiza y los patrones de muertes y enfermedad de sus pobladores. Indiscutiblemente, allí la clase trabajadora juega el papel de material descartable. Descartable dentro de un contexto histórico de creciente precarización laboral, trabajo informal, pésimas condiciones de seguridad, tercerizaciones, magros salarios y sobre-explotación. Estas son ls pautas que marcaron los procesos de trabajo- producción de las últimas décadas en nuestro país y que impactaron sobre la salud del trabajador.

Vidas perdidas

Juan Roggeri, de 22 años de edad, permaneció internado en el Hospital Alemán de Capital Federal por más de 5 días. El compañero Juan, trabajador de limpieza del Astillero Río Santiago, falleció tras un accidente sufrido con otros tres operarios el pasado 14 de febrero como producto de una explosión en el buque “Casanna”. Lo paradojal carencia de salud en la provincia de Buenos Aires fue que los cuatro trabajadores heridos (incluido Juan) debieron ser trasladados a la Capital Federal porque la Unidad de Atención del quemado del Hospital San Martín de La Plata estaba cerrada por falta de personal sanitario.

El secretario general de ATE provincia Hugo Godoy señaló que, “sentimos mucha bronca y dolor porque veníamos advirtiendo desde hace años la falta de condiciones de trabajo, de seguridad e higiene laboral, no sólo en el Astillero sino en muchos otros sectores del Estado provincial”. Godoy explicó que “por lo menos tres factores se juntaron para que la tragedia se desatara en el buque ‘Cassana’: las condiciones de trabajo en las que la gente desarrolla sus tareas, la falta de inversión por parte del Estado y el esfuerzo heroico de los trabajadores para que los buques salgan terminados”.

Nicolás Correa y Alfredo Dianda, dos jóvenes de tan sólo 22 y 23 años de edad, dejaron sus vidas por un desperfecto producido en el sistema refrigerante del horno número 4 en la empresa ACINDAR en Villa Constitución (Santa Fe) que provocó una explosión que afectó a ocho operarios, quienes sufrieron graves quemaduras. Nicolás y Alfredo perdieron su vida. Según fuentes de UOM Villa Constitución y algunos compañeros testigos, esa fatal mañana promediando las 10:45 la explosión se produjo porque la empresa dio funcionamiento a ese horno que estaba en reparaciones. Victorio Paulón, secretario general de la UOM Villa Constitución y secretario gremial de la CTA nacional remarcó que “a las muertes en la ruta, los medios las registran; a las muertes por inseguridad en los barrios, los medios las registran; pero las muertes por accidentes de trabajo, se ocultan, se clandestinizan”. A su vez, Paulón agregó que “el dolor no es algo individual. El dolor es algo colectivo y tiene que transformarse en organización”.

Río Turbio: 14 fueron los mineros muertos. Allá en el sur de Argentina, provincia de Santa Cruz. Hace ya más de 3 años se inició un incendio a 1.200 metros de la boca de una mina, los trabajadores estaban a 7 kilómetros de distancia de ese incendio y cuando intentaron salir quedaron atrapados por la cantidad de humo y el mismo fuego que se expandió en dos galerías. De 48 mineros que venían en un colectivo buscando la salida, 14 quedaron atrapados. “Está claro que hubo fallas en la evacuación del personal y fallas de seguridad producto del desmantelamiento paulatino que produjo de la privatización”, afirmó en ese momento Lino Heredia –Lino, él también tristemente muerto.

En aquellos días aciagos, ATE presentó ante el Juez Federal de Río Gallegos Gerardo Caamaño, una denuncia formal en relación del luctuoso accidente fatal producido en el interior de la Mina 5, galerías 1P.5 - 2P.5. Donde se hace notar “la falla de los sistemas de alarma y censores de la cinta, que en ningún momento del siniestro funcionaron”. Una combinación fatal entre la negligencia empresarial y la complicidad gubernamental provocaron la peor tragedia desde que en 1948 se inició la exploración de la cuenca carbonífera para su posterior explotación.

El estudiante Juan Andrés Politano (22) y los investigadores docentes Liliana Giacomelli (42), Carlos Ravera (64) y Damián Cardarelli (43), murieron el pasado 5 de diciembre del 2007 en la planta piloto de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Río Cuarto, a causa de una pérdida de hexano, un solvente altamente inflamable que produjo una importante explosión cerca incluso de la guardería. Según fuentes docentes de Río Cuarto, en la UNRC los grandes responsables fueron las malas condiciones de trabajo y a su vez la privatización de ámbitos educativos públicos para emprendimientos privados. De hecho, el Smet S.A.I.C. radicada en Argentina, empresa multinacional de origen belga, mantiene vínculos con la UNRC desde hace 10 años. Su rubro principal es la construcción de plantas para la extracción de aceites y como tal tiene por clientes a Molinos, Aceitera General Deheza (AGD), Dreyfus y Nidera, entre otros.

Privatizaciones, ARTs, y otras yerbas

Estas historias reflejan dolorosas pérdidas. Vidas de compañeros que ya no están. Las crónicas podrían llenar hojas y más hojas. Los miles de accidentes laborales y enfermedades profesionales tienen un destino directo: la vida del trabajador. Trabajadores que mueren víctimas de un responsable fundamental: el modelo productivo capitalista contrario a procesos protectores de la salud colectiva.

Sin duda para dar respuesta a semejante situación estructural se debe comenzar aproximándose a una comprensión integral del problema analizando los cambios estructurales operados en las relaciones laborales, el proceso productivo y el marco jurídico que lo sostiene. En plena vulgata neoliberal durante la presidencia de Carlos Menem, se crean en 1995 las Aseguradoras de Riesgos de Trabajo con un único objetivo: la privatización de la salud del trabajador. Las consecuencias y calamidades de las ARTs son yerbas por todos conocidas. Dicho sistema fue tachado de inconstitucional por distintos fallos de la Corte Suprema de Justicia.

Ahora bien, si esta claro que este sistema va en contra de la salud y el cuidado protector del trabajador su vigencia actual -destructiva- detona una pregunta a la que no puede escapar: ¿por qué sigue vigente? Aunque claro, un aspecto funciona de respuesta: las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) fueron creadas para el negocio de la salud y para garantizar la acumulación salvaje de capital empresarial a cualquier costo. Incluso la propia vida. La CTA viene bregando por una nueva Ley de Riesgos del Trabajo que fue presentada en septiembre del 2006, pero sigue adormecida en los cajones legislativos y ejecutivos gubernamentales buscando mantener el statu quo

Si de radiografía global hablamos, la intervención del Estado no contempla la vida, enfermedad y muerte de millones de trabajadores que se mantienen sumidos en trabajos informales (más de un 40% según estadísticas oficiales) sin cobertura ni derecho alguno. Tampoco a quienes son trabajadores desocupados que llevan adelante acciones/trabajos sociales. Un dato: los trabajadores cubiertos por el sistema de riesgos de trabajo según el propio Ministerio de Trabajo de la Nación y la Superintendencia de Riesgos del Trabajo son solamente 6.540.869 a julio del 2006.

Según el propio informe 2002-2005 de “Variación de los indicadores de accidentabilidad para Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales” el indicador sobre fallecimientos marca que en un año la media fue de 88,3 por millón de trabajadores. Claro, aquí sólo cuentan los trabajadores asalariados registrados formalmente. Si esta incidencia la suponemos certera estamos hablando de 574 muertes al año notificadas oficialmente por accidentes de trabajo. Ahora si esta incidencia la tomáramos como media del universo de trabajadores (PEA de 10.903.000 personas) y lo proyectamos la mortalidad nos lleva a 971 muertes al año.

Para concluir este informe, se podría decir que, aquí también, los muertos los ponemos nosotros, los trabajadores.