
La asamblea de los trabajadores de la salud realizada en el Hospital Lucio Molas de La Pampa decidió aceptar la propuesta de equiparación salarial realizada por el Gobierno, con la condición de que sea en el sueldo básico.
Además ratificaron el plan de lucha, por lo cual se realizará un paro de 48 horas los días 23 y 24 de abril, mientras se mantienen abiertos los canales de diálogo con la gestión del gobernador.
El plan de lucha comprende la realización de una movilización para el próximo jueves, con el fin de lograr una recomposición salarial de emergencia al básico del 40%, pago de riesgo hospitalario y adicional por obra social para todos los trabajadores que se desempeñen en salud sin importar bajo que ley trabajan y el adicional para la 2343.
la Asociación Trabajadores del Estado (ATE-CTA) de La Pampa ratifica la necesidad de que todos los estatales accedan desde la última categoría a un ingreso mínimo de $3.200, adicional por zona patagónica y fin del trabajo en negro en la provincia de La Pampa.
Acabado el plazo dado por ATE para que se modifiquen las graves condiciones salariales y laborales que afectan a los estatales provinciales, se llevó a cabo el miércoles el primer paro provincial contra la administración de Maurice Cross. La respuesta de los trabajadores fue contundente con un paro que superó el 90% en toda la provincia.
En la marcha que acompañó al paro los compañeros levantaron las consignas de “A igual trabajo, igual remuneración”, en razón de la gran disparidad salarial que existe entre trabajadores provinciales y nacionales. Un ejemplo de ello es que por hijo la provincia de Misiones paga una asignación de 30 pesos, mientras que a los empleados estatales nacionales se les abonan 100 pesos.
”Queremos que se homologue para arriba los salarios que percibimos, no puede ser que haya tantas diferencias abismales entre los estatales provinciales y los nacionales, y entre las mismas provincias también. Es una suerte de discriminación encubierta que se sufre desde hace años”, señaló la titular del CDP, Nora Dedieu.
Los lugares en los que se notó la mayor adhesión a la medida de fuerza fueron: Bernardo de Irigoyen, Oberá, Alem, el Samic de Puerto Iguazú, Montecarlo, Jardín América, Candelaria y San Javier.
Desde el ámbito nacional la protesta fue adoptada en Misiones por el SENASA, del Instituto de Obra Social del Ejército (IOSE), Migraciones, PAMI, Desarrollo Social, Dirección Parques.
Mientras que en Posadas se sintió la medida de fuerza en el Ministerio del Agro, Bienestar Social, Salud Pública, Ecología, Consejo General de Educación, Registro de la Propiedad Inmueble, Minas y Geología, los hospitales Madariaga, Baliña y Favaloro, Planta de Elaboración de Medicamentos, Casa de Gobierno, Registro de las Personas en sus diferentes delegaciones del interior de la provincia.
Los trabajadores estatales provinciales, que se nuclean en ATE, llevaron acabo un paro de actividades en rechazo al aumento del 20% otorgado por al gobierno de Correintes y reclamó que se aplique un piso salarial del 1.300 pesos, tal el valor de la canasta básica, y no 1.100 como lo fijó el gobierno.
En una movilización hasta la Casa de gobierno ATE enfatizó que en muchos casos “el aumento es más que un reacomodamiento técnico o un incremento del 50 pesos”.
Los gremios estatales, tanto como también ocurre con la Policía, que está acuartelada, se mostraron muy molestos con la decisión del gobierno de otorgar unilateralmente el 20%, más cuando hasta hace poco decía que el aumento quedaba atado al Presupuesto que aprobara la legislatura.
“La Provincia tiene recursos y eso lo sabemos. Diariamente se ve como ingresan recursos a Corrientes, pero esos montos no se usan para mejorar la situación de los asalariados. Creo que se está en condiciones de otorgar sueldos para que los trabajadores puedan vivir con su salario, no sobrevivir como pasa ahora”, manifestó el titular del CDP, Walter Zamudio.
El gremio denuncia que el nuevo salario mínimo no modifica sustancialmente el poder de compra de los trabajadores. Si con el piso actual el poder de compra llega al 40% de la canasta básica, con el mínimo de 1.100 pesos no se hace mucho más. “El salario quedó totalmente alejado de la realidad”, subraya con razón Zamudio.
Previo a la marcha realizada este miércoles, la ATE volvió a reclamar que abra nuevamente la discusión salarial y ratificó que su demanda para que el salario básico mínimo sea llevado a 650 pesos y el mínimo a 1.300 pesos.
En el transcurso de la marcha dirigentes de ATE y de la CTA provincial se reunieron con la presidente de la Cámara de Diputados, Josefina Meabe de Mathó, a quien entregaron un petitorio y reclamaron un “significativo” aumento.
Por su parte los trabajadores del Instituto de la Vivienda de Corrientes (INVICO) se sumaron a la medida de fuerza, aunque antes entregaron un petitorio al interventor del ente descentralizado para que active las acciones pertinentes para el aumento salarial.
Con un acatamiento cercano al 90% se llevó, a cabo el segundo paro provincial, que la ATE entrerriana tiene pautado para este mes, frente a la falta de cumplimiento de los puntos pendientes de solución del Acta Acuerdo firmada en Agosto por mejoras en las condiciones laborales, y que fueron nuevamente tratadas el mes de marzo pasado.
El próximo 24 de abril se realizará el último paro programado, aunque el gremio anticipó que en el próximo congreso provincial se podrían definir nuevas medidas de fuerza.
Con el último aumento otorgado, el gobierno provincial garantiza un salario mínimo de 1.180 pesos mientras que la canasta familiar estimada para la provincia ronda los 3.800 pesos.
Una cuenta más precisa establece que frente a un salario mínimo de 1.180 pesos, un trabajador sólo puede gastar 30,06 pesos diarios, con lo cual, si tiene esposa e hijos, le faltarán otros 92,54 pesos diarios para satisfacer las necesidades de su familia.
ATE también reclama al gobierno que defina los puntos del acta de agosto del año pasado, donde ya debiera haber una definición respecto a la incorporación al Básico de los códigos distorsivos de adicionales remunerativos no bonificables; pase a planta permanente y estabilidad; recategorizaciones pendientes (directivas 20 y 25); reconocimiento y pago de responsabilidad funcional de Enfermería; definición de las orgánicas en Hospitales y demás reparticiones; y aprobar el reglamento de los Auxiliares de Educación, entre otros.
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