Lo hizo el viernes de la semana pasada, horas después que el SEJUN, filial de la FJA-CTA, se entrevistara con el Dr. Jorge Tobares, Ministro de Gobierno de la provincia, oportunidad en que le hicieron entrega de un proyecto de autolimitación de las facultades del gobernador para las designaciones de altos magistrados con el propósito de poner fin a la presencia de jueces “adictos” al poder político y económico.

Según informa hoy el diario Río Negro, el contenido del decreto “es casi un calco del procedimiento con el que Kirchner renovó la Corte Suprema”.

En la cúpula judicial hay dos vacantes que se produjeron por las jubilaciones de Jorge Sommariva y Roberto Fernández; ambos renunciaron para evitar el juicio político que avanza en la Legislatura contra ellos y contra Eduardo Badano, que por ahora no les siguió los pasos porque no está en condiciones legales de acogerse a la jubilación. Pero la sala acusadora ya fue sorteada en la Legislatura y se propone
–según el mencionado diario- dar los primeros pasos para investigar a Badano.

Los primeros en solicitar juicio político contra los integrantes del STJ han sido el SEJUN y los docentes de ATEN, a los que se sumaron sectores políticos y sociales en medio de una campaña de recolección de firmas y movilizaciones que exigían poner fin a las complicidades y corrupciones en el Poder Judicial neuquino.

Los cinco vocales que hasta hace unos días integraban el Tribunal (de los que quedaron en funciones Ricardo Kohon, Felipe Cía y el mencionado Badano) fueron designados por el ex gobernador Jorge Sobisch, en un proceso –recuerda Río Negro- signado por la presencia de una cámara oculta en la que el mandatario aparecía ofreciendo dinero a cambio de que la Legislatura nombrara a sus candidatos.

El decreto de autolimitación tiene considerandos muy similares a los de aquella norma nacional firmada por Kirchner en 2003 y la misma cantidad de artículos, 11, que determinan cómo será el proceso.
El decreto, firmado la noche del viernes y que recién hoy tendrá número propio, habla de "lograr mayores niveles de transparencia, participación y conciencia ciudadana, en el procedimiento de selecciones de los miembros del TSJ, fiscal y defensor del alto tribunal de Neuquén".

La Constitución le otorga al gobernador la facultad de elevar a la Legislatura una terna para que los diputados seleccionen uno.
La autolimitación decretada por Sapag permitirá, de acuerdo al artículo 4, que "los ciudadanos en general, organizaciones no gubernamentales, los colegios y asociaciones profesionales, las entidades académicas y de derechos humanos, se encuentran habilitados, durante el plazo de 10 días contados a partir de la última publicación en el Boletín Oficial (donde se dará a conocer el nombre de los miembros propuestos por el Ejecutivo) para presentar ante el ministerio de Justicia, Trabajo y Seguridad, por escrito, claramente fundado y debidamente documentado, las consideraciones y/o impugnaciones que estimen correspondientes a las nominaciones realizadas, y que pudieran contrariar o deberían ser tenidas en cuenta al momento de la selección de los nominados". Una vez vencido el plazo el Ejecutivo pasará a disponer la elevación a la Legislatura de la carpeta de la persona sugerida para integrar el TSJ o desistirá de proponerla.

Jorge Izquierdo, secretario general de la Federación Judicial Argentina, considera el decreto como un éxito en la larga lucha de los trabajadores judiciales y de la CTA por la democratización del Poder Judicial, máxime en una provincia como Neuquén donde el sobischismo designó a un STJ de mentalidad conservadora, represiva y políticamente afín a sus postulados.