
En una conferencia de prensa que se realizó hoy en la sede nacional de la CTA trabajadores de la empresa recuperada IMPA, de la ANTA y de la Mesa Nacional de la central obrera denunciaron la represión policial y la extraña decisión del juez Víctor Vitale, que ordenó la expulsión compulsiva cuando ya se pagó el 90% de la quiebra y el concurso. “Lo que están haciendo es una aberración contra personas que lo quieren es trabajar y eso no lo podemos permitir bajo ningún concepto”, afirmó el secretario general de la CTA, Hugo Yasky. Mañana a la 15 se realizará una concentración frente a IMPA.
Serios y violentos incidentes se produjeron hoy por la mañana a raíz de la represión policial desatada contra los trabajadores de la Cooperativa IMPA (Industrias Metalúrgicas y Plásticas Argentinas). Los trabajadores denunciaron que fueron agredidos con empujones, balas de goma y dispersados con agua por la resistencia que oponían al desalojo de la entidad, solicitado por el juez Víctor Vitale. El magistrado lleva adelante el pedido de quiebra presentado por dos acreedores.
Recuperada por sus trabajadores en 1998, IMPA es la cooperativa de trabajadores más importante del país, dedicada a la producción de artículos de aluminio y plástico. En su interior funciona un centro cultural y también una escuela para adultos en convenio con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Más de 300 personas se congregaron hoy, en Querandíes y Pringles, donde se encuentra la fábrica, en el barrio de Almagro, para repudiar esta medida.
Este hecho motivo la solidaridad de numerosas organizaciones del campo popular como Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, el Servicio de Paz y Justicia (SerPaJ), Herman@s, Familiares de Detenidos-Desaparecidos, y los diputados nacionales y dirigentes ceteatistas Edgardo Depetri y Claudio Lozano. Además, a las 15.30 se brindó una conferencia de prensa en la sede nacional de la CTA, que contó con la presencia de unos 40 trabajadores del IMPA, de la Asociación Nacional de Trabajadores Autogestionados (ANTA-CTA), de la Agrupación Territorial Germán Abdala (ATGA-CTA) y del Hotel Bauen. También estuvieron presentes dirigentes ceteatistas como Ricardo Peidro, Juan Carlos Giuliani, Fabio Basteiro, Gustavo Rollandi, Rodolfo Arrechea y Pablo Reyner, entre otros.
La conferencia de prensa fue encabezada por Hugo Yasky, titular de la CTA; Mario Barrios, secretario general del ANTA; Castillo, presidente del IMPA; Eduardo Murua, presidente del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas; y Facundo Taboada, abogado de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo.
Primero habló Barrios, quien señaló que “A raíz del desalojo compulsivo del IMPA, el ANTA se solidarizó inmediatamente con los compañeros con los veníamos trabajando de manera articulada, por la problemática común que tenemos”. Afirmó que hay puntos oscuros en esta decisión judicial porque fue “en forma unilateral, compulsiva y violenta, cuando los compañeros del IMPA han pagado la quiebra y el concurso hasta el 90% de la deuda y que faltando un 10% ocurra este tipo de cosas nos sorprendió. NO llegamos a entender este accionar de la Justicia”. Y agregó: “La sorpresa se hizo aún mayor cuando hoy nos convocamos con los compañeros en la puerta de la fábrica esperando la resolución de la reunión del Juez y la respuesta fue carros hidrantes, bastonazos, balas de goma y gases con una ferocidad típica de la dictadura. Tenemos 16 compañeros detenidos. Los mismos vecinos llamaron a los medios para denunciar la brutal represión. Por eso, solicitamos al poder político que tome cartas en el asunto y falle a favor de los compañeros”.
El dirigente del ANTA subrayó: “No podemos permitir que se cierre una sola fábrica más en nuestro pueblo, cuando el discurso permanente es cómo crear fuentes de trabajo”. Y recordó: “Esta orden de cierre de fábrica deja a 90 familias en la calle, es decir de 400 bocas que no tendrán que comer. El derecho que debe anteponerse es el del derecho al trabajo”.
Luego Yasky expresó: “El repudio a esta represión a los trabajadores, que nunca se justifica, mucho menos cuando se está defendiendo la dignidad del trabajo y mucho menos cuando se trata de una empresa como esta que atravesó el período de la crisis más nefasta. Fue como un barco abandonado por los que supuestamente lo timoneaban, es decir, el grupo empresario; quedó en manos de los trabajadores porque eso era tierra arrasada, y se bancaron mordiendo penurias, sacrificios, poniendo el cuerpo, repartiendo lo poco que se podía repartir”. Y rememoró: “Pasaron la peor parte porque estaba en quiebra y se bancaron hacerse cargo, ponerla a trabajar, a tal punto que se pagó el 90% de la quiebra, hasta hay un juicio ganado en la Ciudad de Buenos Aires y hay un acuerdo firmado que permite testificar que la empresa genera ingresos”.
En este sentido, el secretario general de la CTA advirtió que “Justamente cuando resta un pequeño tramo para salir de la convocatoria se acuerdan de que esa empresa, de la que nadie se hizo cargo salvo los trabajadores, ahora existe, ahora les interesa el patrimonio, la cartera de clientes o habrá un negocio inmobiliario en el medio”. Y añadió: “Lo que están haciendo es una aberración contra gente que lo quiere es trabajar y eso no lo podemos permitir bajo ningún concepto. Si vivimos en una democracia, en un país donde todavía no existe la justicia, esto no puede suceder y gracias a los trabajadores que salieron a bancar la empresa y que salieron a bancar la represión todavía es posible seguir la lucha”.
Posteriormente, el abogado que defiende la causa de los trabajadores informó que “la orden del juez es que los 16 detenidos queden libres en el lapso del día”. Entre las detenidas están las dirigentes Sonia Gutiérrez y Natalia Sosa, que fueron llevadas a la comisaría Nº 11, así como también estudiantes de la Escuela Superior que funciona en el interior de la fábrica, quienes también acompañaban a los trabajadores en su pedido.
En referencia a desalojo Taboada expresó sus dudas ya que “los acreedores que la pidieron aceptaron la forma de pago que IMPA les da y que hay una sentencia del juicio ganado a la Ciudad por lo que antes de fin de año se incorporará una suma importante a su patrimonio que también ira al concurso”. Asimismo explicó: “IMPA presentó hoy un acuerdo con una empresa brasileña, un acuerdo de cooperación en donde ellos pondrán materia prima. IMPA empieza a salir del pozo y a ser una empresa más que viable. Parece que esto fue lo que se vio y alguien quiere arrebatarle a los trabajadores su fuente de trabajo y eso es lo que alguien vio aquí, un negocio”.
Por último, Murua sostuvo: “Los que jugaron en contra de IMPA son el Juez de Concurso y el Síndico, no sabemos si hay otros intereses creados por detrás. IMPA no es solo un símbolo de la recuperación de la empresa, sino también una forma de lucha. Es una empresa abierta a la comunidad, con bachiller, centro de salud, no era solo un lugar de trabajo y con lo poquito que teníamos apoyamos las luchas del campo popular. Nos da mucha bronca porque este ataque al IMPA empieza hace varios años porque no aceptan esta forma de construcción”
Si la quiebra se efectiviza, noventa familias quedan fuera del sistema, con trabajadores que promedian los cuarenta años, a los que se les complicará volver a insertarse en el mercado laboral.
La situación que atraviesa IMPA es igual a la de muchas otras empresas recuperadas que luego de más de seis años se encuentran en situación de precariedad ante la falta de una Ley Nacional de Expropiación y de financiamiento para la producción.
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